«No podemos aceptar que se ponga en duda la lealtad de los policías nacionales que protegen a las autoridades. Son compañeros que han superado procesos de selección muy exigentes y que actúan, en todo momento, sometidos a la Constitución y a la ley. Sugerir que podrían colaborar en una fuga, por iniciativa propia o por orden de un superior, es una hipótesis que no se sostiene y que daña injustamente a miles de profesionales».
Pasmo, rechazo como el de las líneas anteriores, cosecha de Carlos Prieto, portavoz del SUP, y la exigencia de que el Ministerio de Interior se pronunciara y defendiera a los profesionales. Los sindicatos policiales mayoritarios reaccionaron este sábado con extrema dureza al argumento del juez Juan Carlos Peinado para quitarle el pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por si los propios policías que la protegen podrían ayudarla a fugarse.
«La ley es el límite, no las personas a las que se protege», abundó Prieto, del Sindicato Unificado de Policía. «Nuestros compañeros no están al margen de la ley. No están obligados a obedecer una orden manifiestamente ilegal, y nuestro ordenamiento jurídico lo dice con claridad. La sospecha genérica, desde un juzgado, daña a un colectivo entero. Aquí no hay ningún indicio ni ninguna conducta concreta señalada. Es una sospecha que se proyecta sobre miles de agentes que cada día hacen su trabajo con profesionalidad».
En similares términos se manifestó un portavoz de Jupol, otro de las centrales mayoritarias, a pregunta de EL MUNDO: «Un policía nunca va a incumplir la ley, ni por orden de sus superiores ni de esa personalidad a la que se pueda proteger, no entendemos por qué ha escrito semejante cosa el juez Peinado, es crear la sospecha de que la Policía está a órdenes políticas, y no negamos que eso pueda suceder en las cúpulas, que efectivamente están ahí puestas por políticos, pero la función policial no responde ni a ideologías ni a intereses de partido y trasladar otra cosa es muy peligroso, desleal e injusto».
Ambas fuentes no olvidaban lo evidente: que en ocasiones las fuerzas policiales han sido y son objetivo instrumentalizador para el poder -como se ha juzgado ahora en la llamada Operación Kitchen vinculada al PP, o como está emergiendo en el Caso Leire con la directora general de la Guardia Civil-, pero «precisamente por eso es muy importante no deteriorar las instituciones desde las propias instituciones: decir lo que dice Peinado es dar gasolina a quienes están en contra del sistema y las instituciones», dicen en el SUP.
A última hora de la tarde el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reaccionó y elevó la «más enérgica queja» a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, por el «grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Lo hizo, especificó la nota de Interior, «al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones».
Continuaban desde el SUP: «Nosotros nos hemos manifestado muchas veces en contra de ese uso instrumental que se ha podido dar, y vemos muy injusto extender esa idea a toda la Policía, y hacerlo desde la Judicatura, cuya independencia, por supuesto, respetamos, en aras del máximo respeto institucional: el mismo que pedimos para nuestro trabajo».
En Jupol aseguran que «la función del policía, a la hora de proteger la institución de que se trate, se realiza siempre de la misma manera, más allá de la valoración que haga cada cuál sobre aquello que se protege. Decir lo contrario gratuitamente es atacar desde una institución a otra, desconocer lo que es el trabajo policial de cada día y menospreciarlo. Los policías hemos jurado proteger la Constitución y a ello nos consagramos».
Abundaban desde este sindicato a EL MUNDO: «La Policía Nacional es garantía del Estado de Derecho, no un riesgo para él. Su función es precisamente asegurar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y proteger los derechos de los ciudadanos con neutralidad. Es innegociable».
Peinado escribió textualmenteen su auto: «Se alega, por el letrado de la acusada, que dada su condición de esposa del actual Presidente Del Gobierno ello implica que en todo momento se encuentre custodiada por miembros de los Cuerpos de Seguridad Del Estado, pero [de] lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores, sean [sic] precisamente, quienes colaboren en su fuga».
Otras fuentes policiales, en cambio, relativizaban: «Es cierto que esos puestos de escolta se suelen dar a simpatizantes, y así por ejemplo huyó Puigdemont de España. Otra cosa es que lo diga un juez, y asi», señalaron estas fuentes.