- El coste del Pilar 2: grandes inversiones en cumplimiento y nulo impacto en la recaudación
- Hacienda avisa a las multinacionales por carta: se aproxima el pago del tipo mínimo
- La conflictividad fiscal internacional de las grandes empresas se dispara un 29%
Las cada vez mayores obligaciones fiscales para las empresas y la aparición de herramientas tecnológicas al servicio de la Inspección multiplican la importancia de la planificación tributaria para "evitar sorpresas desagradables".
El panorama tributario global atraviesa una metamorfosis sin precedentes. Lo que hace apenas una década se consideraba una labor administrativa confinada a los departamentos de contabilidad y enfocada estrictamente en el cumplimiento normativo, hoy se ha desplazado al centro neurálgico de la toma de decisiones. En este nuevo escenario, la fiscalidad ha dejado de ser una simple gestión de riesgos para convertirse en un factor de valor estratégico que impacta directamente en la reputación, la competitividad y la gobernanza de las empresas.
La presión sobre los contribuyentes, desde el pequeño autónomo hasta la gran multinacional, no ha dejado de crecer. Así lo señalan a EXPANSIÓN fuentes de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), desde donde explican que "en los últimos años las exigencias de información han aumentado enormemente", obligando a empresas de todos los tamaños a adoptar procesos "cada vez más digitales", que incluyen desde la facturación electrónica hasta la presentación telemática de declaraciones.
Según explican, el Fisco ha elevado el nivel de escrutinio en la época más reciente, en su opinión "debido al aumento de las necesidades recaudatorias de los Estados". Sin embargo, este celo administrativo no siempre viene acompañado de una comprensión de la realidad empresarial. Desde Aedaf denuncian una "particular falta de empatía con los autónomos al calificar qué gastos son necesarios para el desarrollo de su actividad". Mientras que en las pymes la batalla fiscal también se centra en el reconocimiento de estos gastos básicos, en las grandes corporaciones el foco se sitúa en conceptos mucho más complejos, como el nuevo tipo mínimo global para multinacionales recogido en el Pilar 2 de la OCDE; o la tributación de las operaciones intragrupo y los precios de transferencia.
Ante este aumento de la presión y la incertidumbre, la fiscalidad ha escalado posiciones en la jerarquía corporativa. Ya no se trata de un tema de "gestión de riesgos", sino un valor estratégico que "se aborda en los consejos de administración de las grandes empresas", uno de los mantras más repetidos por los fiscalistas y que se posiciona como una de las principales tendencias en materia tributaria para las empresas.
En ello tiene que ver la creciente sensibilidad hacia las voces que denuncian la baja tributación de las empresas, algo que habría despertado "una especial sensibilidad hacia el posible riesgo reputacional existente" dentro de las organizaciones. Sin embargo, los asesores fiscales señalan que todavía existe camino por recorrer. "Con carácter general, las empresas sólo aspiran a cumplir sus obligaciones tributarias en un marco de seguridad jurídica, y a evitar sorpresas desagradables difícilmente explicables en los órganos de gobierno", apuntan.
Inseguridad jurídica: el contribuyente gana el 60% de los pulsos contra Hacienda
En este entorno, la inseguridad jurídica continúa siendo un escollo para los departamentos tributarios, con multitud de nuevas normas y cambios de criterio por parte de Hacienda. Sobre este asunto, gran parte de las medidas actuales emanan de iniciativas de la OCDE para combatir el fraude fiscal, pero su aplicación práctica está generando distorsiones. Según fuentes de la Aedaf, el derecho tributario se aplica hoy bajo "criterios cada vez más intuitivos", lo que ha derivado en un fenómeno preocupante: el "sesgo retrospectivo".
Este concepto deriva, según explican los expertos, en que "situaciones que se consideraban legítimas hace 15 o 20 años se han acabado considerando como planteamientos abusivos, o incluso como delitos fiscales". Como consecuencia, la inseguridad y la litigiosidad tributaria han sido crecientes.
