Imagen de archivo de una mujer mirando su teléfono. Freepik
Actualidad La nueva cara de la violencia machista en internet: 2025, el año del ciberacoso, la IA y los chats para filtrar fotos íntimasMientras los ciberdelitos continúan en auge, los expertos inciden en la necesidad de una mayor formación y de proteger especialmente a las menores.
Más información: Una de cada tres españolas ha sufrido violencia machista en su relación de pareja, alerta el Ministerio de Igualdad
Elena Pérez Publicada 24 diciembre 2025 21:10hA Claudia —nombre ficticio— le enseñaron que el amor se mide en detalles: mensajes de buenos días, likes en fotos de Instagram, el gesto de compartir la ubicación con su novio siempre que sale para que no se preocupe, en los minutos que tarda en responder, en la obligación de hacerlo si está en línea, en cuántas historias sube y en la ropa con la que se retrata frente al espejo.
Cuando por fin se acuesta, el móvil sigue vibrando. "¿Con quién estabas?", "¿por qué no contestas?", "te he visto conectada". El control ya no espera en el salón; se ha mudado al bolsillo. Con ese telón de fondo, España cierra 2025 con una radiografía incómoda de la violenciamachista, hoy convertida en una realidad que también sacude el plano digital.
Ha sido un año marcado por 47 feminicidios —con víctimas con edades comprendidas entre los 18 y los 100 años — en la fecha en que se publica este reportaje y el escándalo vinculado a los fallos en las pulseras antimaltrato, que dejaron en múltiples ocasiones a miles de españolas desprotegidas frente a agresores que hoy también actúan desde internet.
Cibervigilancia, acoso sexual en redes, sextorsión... Son fenómenos que atraviesan el día a día de millones de mujeres y que, según las expertas consultadas por Magas | EL ESPAÑOL para hacer balance de los grandes retos en materia de protección de las víctimas que aguardarán en 2026, el sistema aún no sabe cuantificar ni frenar del todo.
A través de las pantallas también duele: cuando la violencia de género se esconde en los mensajesA lo largo del año, el país ha mirado de frente su mapa de agresiones de este tipo. La última macroencuesta al respecto, presentada en diciembre por el Ministerio de Igualdad, ha confirmado que una de cada tres mujeres (30,3%) ha sufrido violencia de género en algún momento de su relación.
Pero lo que marca el año no es sólo esa cifra, sino la constatación de que el maltrato encuentra nuevos caminos a través de la tecnología. Según el documento, un 12,2% de ellas ha sufrido acoso digital a lo largo de su vida, lo que equivale a más de 2,6 millones de españolas. Entre los 18 y los 24 años, el porcentaje se dispara al 34,5%.
El análisis se completa con la encuesta de SocioMétrica elaborada en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para Magas: el 60% de los jóvenes dice haber sido testigo de algún acto de violencia machista yun 18% de las mujeres reconoce haberla sufrido.
"Me preocupa que mi generación esté volviendo a ver los celos y la posesión como algo romántico", resume la socióloga Miriam Jiménez, de 28 años, que atribuye esta tendencia al surgimiento del fenómeno tradwife y a otros similares que proponen el regreso a los roles de siglos pasados y a una nueva "división sexual del trabajo".
En los casos en los que se ejerce el maltrato digital, "el aislamiento de los amigos y la manipulación están a la orden del día", percibe. La psicóloga forense Nuria Mateos de la Calle, especializada en violencia de género y con experiencia en los juzgados de Madrid, coincide con ella: "Es una forma de ejercer daño psicológico a través del control".
Ese patrón se ve en los datos. En los dos primeros trimestres de 2025, la asociación Stop Violencia de Género Digital atendió a 1104 posibles víctimas a través de esta vía, entre el 70% y el 75% mujeres, con un perfil de entre 18 y 30 y destacando Madrid, Cataluña y Andalucía entre las comunidades autónomas en las que se detectaron más afectadas.
