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Agentes de la Guardia Civil La jueza del siniestro de Adamuz ordena el volcado de las cajas negras de los trenesPuente admite el «error» de no comunicar inmediatamente a la autoridad judicial que los técnicos de Adif se llevaron material del accidente para su análisis, pero niega que lo ocultaran
Lunes, 2 de marzo 2026, 14:43
... trenes accidentados en la localidad cordobesa, en el que murieron 46 personas y hubo más de 120 heridos la tarde del domingo 18 de enero. La magistrada Cristina Pastor también ha aceptado el volcado de los datos contenidos en las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren Iryo.El proceso de volcado, extracción y análisis deberá realizarse en presencia de agentes de la Policía Judicial, que levantarán acta del procedimiento, «obteniendo evidencias digitales del contenido y/o copia certificada de los datos obtenidos», conservando una copia en su poder para continuar con la investigación y haciendo entrega de otra copia de forma inmediata al órgano judicial. Toda la diligencia se practicará en presencia de un Letrado de la Administración de Justicia, que extenderá la correspondiente acta judicial.
La diligencia tendrá lugar el día 5 de marzo en las dependencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en Madrid, lugar donde se encuentran los equipos. Finalmente se optó por no trasladar el material a analizar a Montoro para evitar los riesgos que implicaría un posible desplazamiento de los equipos de grabación hasta dependencias judiciales. Así, la instructora indica en su auto que «para garantizar la unidad de acto y evitar riesgos que puedan comprometer la extracción de datos» considera justificado que se realice en el lugar en el que se encuentran.
Puente admite el «error»
En paralelo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido este lunes que Adif cometió el error de no comunicar inmediatamente a la Justicia que retiró material cercano al accidente ferroviario. Durante su intervención en los Desayunos del Ateneo en Madrid, ha explicado la polémica suscitada con los investigadores de la Guardia Civil. «Hay quien pretende decir, con un relato muy sesgado y solo contando lo que dice un breve resumen de la Guardia Civil, que se ha intentado ocultar pruebas. El error fue no comunicar inmediatamente que se realizó ese acopio de material, pero no existe ningún elemento que permita deducir que se han sustraído pruebas al margen de la Justicia», ha justificado.
Puente ha explicado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se retiró del lugar del accidente el 21 de enero, tres días después del accidente, al constatar que no tenía nada más que hacer, y así se lo comunicó la CIAF a Adif, que es el que le proporcionaba las pruebas y el material cuando se le pedía. Asimismo, la Guardia Civil hizo lo mismo el 22 de enero, cuando también comunicó que no tenía más pruebas que retirar. Todo ello motivó la decisión de Adif de llevarse el material que iba a ser desechado, que se encontraba a más de 100 metros del lugar del accidente, en el caso del más cercano, y a más de 300, el más lejano.
Sobre las pruebas que se hicieron a una parte del material acopiado, Puente ha explicado que se hicieron diagnósticos de dureza, para comparar y corroborar que se ajustaba a la normativa exigida.
«Incongruencias»
En este sentido, un reciente oficio de la Guardia Civil remitido al juzgado de Montoro asegura que la CIAF ha detectado «incongruencias» en documentación sobre el accidente. «No hay garantías en las firmas que figuran en muchos de los documentos», señala la policía judicial. El presidente de la comisión técnica, Ignacio Barrón, envió una carta al instituto armado el pasado 10 de febrero en la que advirtió de varias incoherencias, «tras el análisis de la documentación presentada por Ayesa, relativas a las soldaduras» de las vías. Esta empresa era la encargada de la supervisión de la instalación de las soldaduras.
En el oficio, fechado el 24 de febrero, se hace mención a dos tipos de incongruencias: «Posibles irregularidades en el control documental de las versiones que figuran en la documentación» y «dudas sobre la validez de la documentación (de las soldaduras)» aportada por Adif.
Del mismo modo, los investigadores han enviado un segundo atestado a la jueza que lleva por título 'Informando Estado de la investigación-2' en el que se amplía la información remitida el pasado 5 de febrero. «La soldadura –dice– en el PK 318+681 (soldadura rota) se realizó la noche del 24 de mayo de 2025, por un trabajador de la empresa Maquisaba S.L, con más de cinco años de experiencia y habilitado con el Permiso C, necesario para la instalación de las soldaduras de desvíos y neutralizaciones en líneas de alta velocidad», según recoge el informe.
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