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Internacional

La pasividad de Sánchez desata la violencia en una comunidad ejemplar

La pasividad de Sánchez desata la violencia en una comunidad ejemplar
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Ha sido el Gobierno quien, al convertir Ceuta en un centro de acogida de invasores, ha dinamitado la convivencia multicultural de la ciudad.

Concentración este miércoles frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta. EFE

Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN La pasividad de Sánchez desata la violencia en una comunidad ejemplar Publicada 28 agosto 2026 02:45h

Por tercer día consecutivo, centenares de ceutíes se han echado en tromba a las calles para pedir la expulsión de los invasores y protestar por el abandono que sufre la ciudad.

Algunos ciudadanos han intentado bloquear el convoy de reparto diario de ayuda humanitaria de la Cruz Roja. Y las protestas pacíficas han derivado en concentraciones frente a las playas, con algunos de los manifestantes abalanzándose contra el campamento improvisado de inmigrantes entre gritos e insultos.

La Policía no ha podido impedir que derribasen y prendiesen fuego a las chabolas, forzando a los magrebíes a correr a cobijarse en el espigón.

Está de más señalar que estas escenas no pueden justificarse bajo ningún concepto y merecen un repudio sin paliativos.

Pero si bajo el imperio de la ley la violencia nunca puede ser el camino para resolver los conflictos, tampoco puede serlo la pasividad de la autoridad que tiene confiado el amparo de los ciudadanos.

Porque es insoslayable que la desesperación que ha cundido entre los ceutíes es lo que ha desembocado en esta situación indeseable.

Una violencia, no cabe olvidarlo, que también se ha manifestado contra los agentes de seguridad desplegados sobre el terreno la pasada madrugada, cuando decenas de inmigrantes emboscaron y apedrearon a un vehículo militar, cuyos ocupantes requirieron atención médica.

Y es que de poco sirve, en el marco de una guerra híbrida, que la ciudad esté militarizada si los soldados se encuentran desarmados.

Las Fuerzas Armadas, alojadas en condiciones precarias, han lamentado la indefensión a la que le condenan los protocolos de seguridad del Gobierno, al carecer de una cobertura jurídica y operativa que les capaciten para dar una respuesta proporcional a las agresiones de este cariz.

Entre tanto, el Ejecutivo sigue sin facilitar ningún dato oficial de cuántos invasores permanecen en territorio español, y continúa arrastrando los pies en la identificación de los inmigrantes y en la tramitación de los expedientes de devolución.

Mientras, miles de hombres en edad militar deambulan por las calles y se concentran en asentamientos irregulares, ocupando los equipamientos municipales y los espacios públicos y propiciando un clima de inseguridad e insalubridad.

La normalidad está pues muy lejos de volver a Ceuta. Por eso, se hace muy difícil de digerir el recochineo de la ministra de Sanidad, quien se ha jactado este jueves de que "los ceutíes pueden estar orgullosos y contentos" de la gestión de su gabinete.

Las sucesivas comparecencias de los ministros estos días han puesto el foco en la protección de los derechos humanos de los inmigrantes y han acusado de "xenofobia" a la oposición.

Es legítimo inferir que el Gobierno, especialista en pescar en las aguas revueltas de la crispación, está ensayando cómo replantear la crisis para reproducir su consabida narrativa sobre la defensa de los colectivos vulnerables frente a la "ultraderecha".

Pero, al destinar más recursos al bienestar de los inmigrantes que al de los ceutíes, y con su bochornoso celo por exonerar a Marruecos del asalto contra toda evidencia, el Ejecutivo está trasladando un mensaje de indiferencia que no puede sino soliviantar a la ciudad autónoma.

Supone por tanto una impostura mayúscula desamparar a las víctimas de una invasión para luego victimizarse cuando estas, hartas ante la incapacidad del Gobierno para mantener el orden público, se autoorganizan para tomar cartas en el asunto.

Moncloa y Ferraz, sin embargo, han vinculado estos altercados con la campaña de "odio" que estaría promoviendo la oposición.

Pero a nadie en sus cabales se le oculta a quién cabe responsabilizar en último término de esa violencia.

Ha sido el Gobierno quien, al convertir Ceuta en un enorme centro de acogida de ilegales, ha dinamitado la convivencia y la paz social en una ciudad que constituía un ejemplo de integración multicultural y de gobierno templado.

Sea por incompetencia o por cálculo, el Gobierno ha hecho de Ceuta un polvorín.

Y, a juzgar por su conducta y por la narrativa que ha empezado a poner en circulación, se diría que está aguardando al inminente estallido social para sacar tajada del desorden que ha desencadenado su propia negligencia.

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