La ley de integridad pública, eje del plan anunciado tras la imputación de Cerdán, está pendiente de tramitación mientras el calendario electoral reduce el margen para aprobar las reformas
Regala esta noticia Añádenos en Google El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el pleno en el que anunció el plan contra la corrupción. (EP) 29/06/2026 a las 00:12h.Hace casi un año, el 9 de julio de 2025, pocos días después de que la imputación e ingreso en prisión del exsecretario de Organización ... del PSOE Santos Cerdán provocara un terremoto político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Una hoja de ruta con la que buscaba contrarrestar el mazazo interno, la zozobra de sus socios parlamentarios y la ola de críticas surgida tras la estrepitosa caída de su mano derecha. Quince medidas, enmarcadas en cinco ejes, que van desde la creación de nuevos mecanismos de control hasta el impulso de campañas de concienciación y educación contra las actividades ilícitas, pasando por un mayor control sobre la financiación de los partidos. Sin embargo, doce meses después, ninguna de ellas ha entrado en vigor. El mayor avance es el del anteproyecto de ley de integridad pública, que engloba nueve de las estrategias y que modificará 18 leyes.
Pasos dados hasta el momento
Un mes después de la presentación del plan anticorrupción, en agosto de 2025, se creó la comisión interministerial, adscrita al Ministerio de Hacienda entonces dirigido por María Jesús Montero, para actuar como el cerebro operativo de la estrategia y fiscalizar el cumplimiento de los plazos. Después de este avance, la estrategia quedó paralizada. De hecho, pocos habían sido los progresos anunciados por el Gobierno hasta el pasado 17 de febrero, cuando anticipó que el Consejo de Ministros daba el visto bueno al anteproyecto de ley de integridad pública. Una normativa que, una vez que entre en vigor, abordará todo el ciclo del fraude.
La ley de integridad pública, que concentra nueve de las quince medidas anunciadas, sigue pendiente de la segunda aprobación del Consejo de Ministros
Una semana después de este anuncio, y casi como una forma de intentar relegar a un segundo plano la declaración de Cerdán ante el juez instructor del 'caso Leire Díez' y la renuncia al escaño del exministro José Luis Ábalos, se celebraba la primera sesión, de carácter constitutivo, de la citada comisión interministerial; seis meses después de la creación, en lugar de los tres recogidos en los estatutos. La presidencia quedó en manos de la vicepresidenta Montero, hoy en la travesía del desierto de la oposición en Andalucía.
El Gobierno aprobó, además, un calendario que contempla que la futura ley de integridad pública recibiría la segunda luz verde del Consejo de Ministros este junio. El Ejecutivo tiene por delante dos reuniones ministeriales para poder cumplir con esta agenda, que también contemplaba remitir el texto al Congreso este mes, pese a que la Cámara baja afronta esta semana su último ciclo ordinario de plenos antes de las vacaciones de verano. Asimismo, la comisión interministerial fechó para junio de 2027 el momento en el que la medida pasaría al examen final de os diputados. Sin embargo, todos estos plazos se ven aún más embarrados dada la fragmentación parlamentaria.
Qué hay en la ley y qué queda fuera
De las 15 medidas del plan anticorrupción, el Ejecutivo concentró nueve dentro del anteproyecto de ley de integridad pública. Su contenido -que prevé la modificación de hasta 18 leyes vigentes-, pendiente de recibir la segunda aprobación por parte del Consejo de Ministros, se focaliza en fiscalizar la actividad pública y endurecer las reglas de juego mediante la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública. El objetivo es que sea una nueva autoridad con rango de Secretaría de Estado que unificará la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude.
Ninguna de las 15 medidas anunciadas por el presidente para enjugar la caída de su lugarteniente ha entrado aún en vigor
Asimismo, introduce un mayor control sobre la financiación de los partidos, obligándolos a realizar auditorías externas si perciben más de 50.000 euros de fondos públicos y rebajando a 2.500 el límite que obliga a hacer públicas sus donaciones privadas. En el plano penal y de contratación, la ley eleva la prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años -para dar más tiempo a las investigaciones de asuntos de «gran complejidad»-, prohíbe la progresión al tercer grado a los condenados que no devuelvan el dinero malversado y extiende a todas las administraciones la obligación de elaborar mapas de riesgos y aplicar herramientas digitales de detección precoz.