Personas congregadas en una de las manifestaciones por el 25N este año en Madrid. Rodrigo Jiménez EFE
Entre enero y marzo, el tipo de agresión más habitual fue el control del móvil y de las comunicaciones (con 134 casos) seguido del ciberacoso y las amenazas (46 y 51), la sextorsión y pornovenganza (72), la suplantación de identidad (10) y el mobbing, menos prevalentes pero igualmente problemáticos a juicio de la oenegé.
Si se comparan estas cifras con las correspondientes al 2024, se observa un aumento en el número de mujeres que afirman haberse visto damnificadas en alguno de estos escenarios.
Al mismo tiempo, refleja el informe, en el país se denuncian 14 violaciones al día, una cada hora y 40 minutos; y 39 agresiones sexualessinpenetración, una cada 37 minutos. Y otro repunte: entre enero y marzo, las denuncias por delitos contra la libertad sexual crecieron un 3,8%, si bien aquí no se incluyen los que se ejercen online.
El 60% de jóvenes ha sido testigo de algún acto de violencia machista y un 18% de las chicas dice haberla sufridoEn el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 6, en Madrid, la magistrada Carmen Gámiz corrobora la tendencia de la que advierte STOP Violencia Digital y observa cómo "la ciberviolencia de género ha ido creciendo en los últimos años de la misma manera en que se han ido desarrollando en la sociedad los medios tecnológicos".
Nuria Mateos de la Calle lo ha observado durante años en los juzgados de la capital y afirma que, si el agresor antes esperaba a que la víctima llegara a casa para llevar a cabo el maltrato, ahora puede hacerlo 24 horas desde el móvil: "Es una forma de incidir psicológicamente en ella a través del control y está produciéndose en todas las generaciones".
Imagen de archivo de una mujer revisando su móvil. iStock
Gámiz ve cómo ese tipo de dinámicas se traducen en procedimientos judiciales. "El ciberacoso y las amenazas son las formas más frecuentes que llegan al juzgado", constata. La magistrada admite que, al menos, en este terreno hay algo que ayuda: la huella. "No es difícil encontrar pruebas de delito en estos casos gracias al cotejo de mensajes".
Sin embargo, el gran agujero aparece en otras formas de violencia sexual que van ganando terreno en redes: suplantación de identidad, manipulación de imágenes, difusión de archivos íntimos... En este último apartado es donde entran algunos casos que han marcado el año, como el bautizado como operación Vinteox.
El escándalo de los chats
A principios de agosto, la Guardia Civil desarticuló un chat de Telegram en el que múltiples hombres compartían fotos y vídeos sexuales de mujeres de su entorno sin su consentimiento. El acceso dependía de compartir material e incluso se exigía subir contenido a diario para no ser expulsado de la comunidad, que podría haber llegado a tener entre 400 y 600 implicados.
No ha sido el único caso de estas características. El pasado noviembre, varias asociaciones feministas de Castro-Urdiales recogieron la denuncia anónima de una mujer que alertaba de la existencia de un grupo, esta vez en WhatsApp e integrado por 90 varones, cuyo objetivo no sería otro que el de enviar imágenes de las que podrían ser sus parejas sexuales desnudas.
Para Nuria Mateos, estos episodios no son una anomalía, sino la punta de un iceberg. Las víctimas, lamenta, "dejan su intimidad en manos de alguien en quien confían y esta se convierte en moneda de cambio para ellos", resume. Y confirma que la amenaza de filtrar un vídeo íntimo basta a menudo para mantener a esa persona en la relación o impedirle denunciar.
Una persona anónima revisando su ordenador. iStock
"No estamos hablando solo de imágenes, sino de un mecanismo de sometimiento y castigo muy potente", señala. Gámiz confirma desde el juzgado que, cuando esa amenaza se ejecuta, el daño es prácticamente irreversible. "En la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, el problema es que el control se pierde desde el primer envío".
"Aunque consigamos que se retire el vídeo, la persona que ha sufrido esta situación sabe que puede reaparecer en cualquier momento en otro chat o en otra red", explica. Y añade una dificultad que obstaculiza aún más la labor de las autoridades: "Si el autor borra el material de sus dispositivos, es difícil probar quién lo difundió, salvo que algún receptor testifique y entregue el archivo".
