Refuerza la financiación para reducir listas de espera y los tiempos de tramitación, además de priorizar la ayudas a domicilio en detrimento del modelo de macrorresidencias
Regala esta noticia Añádenos en Google Una mujer cuida a una anciana en su domicilio. (Valerio Merino)Madrid
09/07/2026 a las 00:05h.La nueva ley que cambiará el sistema de dependencia en España pasa hoy por su examen más decisivo. Tras dos años y medio de trabajo, ... hoy se somete a votación en la comisión de Derechos Sociales que le dará el visto bueno, si se alcanza el consenso suficiente, para ser sometida posteriormente a votación en el Congreso de los Diputados.
Lo ideal -lo deseado- es «que hubiese unanimidad» porque se trata de «una refundación del sistema de cuidados en nuestro país, pensando en la evolución de la sociedad a los próximos 10 años», apuntan fuentes del ministerio de Derecho Sociales, Consumo y Agenda 2030. Se calcula que en cuatro años 2,5 millones de personas serán usuarias del sistema español de cuidados.
De alcanzarse y poder seguir su tramitación, la nueva ley ahonda en aspectos fundamentales como la ampliación de las prestaciones que se consideran ayuda a domicilio, que se puedan combinar varios tipos de ellas, asegurar que ésta llegue primero a quienes más la necesitan porque tengan un grado tres de dependencia, que se cree la figura de la prestación transitoria mientras se resuelve la definitiva o, entre otras muchas medidas, que se puedan compatibilizar la vida laboral con la recepción de algún tipo de prestación. «El cambio legal favorece que las personas puedan mantener su proyecto de vida y ser autónomas en mayor tiempo posible», defienden desde el Gobierno.
Pero, tal y como se han quejado históricamente las comunidades autónomas, que son las competentes en la aplicación de esta ley, sin dinero las normas se quedan en papel mojado. En este caso, la financiación ha sido aprobada mediante decreto ley de forma previa y es la gran baza que espera ser el empujón diferencial a este proyecto.
La pasada semana fue aprobado el decreto ley que inyecta al sistema 6.200 millones adicionales efectivos a partir de julio, resolución que será convalidada en el Congreso el próximo día 14. El esfuerzo, recalcan desde el ministerio, «no tiene precedentes en la historia de la política social de este país» porque el volumen de recursos que pone el Estado será el próximo año un 400% superior a lo que era en el 2021. «Durante la época de recortes del PP, la financiación se situó alrededor de los 1.200 millones de euros anuales, siendo 2014 su momento más bajo», anotan desde el citado ministerio.
El objetivo principal de esta inyección económica es reducir las listas de espera. Actualmente, y según los datos presentados ayer por el ministro Pablo Bustinduy y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, son 142.887 personas las que están en esta situación, es decir, que hace más de seis meses que no su caso no ha sido resuelto. Aunque la tendencia es positiva, ya que es un 6% menos que el trimestre pasado, y un 21% menos que hace un año, la inyección económica aspira a reducir a la mitad este volumen de espera en 2027.
Esto se traduce en que, en un plazo de un año y medio, más de 70.000 personas abandonarán esta situación. Y todo, a pesar de que el contexto social es de un incremento constante de solicitudes, que crecerá al mismo ritmo que envejezca la generación del 'baby boom'. Actualmente son 1,7 millones de personas las que las perciben, una cifra récord que es un 11% superior a la del año pasado. Solo en el último trimestre el número de personas con prestación efectiva ha crecido un 3,1%, en 51.882 personas, frente al 1,2% del primer trimestre del año.
«Esto evidencia que el sistema no solo crece, sino que adquiere velocidad en la capacidad de respuesta y atención a las personas en situación de dependencia», apuntó Martínez durante la presentación del panel con los últimos datos del sistema.
Un sistema con una presión creciente
Desde 2021, el número de personas con prestación efectiva ha aumentado en un 57,5%, con una incorporación de 623.119 personas hasta llegar a las 1.707.328 actuales citadas anteriormente. Y lo más probable es que no deje de crecer: a finales de 2027, se espera que 417.000 personas más serán beneficiarios del sistema público de ayudas para los cuidados, alcanzándose los 2,1 millones.
Este objetivo va ligado al de la mejora de los tiempos de espera en la resolución de expedientes. Actualmente, El tiempo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de la prestación está en un plazo de 314 días. Casi un año sin obtener respuesta. De esta manera, el tiempo de tramitación consolida su descenso a la baja y lo mejora, logrando reducirse hasta 27 días durante 2026.
Para Derechos Sociales esta realidad sigue siendo uno de los grandes retos. Desde el departamento de Bustinduy esperan agilizar y desburocratizar los procesos administrativos para que el tiempo de tramitación baje. Es más, la tendencia a la baja de los días de espera demuestra -valoran desde el ministerio- que se puede mejorar en este aspecto. Por territorios, las comunidades con mejor desempeño en este indicador son Ceuta (82 días), Aragón (117 días) y Castilla y León (120). Por el contrario, los que tienen más dilatación de tiempos son Murcia (551 días), Andalucía (435) y Asturias (425).
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