Fuera del macroproyecto legal, hay otras seis reformas prometidas. Algunas ya se encontraban, cuando Sánchez realizó su anuncio, en fase de elaboración o en fase de enmiendas. De hecho, dos de ellas, la futura ley de Administración Abierta y el proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, ya están en tramitación y responden a iniciativas que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) exige a España desde 2019, años antes de que se conociese el primer caso de presunta corrupción relacionada con el PSOE o su entorno. La primera de ellas es ya anteproyecto, tras ser presentada en diciembre de 2024 por el ministro Óscar López. La segunda, también conocida como 'ley lobbies', se encuentra paralizada desde hace años, aunque el presidente del Gobierno, durante su primera comparecencia en la Cámara baja tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra' se comprometió a desbloquearla. Un movimiento que nació después de la alarma entre sus socios parlamentarios, que pusieron el foco en este asunto como medida de prevención.
Respecto a las cuatro medidas restantes, también permanecen en 'impasse'. Son las que incluyen la plataforma de contratación dotada con Big Data e inteligencia artificial, la formación obligatoria del sector público en integridad y la campaña social de concienciación. Junto a ellas, la encuesta anual del CIS sobre corrupción, que hasta ahora no ha difundido ningún barómetro en este sentido.
El estado de las 15 medidas del plan anticorrupción
Agencia Independiente de Integridad Pública Forma parte del anteproyecto de ley de integridad pública. El objetivo es unificar la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en una única autoridad con rango de Secretaría de Estado.
Mapas de riesgos de integridad Forma parte del anteproyecto de ley de integridad pública. Busca extender a todas las administraciones la elaboración de mapas de riesgos y la aplicación de herramientas digitales de detección precoz del fraude.
Control de la financiación de partidos y fundaciones Forma parte del anteproyecto de ley de integridad pública. Obligar a partidos y fundaciones que reciban más de 50.000 euros públicos a realizar auditorías externas, rebajando además de 25.000 a 2.500 euros el umbral de publicación de donaciones privadas.
Elevación de la prescripción de delitos de corrupción Forma parte del anteproyecto de ley de integridad pública. Elevar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción de cinco a siete años a fin de otorgar más tiempo a las complejas investigaciones de asuntos contra la Administración Pública.
Restricción del tercer grado penitenciario Forma parte del anteproyecto de ley de integridad pública. Prohibir el acceso a los beneficios del tercer grado penitenciario a los condenados por corrupción que no hayan reparado económicamente el daño mediante la devolución del dinero malversado.
Sistemas de compliance y exclusión de empresas Forma parte del anteproyecto de ley de integridad pública. Exigir sistemas de control anticorrupción a las firmas que contraten con el Estado y automatizar la prohibición de licitar mediante una «lista negra» de empresas condenadas.
Protección de denunciantes de corrupción Forma parte del anteproyecto de ley de integridad pública. Modificar el marco legal para garantizar la confidencialidad, protección plena y apoyo jurídico a cualquier persona que denuncie actos ilícitos ante la Fiscalía, la Policía o el Juez.
Secciones judiciales especializadas Forma parte del anteproyecto de ley de integridad pública. Crear secciones específicas destinadas en exclusiva a la investigación y sanción de delitos contra la Administración Pública dentro de los nuevos tribunales de instancia.
Optimización de la recuperación de activos Forma parte del anteproyecto de ley de integridad pública. Dotar de mayores recursos materiales y organizativos a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) para agilizar la localización y el decomiso del dinero defraudado.
Nueva Ley de Administración Abierta Anteproyecto de ley. Actualizar el Portal de Transparencia, reforzar la obligación de transparencia activa del Estado y establecer controles patrimoniales aleatorios anuales para altos cargos durante su mandato.
Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés Anteproyecto de ley paralizado. Pretende regular la actividad de los lobbies a través de la creación de un registro de grupos de interés y la implantación de la «huella normativa» en los proyectos de ley.
Plataforma de contratación con Big Data e IA Paralizada. Introducir aplicaciones de inteligencia artificial y análisis de macrodatos para identificar de manera automatizada patrones anómalos o indicios de fraude en las licitaciones públicas.
Formación obligatoria del sector público en integridad Paralizada. Servirá para desplegar programas formativos obligatorios en materia de ética pública, prevención del fraude y gestión de riesgos para el conjunto de empleados de las administraciones.
Campaña social de concienciación anticorrupción Paralizada. Pretende diseñar y difundir campañas públicas orientadas a la sensibilización social y a la educación ciudadana en torno al rechazo de las actividades ilícitas.
Encuesta anual del CIS sobre corrupción Paralizada. La medida contempla realizar estudios anuales a través del CIS para monitorizar la percepción y experiencia directa de la ciudadanía respecto al fraude.