La Justicia europea respalda el ingreso forzoso de una embarazada que quería parir en casa pese al riesgo para el bebé

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que los jueces españoles actuaron con una base legal suficiente al priorizar la protección de la salud materna y fetal

Susana Zamora y Nuria Triguero

A las puertas del parto, cuando ya había superado las 42 semanas de gestación, seguía convencida de que quería dar a luz en su casa. ... Había preparado ese momento durante meses junto a una matrona y nada hacía pensar que cambiaría de opinión. Sin embargo, una revisión médica rutinaria acabó desencadenando una intervención judicial urgente que la obligó a ingresar en un hospital y que, años después, ha terminado siendo examinada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los hechos se remontan a abril de 2019. La afectada, una ciudadana francesa residente en Asturias, había optado por un parto domiciliario asistido por una matrona titulada. El 23 de abril acudió a un control médico cuando ya se encontraba en la semana 42 más dos días de embarazo. Tras examinarla, un facultativo consideró que existían riesgos para la madre y para el bebé y recomendó inducir el parto.

La embarazada abandonó el hospital para consultar la situación con su matrona, pero ya no regresó ese día. Por eso, horas después, el centro sanitario decidió acudir al juzgado de guardia al entender que la prolongación del embarazo incrementaba de forma significativa la posibilidad de complicaciones severas, entre ellas la hipoxia fetal o incluso una muerte fetal intrauterina.

Orden judicial para el ingreso obligatorio

Con esa información sobre la mesa, el juez autorizó el ingreso obligatorio de la mujer para inducir el parto si la situación clínica lo exigía. Para ello, agentes de la policía y personal sanitario se desplazaron hasta su domicilio para comunicarle la decisión, accediendo finalmente a su traslado al hospital. Una vez allí, las pruebas que le practicaron no reflejaron un peligro inminente y los especialistas decidieron esperar y ver cómo evolucionaba. Al día siguiente, se puso de parto espontáneamente.

Según recoge la resolución, el equipo médico informó a la paciente y a su pareja de que era necesario practicar una cesárea. Los exámenes indicaban que el parto no progresaba adecuadamente dado que la posición del bebé no era la adecuada y el dolor persistía pese al tratamiento que se le administró. Ante esta situación, ambos aceptaron la intervención y firmaron el consentimiento informado. La niña nació de madrugada mediante una cesárea de emergencia y presentó parámetros neonatales normales.

Pese a la buena evolución del caso, la madre decidió recurrir la orden judicial que fue necesaria para trasladar a la madre al hospital. Ésta defendía que ninguna norma permitía imponer un ingreso de esas características y que tampoco existía una situación de emergencia que justificara una medida tan drástica.

Sin embargo, los tribunales españoles rechazaron esos argumentos. El 2 de junio de 2022, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo presentado por los padres y concluyó que, a pesar de que no había una base legal específica para ordenar la hospitalización obligatoria para un parto con «riesgo inminente para la vida del feto», el marco legal en el que se basó el tribunal de guardia había ofrecido una cobertura legal «razonable».

A su juicio, la restricción de derechos se limitó solo a lo estrictamente necesario para proteger la vida y la salud tanto de la gestante como del hijo que estaba por nacer.

Tal interpretación ha sido ahora avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La sentencia recuerda que la forma en que una mujer decide dar a luz forma parte de su vida privada y merece protección. También reconoce que en España el parto en casa es una opción legal. Aun así, los magistrados destacan que el asunto no podía analizarse únicamente desde la perspectiva de la autonomía personal. En este caso, señalan, las autoridades tuvieron que ponderar ese derecho frente a los riesgos médicos, descritos como «graves e inminentes».

La resolución subraya que los tribunales nacionales estudiaron de manera detallada la cobertura legal de la medida y que la decisión judicial se apoyó en informes facultativos que alertaban de peligros concretos para el feto. Asimismo, recalca que la autorización se limitó a la «admisión obligatoria» en un centro hospitalario y que su finalidad era «preservar la vida y la salud del niño por nacer».

Sin alternativas

Los jueces europeos comparten además la conclusión alcanzada por el Tribunal Constitucional, que consideró que las razones aportadas por las autoridades españolas fueron «pertinentes y suficientes». Advierten que no se identificó ninguna alternativa menos restrictiva que permitiera afrontar el riesgo detectado.

La sentencia pone de relieve también el desenlace del parto. Y es que el hecho de que finalmente fuera necesaria una cesárea de emergencia refuerza la idea de que la preocupación expresada por los médicos tenía fundamento.

Por seis votos frente a uno, el TEDH concluye que la actuación de España mantuvo un «equilibrio razonable» entre los intereses en conflicto y que la injerencia en la esfera privada de la mujer estuviera justificada. Por ello descarta que se vulnerara el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

La corte también rechaza la reclamación relacionada con su libertad. Según explica, la mujer no fue detenida ni privada de libertad en el sentido jurídico del Convenio. Durante todo el proceso permaneció acompañada por su pareja, no estuvo incomunicada y pudo mantener contacto con el exterior. Esa circunstancia llevó al tribunal a declarar inadmisible esta parte de la demanda.

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