Todo, a pesar del elevado coste de la batalla entre el Estado y los contribuyentes. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), la deuda fiscal pendiente de cobro más la factura en indemnizaciones a cargo del Estado equivalía en 2025 al 21% de la recaudación de impuestos anual, alrededor de 42.000 millones de euros. En ello tiene que ver que el 60% de las liquidaciones tributarias recurridas concluyen dando la razón al contribuyente, "lo que indica que la Administración actúa de manera incorrecta en demasiados casos, alimentando el problema de la litigiosidad", concluye el servicio de estudios de la CEOE.
En el marco actual, conceptos como la "planificación fiscal agresiva" se han convertido en términos de difícil definición, situándose en una frontera "en parte política y en parte ética", lo que genera una "enorme confusión a la hora de aplicar el derecho tributario", valoran los fiscalistas.
Mirando al futuro, la evolución de los modelos de negocio y la tecnología dictarán las nuevas reglas. Con la digitalización de la economía, será necesario "redefinir las reglas del juego para gravar a nuevas entidades y puntos de conexión originadores de capacidad económica", algo a veces complicado de vislumbrar para el Fisco.
No obstante, el uso de herramientas avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos por parte de Hacienda debe ser mirado con lupa. Desde la Aedaf se advierte que estas tecnologías deben someterse a criterios de "transparencia, proporcionalidad y supervisión humana". Para los asesores, el riesgo es claro: sin estos límites, existe la posibilidad de que ciudadanos y contribuyentes pierdan sus derechos y garantías.
Esta tesis es compartida por la propia Agencia Tributaria. La presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Ana de la Herrán, ya avanzó que la AEAT "está trabajando para evitar problemas de discriminación o de sesgos" y destacó el fin último de velar por los contribuyentes al usar estas tecnologías en su operativa de inspección.
El Pilar 2: una pesadilla para las multinacionales
Mirando fuera de las fronteras nacionales, la nueva era de la fiscalidad empresarial tiene como máximo exponente el Pilar 2, el mecanismo diseñado por la OCDE para garantizar una tributación mínima global del 15% en los grandes grupos multinacionales. Sin embargo, lo que sobre el papel parece una medida de equidad, en la práctica se está revelando como una pesadilla burocrática con un retorno recaudatorio cuestionable.
Así lo señalan los responsables fiscales, quienes consideran que el impacto en la recaudación del Pilar 2 será "mínimo o prácticamente nulo", teniendo en cuenta que las grandes empresas españolas ya tributan muy por encima de ese umbral. Prueba de ello es que las compañías del Ibex 35 abonaron una tasa efectiva en el Impuesto sobre Sociedades del 26,8% el año pasado, superando los 25.100 millones de euros.
A pesar de este escaso impacto financiero, la carga administrativa y burocrática que conlleva es "desproporcionada". La implementación del Pilar 2 está obligando a las multinacionales a realizar una inversión muy significativa de recursos para adaptar sus sistemas contables y fiscales en decenas de jurisdicciones con criterios dispares en todo el mundo.
La llegada del tipo mínimo global obliga a redefinir el método de cálculo hacia un modelo que se apalanca en magnitudes contables. Así, los departamentos fiscales se enfrentan a reglas muy complejas que trasladan la incertidumbre incluso a la propia Administración, enfrentada al reto de gestionar reportes (country-by-country report) en un entorno lleno de zonas grises.
El valor de la simplicidad
Ante el actual marco geopolítico y económico, la competitividad de las empresas europeas está en juego. La complejidad fiscal actual no sólo consume recursos que podrían destinarse a la inversión, sino que también genera barreras de entrada a nuevos actores y frena el crecimiento empresarial.
Por ello, la demanda de los expertos es unánime: es necesaria una simplificación normativa.
En conclusión, la nueva era de los impuestos exige que los responsables fiscales sean menos "gestores de impresos" y más "estrategas de la certidumbre". En un mundo de normas volátiles y escrutinio público, el verdadero valor reside en la capacidad de garantizar la seguridad jurídica y la sostenibilidad corporativa de la empresa.
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