La jueza del conocido como caso Azud, Pepa Tarodo, ha procesado tras años de instrucción judicial al cuñado y al que fuera mano derecha de la ex alcaldesa de Valencia, la fallecida Rita Barberá, o al ex subdelegado socialista del Gobierno en Valencia. Pero José María Corbín, Alfonso Grau o Rafa Rubio no son los únicos que se ven abocados a juicio, pues la jueza ha incoado auto de procedimiento abreviado contra otras 35 personas -incluidas tres sobrinas de Barberá- por la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones y contratos públicos del Ayuntamiento de Valencia.
Se trata de un caso que ha salpicado tanto a políticos del PP como del PSOE y a empresarios contratistas del consistorio valenciano en época de Barberá, si bien la investigación destapó el amaño de operaciones urbanísticas en otras localidades valencianas. En este sentido, la jueza propone sentar además en el banquillo a los empresarios Jaime Febrer -considerado el presunto corruptor de la trama-, Mónica Montoro, Joaquín Pastor, Carlos Turró o Federico Ferrando, pero también al abogado históricamente vinculado al PSPV-PSOE José Luis Vera, el abogado socio de Corbín Diego Elum o el ex director general de Transparencia de la Generalitat Jorge Bellver.
La investigación se inició en 2016 por una denuncia en Fiscalía de la Agencia Tributaria contra el despacho de abogados del cuñado de Barberá, Corbín Abogados S.L. La instructora detalla en la resolución el pago de comisiones y entregas de regalos a cargos públicos en diferentes tramas, por lo que rechaza la solicitud de sobreseimiento presentada por algunas defensas y da traslado a las acusaciones como paso previo a la apertura de juicio oral.
José María Corbín, en una imagen de archivo.J. C.El auto de 314 páginas, al que ha tenido acceso este diario, está fechado el pasado 3 de agosto, si bien no ha sido hasta este jueves cuando se ha notificado a las partes, aunque no sin problemas. En él se destaca que la Agencia Tributaria dio la voz de alarma cuando informó de las elevadas cantidades facturadas por Corbín Abogados entre 2007 y 2015, subrayando que la mayor parte de sus ingresos provenía de empresas con relación con el Ayuntamiento de Valencia dirigido por Barberá.
De hecho, esos ingresos "descienden de manera importante a partir de las elecciones de 2015, cuando Rita Barberá pierde las elecciones y deja de ser la alcaldesa, de tal modo que, si en 2007 el despacho tenía una cifra de negocio de 1.223.311€, en el año 2015 la cifra de negocios era apenas de 40.205€".
La investigación permitió constatar que el despacho de Corbín "debía casi el 80% de sus ingresos a pagos efectuados consistentes en comisiones ilícitas desembolsadas por grupos empresariales como consecuencia de diversas adjudicaciones o decisiones del Ayuntamiento de Valencia o de alguno de sus entes públicos, principalmente en materia urbanística".
En cuanto al papel de Rafa Rubio, el auto señala que desde 2002 recibía los "regalos de Navidad" que le enviaba el presunto corruptor de la trama. En los listados de Febrer, el nombre de Rubio aparecía vinculado al de José Luis Vera, "utilizando para identificarlos las siglas PSOE", según el auto, que concluye que ambos recibieron "cajas de vino y cajas de champagne francés", que se entregaban en la antigua sede del PSPV-PSOE de Valencia.
Según la jueza, por tanto, el entonces portavoz del PSPV en el Ayuntamiento hizo la vista gorda ante determinadas irregularidades urbanísticas a cambio de participar del cobro de comisiones. "Para ocultar el origen delictivo del dinero que recibió el investigado [Rafa Rubio], este junto con su mujer, la también investigada María Amelia Quintana Trenor, funcionaria pública en el Ayuntamiento de Valencia, realizaron ingresos en efectivo en las cuentas que titulaban conjuntamente, en un total de 197.256 euros en 77 imposiciones en efectivo que comenzaron en el año 2007 y terminaron en el año 2013", según la jueza.
Sobre Alfonso Grau, el auto pone el foco en que el vicealcalde de Valencia con Barberá "ejercía un poder directo sobre todas y cada uno de los departamentos, secciones y servicios del ayuntamiento". "Desde su posición se encargó de la puesta en marcha y uso de toda la administración del ayuntamiento para su enriquecimiento con auxilio de otros altos funcionarios". Es decir, estuvo al tanto de los supuestos pelotazos urbanísticos de los que se habrían beneficiado Febrer y su entramado empresarial tras entablar relación con Corbín, el encargado de abrir las puertas del consistorio a la trama.
Campaña del PSOE
Por otro lado, la jueza acredita pagos realizados por la trama para actos electorales de la campaña socialista en 2007. Y ello porque el abogado relacionado con el PSPV José Luis Vera recibió comisiones a cambio de facilitar el suministro de agua para un PAI en Jijona a través de la sociedad estatal Acuamed.
El acuerdo benefició a Febrer, por lo que "se tuvo que pactar con el PSOE una serie de gastos consistentes en un abono de 484.480,46 euros a 5 empresas que realizaron actos electorales para el PSOE en la campaña del año 2007". Los pagos se hicieron a empresas "vinculadas a la publicidad del PSOE", según la jueza, pues con ellos se financiaron por ejemplo los gastos de merchandising de la campaña de la fallecida Carmen Alborch al Ayuntamiento de Valencia.