La Junta de Andalucía ha dado luz verde este martes al proyecto de la nueva ley de Turismo Sostenible de la comunidad, una norma que viene a sustituir a la de 2012 y que, entre las medidas más destacadas, contempla el incremento de las inspecciones y el endurecimiento de las sanciones para las viviendas de uso turístico (VUT) clandestinas o ilegales.
Así lo ha anunciado el consejero del ramo, Arturo Bernal, que ha destacado que la futura ley, que ha calificado como "valiente y necesaria", nace del consenso y del propio sector, que ha presentado más de 1.700 aportaciones. Además, ha resaltado, supone la inclusión, "por primera vez en 40 años", del concepto "política turística", lo que permitirá una "regulación integral" en esta materia.
Esta ley reconocerá expresamente, también "por primera vez", las viviendas de uso turístico como un tipo de alojamiento dentro del sistema general, es decir, equiparable en todos los sentidos a otros tipo de alojamientos. Y para su control, la norma establece mecanismos mediante las nuevas tecnologías y sanciones mucho más elevadas, como garantía para prestar servicios de calidad y mejorar la "convivencia" entre residentes y visitantes.
Así, ha desglosado el consejero, las leves pasarán de los 2.000 euros actuales a un máximo de 10.000; las graves, hasta ahora con multas de entre 2.000 y 18.000 euros, se sancionarán con entre 10.000 y 100.000. Este sería el caso de los alojamientos turísticos, ya sean viviendas o de otro tipo, que presten servicios de manera clandestina, lo que supondrá una multa mínima de 25.000 euros. Y las muy graves, como obstruir la labor inspectora o presentar datos falsos para la declaración responsable necesaria para registrar un alojamiento o actividad en el registro oficial, que tendrán una sanción de entre 100.000 y 600.000 euros.
Más allá de las sanciones, la ley que ahora inicia su tramitación en el Parlamento, incorpora la sostenibilidad como pilar básico; la inteligencia turística mediante el uso de sistemas avanzados de monitorización, análisis y anticipación; la simplificación de los decretos para el desarrollo reglamentario, pasando de 17 a seis; y la colaboración público-privada a través de órganos formales.
Tasa turística
Lo que no recoge el proyecto de esta norma es la implantación de la tasa turística, que muchos municipios andaluces han reclamado ya, entre ellos, Sevilla. Bernal ha asegurado que, aunque algunas de las aportaciones recibidas aludían a esta figura, "los retos de los ayuntamientos no se resuelven con más cargas para los andaluces", en alusión a que el más de un tercio de los turistas que llegan a Andalucía proceden de la propia comunidad.
El fin de la ley, ha dicho el consejero, es que los municipios puedan afrontar esos retos con una financiación "adecuada", con criterios basados no solo en la población de derecho, sino también el de la población flotante. Y como ejemplo, ha puesto la capital hispalense, que cada día puede recibir 15.000 turistas, pero a la que a diario llegan 350.000 personas del área metropolitana, que también hacen uso de los servicios públicos.
Además del inicio de la tramitación de esta ley, el Parlamento celebra esta tarde el debate final de la nueva ley de Vivienda de Andalucía, una de las más destacadas de esta legislatura, que se marca como principal reto incentivar la oferta de vivienda para poder atender la demanda con precios asequibles.
Parte de las medidas que recoge esta norma ya se están desarrollando en la comunidad gracias al decreto de medidas urgentes aprobado a principios de este año, que incluye un plan de choque para construir 20.000 VPO en cinco años. Así como la creación de una bolsa de suelos disponibles en los municipios andaluces, donde ya han aflorado terrenos para la construcción de más de 41.000 viviendas.
Así lo ha anunciado el consejero del ramo, Arturo Bernal, que ha destacado que la futura ley, que ha calificado como "valiente y necesaria", nace del consenso y del propio sector, que ha presentado más de 1.700 aportaciones. Además, ha resaltado, supone la inclusión, "por primera vez en 40 años", del concepto "política turística", lo que permitirá una "regulación integral" en esta materia.
Esta ley reconocerá expresamente, también "por primera vez", las viviendas de uso turístico como un tipo de alojamiento dentro del sistema general, es decir, equiparable en todos los sentidos a otros tipo de alojamientos. Y para su control, la norma establece mecanismos mediante las nuevas tecnologías y sanciones mucho más elevadas, como garantía para prestar servicios de calidad y mejorar la "convivencia" entre residentes y visitantes.
Así, ha desglosado el consejero, las leves pasarán de los 2.000 euros actuales a un máximo de 10.000; las graves, hasta ahora con multas de entre 2.000 y 18.000 euros, se sancionarán con entre 10.000 y 100.000. Este sería el caso de los alojamientos turísticos, ya sean viviendas o de otro tipo, que presten servicios de manera clandestina, lo que supondrá una multa mínima de 25.000 euros. Y las muy graves, como obstruir la labor inspectora o presentar datos falsos para la declaración responsable necesaria para registrar un alojamiento o actividad en el registro oficial, que tendrán una sanción de entre 100.000 y 600.000 euros.
Más allá de las sanciones, la ley que ahora inicia su tramitación en el Parlamento, incorpora la sostenibilidad como pilar básico; la inteligencia turística mediante el uso de sistemas avanzados de monitorización, análisis y anticipación; la simplificación de los decretos para el desarrollo reglamentario, pasando de 17 a seis; y la colaboración público-privada a través de órganos formales.
Tasa turística
Lo que no recoge el proyecto de esta norma es la implantación de la tasa turística, que muchos municipios andaluces han reclamado ya, entre ellos, Sevilla. Bernal ha asegurado que, aunque algunas de las aportaciones recibidas aludían a esta figura, "los retos de los ayuntamientos no se resuelven con más cargas para los andaluces", en alusión a que el más de un tercio de los turistas que llegan a Andalucía proceden de la propia comunidad.
El fin de la ley, ha dicho el consejero, es que los municipios puedan afrontar esos retos con una financiación "adecuada", con criterios basados no solo en la población de derecho, sino también el de la población flotante. Y como ejemplo, ha puesto la capital hispalense, que cada día puede recibir 15.000 turistas, pero a la que a diario llegan 350.000 personas del área metropolitana, que también hacen uso de los servicios públicos.
Además del inicio de la tramitación de esta ley, el Parlamento celebra esta tarde el debate final de la nueva ley de Vivienda de Andalucía, una de las más destacadas de esta legislatura, que se marca como principal reto incentivar la oferta de vivienda para poder atender la demanda con precios asequibles.
Parte de las medidas que recoge esta norma ya se están desarrollando en la comunidad gracias al decreto de medidas urgentes aprobado a principios de este año, que incluye un plan de choque para construir 20.000 VPO en cinco años. Así como la creación de una bolsa de suelos disponibles en los municipios andaluces, donde ya han aflorado terrenos para la construcción de más de 41.000 viviendas.