- DELPHINE STRAUSS
Desde el comienzo de la guerra en Irán, más de 25 países han introducido medidas universales para proteger a los consumidores de los altos precios de la energía.
Los gobiernos que se apresuraron a reducir los impuestos sobre los combustibles tras el inicio de la guerra con Irán deben eliminar rápidamente los costosos subsidios energéticos universales, sostiene el nuevo economista jefe de la OCDE.
Más de 25 países, desde Estados miembros de la UE hasta mercados emergentes como Brasil e India, han reducido los impuestos sobre los combustibles para proteger a los consumidores del impacto del conflicto en los precios de la energía. Las alternativas como el control de precios, los subsidios o las ayudas directas se han adoptado con menor frecuencia.
Sin embargo, Stefano Scarpetta, quien asumió el cargo de economista jefe de la organización con sede en París este mes, declara a Financial Times que las rebajas de impuestos, si bien se implementaron rápidamente, son demasiado costosas para mantenerlas a largo plazo.
La experiencia de la crisis energética europea de 2022 demuestra que "el coste de estas políticas es especialmente alto", señala Scarpetta, refiriéndose a los subsidios implementados tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Estos subsidios impulsaron la inflación, agravaron los problemas fiscales y redujeron los incentivos para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.
La Comisión Europea también ha advertido a los 27 Estados miembros de la UE que no gasten en exceso para proteger a los consumidores y las industrias de los altos precios del petróleo y el gas, ya que esto podría sumir al bloque en una crisis fiscal.
La OCDE sigue previendo que el conflicto en Oriente Próximo impulse la inflación y afecte al crecimiento en los próximos meses, a pesar de la posibilidad de que las exportaciones vuelvan a fluir pronto a través del estrecho de Ormuz tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para un alto el fuego de dos semanas.
"La incertidumbre sigue siendo muy alta", afirma Scarpetta, señalando que los últimos acontecimientos podrían permitir a la OCDE mantener la previsión que publicó a finales de marzo de que la inflación en las principales economías del G20 ronde una media del 4% en 2026, en lugar de optar por un escenario más adverso. En diciembre, sólo había pronosticado una media del 2,8% para este año.
Reconoce que el aumento de los precios de la energía y la interrupción del comercio a través del Golfo Pérsico también podrían ralentizar el despliegue de la IA. Esto supondría un duro golpe para las perspectivas de crecimiento global, ya que la rápida adopción de herramientas de IA era una de las principales razones por las que la OCDE iba a revisar al alza sus previsiones para la mayoría de las grandes economías antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran los ataques contra Irán a finales de febrero.
Scarpetta afirma que la intensa incertidumbre hace aún más importante que los gobiernos limiten el tiempo de las medidas de apoyo en materia de energía y las dirijan a los hogares de bajos ingresos y a las empresas con un alto consumo energético.
Según sostiene, establecer un nivel adecuado de apoyo a las empresas será "más difícil", dado el riesgo de que los subsidios sostengan a empresas "zombi" que, de otro modo, deberían cesar su actividad. Esto ocurrió tras la pandemia del Covid-19, cuando los gobiernos pagaron a los empleadores para que mantuvieran a sus trabajadores en sus puestos.
Por lo tanto, los gobiernos deben garantizar que las empresas asuman parte de la carga del aumento de los costes energéticos, incluso si ofrecen algún tipo de apoyo a aquellas que no puedan afrontarlo, argumenta.
Las medidas para evitar que las empresas se lucren con la crisis, como la herramienta de "búsqueda de combustible" impulsada por el Gobierno británico, son importantes "para asegurar que cualquier ayuda en los precios llegue a los consumidores", añade.
Scarpetta hizo estas declaraciones a FT antes de la publicación de un informe de la OCDE que expone las formas en que los gobiernos pueden superar la prolongada caída de la productividad que ha perjudicado el crecimiento y el nivel de vida.
Señala a Reino Unido como uno de los pocos países donde las perspectivas de crecimiento no habían mejorado incluso antes del inicio del conflicto en Irán. Insta al Gobierno de Keir Starmer a hacer más para ayudar a los jóvenes a acceder a programas de aprendizaje, reducir los costes del cuidado infantil para los padres que trabajan y solucionar los "problemas" del sistema de impuestos sobre la renta que debilitan los incentivos laborales para aquellos con mayores ingresos.
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