La larga sospecha con el voto emigrante y la lección que Feijóo y Sánchez aprendieron en Galicia hace 20 años

Nos hemos acostumbrado tanto a que no se puedan debatir las cosas sin caer en una trinchera de polarización, que corremos el riesgo de que pasen como normales disparates como doblar el censo de los residentes en el exterior de golpe y porrazo, en función de una instrucción sobre una disposición adicional de una ley de hace cuatro años.

El voto de los españoles que residen en otros países ha sido objeto de debate durante toda la democracia y por las razones evidentes: qué seguridad ofrece un sistema de votación a cientos o miles de kilómetros de España, que depende de la colaboración de otros países y sobre el que ha habido permanentes sospechas.

Adolfo Suárez incluyó a los emigrantes en la votación del referéndum para la reforma política de 1976, pista de salida de la Transición. A partir de ahí, se fue articulando un sistema, reconocido primero en la Constitución y articulado después en la Ley Electoral de 1985 con la creación del CERA, un censo propio para lo que se definió como "residentes ausentes", nombre que da la medida de lo que se trataba: españoles que se habían ido a otro país a trabajar. En la cabeza de los legisladores estaba la emigración de los años 50 y 60, mucha de la cual regresó a España en los 80 y 90, sin que el CERA disminuyera, sino todo lo contrario. Es tan evidente que lo de ahora es otra cosa distinta que debería ser absurda, por obvia, la discusión sobre la necesidad de afrontar una reforma del sistema.

Como en 2026 hablar de fraude electoral o de garantías democráticas ha pasado a ser señal de conspiranoia y trumpismo, dejemos que hablen nuestros diputados en algunos de los muchos debates que ha acogido el Congreso sobre el voto exterior. Sin remontarnos de más, en 2011, cuando se aprobó una reforma restrictiva que eliminó el CERA de las elecciones municipales e introdujo el voto rogado para las demás, el diputado Francisco Jorquera, del BNG, argumentaba "las escasas garantías para asegurar la personalidad de los electores" y aseguraba que "en cada proceso electoral se detectan irregularidades". Por ello, pedía Jorquera "limitar el alcance del derecho al sufragio strictu sensu, es decir, a aquellos ciudadanos españoles que hayan nacido o residido en el Estado español durante un cierto periodo de tiempo".

Todo un Aitor Esteban, omnipresente, decía en un debate el 9 de julio de 2010 que "nos encontramos con personas que tienen la nacionalidad española y nunca han pisado el territorio del Estado español". Le parecía que "no tenía mucho sentido" que votaran en elecciones municipales y añadía que "se podría poner en cuestión el voto a las Cortes". Entonces el CERA tenía 1,3 millones, hoy va hacia los 5 millones.

En 2022, en un ambiente muy distinto, el Congreso anuló el voto rogado. La diputada socialista Pilar Cancela, con el PSOE ya entonces gobernando con Podemos, pidió perdón en la Cámara, como suena, pero justificó que "había la sospecha de la existencia de irregularidades en la emisión y en el recuento del voto exterior".

Cancela es hija de emigrantes, nacida en Alemania, con juventud vivida en Venezuela y retornada después a Galicia. O sea que no era sospechosa y más bien sabía de lo que hablaba. Cerró su intervención pidiendo "aportar garantías de fiabilidad y confianza en el proceso electoral". ¿Se han aportado? Cancela es hoy secretaria de Estado de Migraciones, debe saberlo mejor que nadie.

El diputado de Bildu Jon Iñarritu decía ufano en ese debate que "hay mucha gente inscrita en el CERA que falleció hace muchos años" y aseguraba que él personalmente había hecho una consulta al censo exterior y había encontrado "más de siete personas nacidas antes del año 1900". Por su parte, el parlamentario del PNV Mikel Legarda citaba las "fundadas sospechas de fraude electoral" y que "se llegó a denunciar la existencia de más gallegos centenarios en Buenos Aires que en toda Galicia".

El PP apoyó aquella reforma, pero pidió reforzar los "trámites de identificación de la identidad del lector". "Facilitar la participación de nuestros compatriotas en el exterior, sí, pero sin merma de garantías", finalizaba su intervención el diputado Bermúdez de Castro.

Galicia estaba en boca de todos porque Galicia siempre fue el lugar del voto exterior. Unas elecciones en concreto estuvieron marcadas por el CERA, las autonómicas de 2005 en las que el PP perdió la mayoría absoluta. "Galicia pendiente de la emigración", titulamos en EL MUNDO a cinco columnas la jornada electoral. Las sacas exteriores de la provincia de Pontevedra tenían que decidir el último escaño y se desataron unos días frenéticos. Fraga llegó a telefonear a Raúl Castro para que Chávez liberara miles de papeletas que supuestamente tenía bloqueadas en el aeropuerto de Caracas, y en Argentina se publicaron noticias de que Touriño, el candidato del PSOE, se había reunido con el entonces presidente argentino, Néstor Kirchner, a petición de Zapatero. "Ayuda secreta de la Casa Rosada al triunfo de los socialistas en Galicia", llegó a titular Clarín.

El asunto es que el PSOE se disparó en el voto CERA en Pontevedra, pasando del 23% al 44%, y eso le aseguró el Gobierno de Galicia. Historia de nuestro voto exterior que tuvo dos testigos de excepción desde la segunda línea. Uno se llamaba Alberto Núñez Feijóo y era vicepresidente de la Xunta e inminente sucesor de Fraga. El otro se llamaba Pedro Sánchez y había sido enviado a Galicia por Pepe Blanco dentro del equipo electoral socialista. Una competición en diferido 20 años antes de la que ahora juegan en directo. Es de suponer que algo aprenderían entonces. Quién sabe si ahora acabaremos con un titular de "España pendiente de la emigración".