Peramato (a la izqda), el pasado 11 de diciembre, en su toma de posesión, con Álvaro García Ortiz y Dolores Delgado./ EP
Tribunales La nueva fiscal general se desprende de los cargos que nombró García Ortiz premiándoles con puestos en el SupremoPosterga a los veteranos fiscales de Sala del 'procés', apoyados por la mayoritaria Asociación de Fiscales, y pone al frente de la sección penal en el TS a la jefa de la secretaría técnica de su antecesor, sin experiencia en materia de casación.
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María Peral Publicada 27 febrero 2026 15:03h Actualizada 27 febrero 2026 15:33hLas claves nuevo Generado con IA
La nueva fiscal general, Teresa Peramato, ha afrontado 78 días después de llegar al cargo sus primeras decisiones en materia de nombramientos discrecionales. Ninguna sorpresa.
Como se esperaba, ha premiado con cargos en el Tribunal Supremo a los principales colaboradores de su antecesor, Álvaro García Ortiz. Y ha ignorado el criterio de los vocales de la Asociación de Fiscales, mayoría en la carrera, que han apoyado a los dos fiscales de Sala que lidiaron con el 'procés'.
Peramato llegó el pasado diciembre a la Fiscalía General comprometiéndose a "sanar bajo mi dirección, con el conjunto de todos los compañeros y compañeras, la herida profunda que ha atravesado a la Fiscalía".
Se refería a la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz, inhabilitado como fiscal general por haber revelado datos tributarios reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La 'sanación' ha consistido en promover a la responsable de la Secretaría Técnica de García Ortiz, Ana García León, como jefa de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación que presidió Peramato y sistemáticamente favorecida en los nombramientos discrecionales por García Ortiz y Dolores Delgado, García León carece de experiencia en casación penal, que es la materia propia de su nuevo cargo.
Peramato ha postergado, de esta manera, a los fiscales de Sala Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, que intervinieron en la causa del 'procés'. La primera fue, además, fiscal general.
Madrigal y Moreno, junto a la también fiscal del Supremo María Ángeles Garrido, han tenido el respaldo mayoritario del Consejo Fiscal al ser respaldados por los vocales de la Asociación de Fiscales.
Peramato ha optado por apoyar a García León pese a quedar en minoría, lo mismo que sucede con otra de las que será jefa de la sección penal del Supremo, María Farnés.
A Farnés se la considera progresista, aunque no es miembro de la UPF. Fue promovida al cargo que ha ocupado hasta ahora, fiscal superior de Canarias, por García Ortiz, también sin haber logrado el apoyo mayoritario del Consejo Fiscal.
En la tercera plaza de jefatura de la sección penal del Supremo será renovado Javier Huete, al que queda un año y medio para jubilarse.
Para las tres vacantes de fiscal del Tribunal Supremo existentes, Peramato propondrá a Diego Villafañe, Antonio Colmenajero e Isabel Gómez.
Villafañe, actual teniente fiscal de la Secretaría Técnica, era el brazo derecho de García Ortiz. Fue investigado en la causa que acabó con la condena de éste, aunque fue exonerado ya en la fase de instrucción.
La promoción al Supremo de Isabel Gómez es conflictiva para la Asociación de Fiscales, a la que pertenece.
Gómez, fiscal jefe de Cuenca, es actualmente vocal de la AF en el Consejo Fiscal. La promoción de consejeros es siempre polémica en la carrera y, en este caso, ha sido contraria al criterio de la Comisión Ejecutiva de la AF, que considera que este nombramiento permite a Peramato 'blanquear' sus primeras decisiones sobre el ascenso a cargos discrecionales.
Antonio Colmenarejo estaba destinado hasta ahora en la Secretaria Técnica. Su marcha y la de Villafañe a la Fiscalía del Supremo permite a Peramato y al nuevo jefe de esa Secretaría, Julio Cano, reestructurar con personas de su estricta confianza este órgano crucial para el funcionamiento de la Fiscalía General.