De ahí que en los últimos años hayan ganado peso las campañas de sensibilización en las que recomiendan a la ciudadanía evitar las prácticas de sexting que impliquen el envío de documentos explícitos, debido a los riesgos que conllevan en un escenario marcado por la instantaneidad en plataformas que, a menudo, radican fuera de España y tardan en responder.
A esa realidad se suma una amenaza reciente: la inteligencia artificial (IA). "Todavía no la tenemos controlada", admite Mateos, aunque los esfuerzos para combatir su uso indebido van en aumento. En marzo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso la primera sanción por uso de deepfakes a un menor de edad.
La resolución estableció una multa de 1.200 euros después de que reconociera los hechos: manipuló imágenes de una compañera de instituto para crear contenido sexual asociando su rostro a cuerpos desnudos que no correspondían al suyo. Ella tampoco alcanzaba la mayoría de edad, lo que la incluiría en un colectivo especialmente protegido por la ley en este aspecto.
Nuevos focos, más denuncias
Mientras estas causas se atascan, la estadística sigue subiendo. El sistema VioGén —la herramienta con la que Interior coordina el seguimiento policial de los casos— cerró noviembre con 103.973 expedientes activos de violencia de género —2.880 más que un año antes— de los cuales 1.269 corresponden a menores de edad.
En paralelo, la criminalidad digital seguía su propio ascenso: en lo que va de 2025 se han registrado al menos 374.000 ciberdelitos y estos ya representan uno de cada cinco delitos cometidos en España. En ese bloque, las estafas informáticas siguen siendo mayoría, pero Interior aporta el dato que preocupa a quienes trabajan con víctimas: el de los "otros".
Este 'cajón de sastre' incluye las amenazas, coacciones, accesos ilícitos, etc. y ha crecido más de un 20% desde que comenzase el año. También es en él donde terminan codificados muchos de los episodios de control del móvil, chantajes con nudes o campañas de hostigamiento que describen Mateos y Gámiz.
Imagen de archivo de una adolescente con el móvil en el colegio. iStock
España trata de adaptarse sobre la marcha. En otoño, el Gobierno puso en marcha VioGén 2, así como un protocolo que incorpora actuaciones reforzadas en materia de ciberseguridad para los casos de género, al incorporar de forma expresa el análisis de los medios telemáticos dentro de la valoración policial del riesgo.
Para Gámiz, estos cambios son un paso, pero no bastan si no se acompañan de medios y formación. "Cada vez llegan más procedimientos relacionados con violencia sexual y digital; los jueces están al límite", reconoce, desde que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer ampliaron sus competencias y pasaron a asumir todos los delitos sexuales contra ellas fuera de la pareja.
Los juzgados de violencia de género, colapsados por asumir más funciones y denuncias: "La sumisión química nos alarma"Nuria Mateos insiste en la misma idea. "Todavía se necesita una formación adecuada al entorno digital dentro de los equipos", denuncia. Psicólogos y trabajadores sociales que evalúan el riesgo de una víctima deben tener claro que el uso de geolocalización o las amenazas de subir fotos forman parte del mismo patrón que los insultos o el aislamiento presencial.
La experta en cibercultura Salomé Sola, también consultada por esta revista, traslada el foco a lo que ocurre antes de que haya denuncia. Recuerda que "los adolescentes y jóvenes pasan entre cuatro y siete horas diarias conectados a espacios donde el contenido más agresivo o polarizante es el que más se recompensa".
En ese ecosistema, en el que el acceso a la pornografía está a golpe de clic, proliferan discursos que ridiculizan el consentimiento, niegan la violencia de género o presentan la vigilancia del móvil como prueba de amor. De ahí que la profesional considere acertada la reciente decisión del Gobierno australiano de vetar las redes sociales a menores de 16 años.
En este sentido, el Gobierno español ha prestado atención a su movimiento y ha abierto la puerta a elevar la edad mínima de acceso a plataformas. Así lo anunció a principios de diciembre el ministro para la Transición Digital, Óscar López, que también mencionó que se ha preparado una herramienta de verificación para garantizar que la supervisión sea realmente efectiva.