La directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. E.P.
Política La mayoría de la Junta Electoral ve ilegal la ampliación de la 'ley de nietos' de Sofía Puente pero no se cree facultada para actuarLa instrucción que la hermana del ministro en 2022 amplió el concepto de exiliado a todos los emigrados, abriendo la puerta a miles de nacionalizaciones.
Más información: La Junta Electoral exige más control sobre el censo CERA y "reforzar" los criterios de arraigo de los nuevos votantes
Alberto D. Prieto Publicada 17 julio 2026 02:44h Las clavesLas claves Generado con IA
La resolución de la Junta Electoral Central, este jueves, dio una de cal y otra de arena. Entró a fondo en el método en que se está inscribiendo a los cientos de miles de nuevos votantes de la ley de nietos, pero se declaró incompetente para actuar contra la instrucción interna del Ministerio de Justicia de la que derivan.
Y eso que en la deliberación, casi todos los vocales tomaron la palabra para valorar como ilegal la instrucción, firmada el 25 de octubre de 2022 por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del actual ministro de Transportes, Óscar Puente.
Según fuentes presentes en la deliberación, todos los que intervinieron coincidieron en que esa instrucción no es acorde a derecho porque amplía de facto el alcance de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática aprobada en el Congreso el 19 de octubre de 2022.
El texto de Justicia convierte en "exiliados" a todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955, tanto si lo hicieron por motivos políticos como por migración económica u otras razones ajenas a la represión franquista.
Ese cambio había sido negado expresamente por el Congreso, que rechazó dos enmiendas con ese contenido, con los votos del PSOE.
Sánchez ha nacionalizado ya a 1,4 millones de extranjeros: en 2027 podrá votar un millón más que en las generales de 2023Entonces, el partido del Gobierno defendió que la ley sólo debía resarcir derechos de represaliados y no abrir una vía general de nacionalización.
Pese al diagnóstico compartido por la inmensa mayoría de la Junta sobre la ilegalidad de la instrucción, añaden las fuentes, la discusión se desplazó al terreno competencial.
Una mayoría de nueve vocales frente a cuatro consideró que la Junta Electoral Central no es un órgano facultado para actuar sobre cuestiones de nacionalidad. Ése es, efectivamente, un ámbito ajeno a sus funciones, aunque la inscripción en el censo electoral exterior derive automáticamente de esas nacionalizaciones.
Los cuatro vocales discrepantes sostuvieron que la JEC sí debería poder intervenir, a la vista de la afectación directa que el cambio de concepto de "exiliado" tiene sobre la composición del censo exterior.
La redacción de su voto particular se hará pública en la web del Congreso y defenderá una interpretación más expansiva del papel de la Junta en la protección del sistema electoral.
Control y "criterio homogéneo"
En paralelo, la JEC ha aprobado una resolución que exige más control sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y ordena a la Oficina del Censo Electoral un informe ampliado sobre las nuevas altas vinculadas a la llamada ley de nietos.
El órgano reprocha a la Oficina del Censo haberle remitido un informe incompleto, el pasado 10 de julio y le reclama ampliación de información en los métodos y criterios de actualización del censo exterior.
Además, la Junta anuncia que emitirá una instrucción específica para las oficinas consulares que fije "criterios objetivos, homogéneos, suficientemente acreditados y susceptibles de una aplicación uniforme por todas las oficinas consulares" para la adscripción de los nuevos votantes en el exterior.
Radiografía del 'pucherazo legal' en marcha: así está alterando el Gobierno el censo electoral con presuntos nietos de españolesPara ello, le reclama a la Oficina del Censo que elabore una propuesta, que revisará la propia JEC.
Esa nueva instrucción deberá detallar cómo se acredita el arraigo propio o de los ascendientes, qué documentación se exige y en qué casos el consulado puede fijar de oficio el municipio de adscripción.
Además, la JEC quiere que cada expediente de cada beneficiario dado de alta en el CERA quede suficientemente motivado, con justificación específica de por qué se le adscribe en esa provincia. Así, expone su resolución, podrá comprobarse que se respetan los criterios y se protege la igualdad y la transparencia en la formación del censo.
Reclamación del CSIF
El debate interno en la Junta se activó tras recibir un informe del CSIF, sindicato mayoritario entre los funcionarios consulares, que alertó del impacto de la llamada ley de nietos sobre el censo exterior.
El sindicato reclamó que no pueda votarse sin acreditar la relación real con el exilio y denunció la inseguridad que genera considerar exiliado a todo emigrado de las décadas de posguerra, con independencia de las causas de su salida.
CSIF advirtió de que el proceso de nacionalización y de inscripción en el CERA puede alterar de manera significativa la composición del censo, sin controles suficientes sobre el municipio de origen electoral.
Por eso pidió instrucciones claras a la JEC para las oficinas consulares, de forma que se garantice que las nuevas altas se asignan a la circunscripción donde existe un arraigo real y no donde se pretende concentrar artificialmente el voto.
El PP pide paralizar el CERA
El PP ha aprovechado la resolución para reforzar su discurso crítico contra la instrucción de Sofía Puente.
Albares echa el resto en la ley de nietos: la Embajada en Paraguay nacionaliza bisnietos y el cónsul de Caracas anima a tataranietosLa dirección de Génova sostiene que el pronunciamiento de la JEC acredita que hay "dudas relevantes" sobre la correcta aplicación de los criterios de adscripción al censo exterior.
Y por eso, en lógica consecuencia, reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que "revise de oficio" esa norma de Justicia, que consideran "nula de pleno derecho" por ir más allá de lo aprobado en las Cortes.
En declaraciones a EL ESPAÑOL, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional, destaca que la decisión de la Junta es "un paso al frente" para garantizar que el censo no pueda alterarse "por falta de garantías y de controles"
Gamarra subraya que la alta en el censo "no puede ser arbitraria", sino vinculada al arraigo. Y por eso, el PP reclama que no se produzcan nuevas incorporaciones al CERA derivadas de la ley de nietos hasta que "se apliquen plenamente las nuevas garantías".
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