La Ley de Nietos ha abierto un debate público importante que, por las razones que sean, se había hurtado a los españoles. La primera pregunta que se hace cualquier ciudadano es qué sentido tiene que quien no ha nacido en España, ni ha vivido en España, ni tenga intención de hacerlo, ni sepa casi nada sobre España, ni por supuesto haya pagado impuestos en España, tenga derecho a voto para decidir por ejemplo si se debe restablecer el servicio militar o cómo debe ser la educación en este país. El mero planteamiento no solo atenta contra el sentido común sino que es terriblemente injusto con los españoles que viven, trabajan y pagan sus impuestos aquí.
En realidad, al margen de la bronca política que se ha creado en torno a la previsible alteración del censo y la posibilidad de que eso derive en un bochornoso fraude electoral, hay otras razones que explican el interés de tantos por ser españoles. La inmensa mayoría de los extranjeros que se han apuntado a la ley de nietos (en realidad la llamada ley de nietos es una disposición dentro de la Ley de Memoria Democrática) no lo han hecho seguramente para votar a Sánchez a Feijóo u otro, sino para adquirir de forma gratuita la nacionalidad española y todos los privilegios (y, de momento, ninguno de las obligaciones) que eso lleve acarreado. Para la inmensa mayoría de los españoles, que van a tener que abonar la barra libre, esto es una injusticia dolosa.
No necesariamente debería ser así. En principio la Constitución Española establece que todo español tiene derecho a voto, aunque contempla la posibilidad de que el legislador pueda establecer requisitos siempre que obedezcan a criterios objetivos y proporcionales. Requisitos que ya existen en otros países europeos. Por ejemplo, en Dinamarca un ciudadano danés pierde su derecho a voto cuando lleva más de dos años residiendo fuera del país. Y hay muchos otros países que exigen requisitos para que quien tiene la nacionalidad pueda también tener derecho a votar. Voto y nacionalidad no tienen por qué estar inexorablemente unidos y hay razones de peso que justifican que así sea.
Sin otras consideraciones sentimentales, el fraude a la ley de nietos derivado de la instrucción que se inventa las condiciones para adquirir la nacionalidad española es mayúsculo. El debate no es si los nietos de los exiliados tienen o no derecho a la nacionalidad española porque eso el Supremo no lo cuestiona. El debate es de qué manera muchos solicitantes podrían obtener la nacionalidad española amparándose en una instrucción dictada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente, que modifica los requisitos establecidos en la propia Ley de Memoria Democrática. Una instrucción que va incluso en contra de la voluntad del Legislativo, ya que la mayoría del Congreso, socialistas incluidos, votó en contra de una enmienda a la Ley de Memoria Histórica, presentada por Ciudadanos, que pretendía extender la ciudadanía a todos los hijos y nietos del exilio, sin tener en cuenta las causas de ese exilio. Lo que no se le permitió a Ciudadanos en el Congreso lo ha puesto en marcha una directora general por iniciativa propia, en contra de lo dictado en el Parlamento. La discusión no es si son españoles de primera o de segunda como pretende hacer creer el Gobierno en la falsa lectura de la decisión del Supremo sino decidir si son españoles o extranjeros, ajustándose a la literalidad de la ley. En este sentido todos los que denuncian que el Supremo está negando el voto a descendientes de exiliados simplemente mienten.
Se calcula que durante la guerra civilhabrían salido de España con motivo del conflicto alrededor de medio millón de personas. Es verdad que, durante los años siguientes y hasta 1955 como recoge la ley, otro gran número de españoles habrían abandonado el país en busca de oportunidades más allá de nuestras fronteras, aunque muy probablemente ya no se trate de exiliados por razones políticas o religiosas sino gente que buscaba una oportunidad lejos de la pauperizada España de postguerra. Es más, los españoles que salieron en esos años no tuvieron dificultad para preservar la nacionalidad, e incluso muchos de los que se fueron a países de América Latina como Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Costa Rica o República Dominicana tuvieron el camino despejado para recuperar la nacionalidad porque el dictador firmó tratados de doble nacionalidad con ellos que facilitaban el proceso.
Por esa razón no se puede presuponer persecución, lo que obliga a que deban acreditarse las razones. De no hacerse se estaría nacionalizando en este momento a extranjeros que no cumplen los requisitos. Esto es precisamente lo que estaría impidiendo el Supremo con las medidas cautelares. La instrucción de Sofía Puente ha convertido la Ley de Nietos en un caos atendiendo el principio que reza: a precio cero, demanda infinita. Como una persona ha decidido, en contra de la Ley, que no existen requisitos para ser descendiente de exiliado, las 400.000 nacionalizaciones previstas podrían ahora superar los 2,5 millones. Esto ha provocado cuestiones tan desconcertantes como que haya en España más de 160 municipios donde habría más personas con derecho a voto en el extranjero que en el propio pueblo. Los que desconocen de dónde provenían sus ancestros se les censa directamente en Madrid. Por el número de solicitantes acaba pareciendo que cada abuelo que se exilió tuvo una inmensa prole de nietos. Es lo que tiene emigrar al Caribe por ejemplo, que se recupera la ilusión.
A nada que se rasca en todo el procedimiento seguido en ultramar a raíz de la instrucción aparece gente reclamando la nacionalidad, asegurando que su bisabuelo llegó exiliado de España huyendo del franquismo a algún lugar de América Latina en los años veinte o treinta del siglo pasado, cuando Franco era director de la Academia General Militar de Zaragoza. Es decir, eran exiliados del franquismo antes de que existiese el propio franquismo. Una cosa es facilitar los procesos y otra muy diferente regalar nacionalidades. Una cosa es que una persona se pueda nacionalizar y otra cosa que, sea cual sea su circunstancia, pueda también votar para decidir cosas que ni le afectan ni le van a afectar.
Iñaki Garay. Director adjunto de Expansión
Marruecos utiliza la agonía de Sánchez para avanzar en su proyecto nacionalEl silencio de Jon y el fin de la sociedad civilCeuta: nitidez de la UE, nebulosa de Sánchez Comentar ÚLTIMA HORA-
19:28
St James's Place parece bien preparada para la fiesta de la IA en la gestión de patrimonios
-
19:18
La nacionalidad regalada
-
19:02
Sánchez ofrece la paz a los empresarios y acudirá a su gran cumbre en Madrid
-
18:56
El rodaje de Disney genera un impacto directo de 40 millones en Alicante
-
18:39
Edmond de Rothschild: las consultas de los clientes se disparan tras los incendios en Europa