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La Policía calcula que 400.000 migrantes que no estaban en España se han colado en la regularización de Sánchez

La Policía calcula que 400.000 migrantes que no estaban en España se han colado en la regularización de Sánchez
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Moncloa dice ahora que cuando estimó que habría 500.000 regularizaciones ya "barajaba" que "fueran más de un millón". Más información: En 4 años habrá 5 millones más de inmigrantes regularizados y reagrupados, según informes a la Dirección de la Policía

Óscar López, Pedro Sánchez y Elma Saiz, acuden a la presentación de la campaña "¿De dónde vienen? Vienen de hacer país", este martes en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Alberto Ortega Europa Press

España La Policía calcula que 400.000 migrantes que no estaban en España se han colado en la regularización de Sánchez

Moncloa dice ahora que cuando estimó que habría 500.000 regularizaciones ya "barajaba" que "fueran más de un millón".

Más información: En 4 años habrá 5 millones más de inmigrantes regularizados y reagrupados, según informes a la Dirección de la Policía

Publicada 1 julio 2026 02:50h Las claves

Las claves Generado con IA

La Policía Nacional calcula que en torno a 400.000 inmigrantes de los 1,3 millones que se han acogido a la regularización extraordinaria promovida por el Gobierno no estaban residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025, la fecha de corte establecida para solicitarla.

Así lo ha podido conocer EL ESPAÑOL de mandos especialistas en la materia que llevan meses monitorizando la situación.

El dato desmiente la tesis del Gobierno de que los inmigrantes que han solicitado papeles en este proceso ya residían en España, y que lo abultado del número de solicitudes confirma precisamente la necesidad de aplicar una regularización extraordinaria y lo acertado de su decisión.

Las fuentes consultadas entre los especialistas de la Policía sostienen que antes del 1 de enero de 2026 vivían en España en torno a 850.000 extranjeros sin papeles. Ellos eran los que cumplían los requisitos para ser regularizados.

Dado que la cifra final de solicitudes, aún no confirmada oficialmente, superará los 1,3 millones, serían en torno a 400.000 las personas que se han colado en el proceso impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que apunta a un fraude masivo.

Pese a ello, la Policía Nacional ha sido relegada de la fase que ahora comienza de comprobación de la documentación.

Serán el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las oficinas de Extranjería que dependen del departamento que dirige Elma Saiz los encargados de comprobar la veracidad de los documentos presentados. Los especialistas en Extranjería y Fronteras de Policía se quedan al margen.

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Y eso pese a que fueron estos funcionarios, y no las ONG ni los técnicos del Ministerio de Inclusión, los que clavaron hace cuatro meses la cifra final de solicitudes de regularización.

Su trabajo quedó plasmado en un informe firmadopor el comisario jefe central de Operaciones de Extranjería, Alfredo García Miravete.

El pasado 21 de febrero, EL ESPAÑOL publicó el contenido de ese documento, en el que la Policía estimaba en 1.250.000 las personas que se beneficiarían de la iniciativa.

García Miravete advertía de un posible "efecto llamada". Según el informe, las redes de tráfico de personas utilizaban el anuncio en terceros países a través de redes sociales.

Los agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras detectaron pronto todo un mercado negro de facturas y tickets dirigido a los inmigrantes que, en su intento de acogerse a la regularización, necesitaban acreditar su presencia en España.

Alertaron, por ejemplo, de la existencia de "un gran bazar" que ofrecía "facturas de gas o de línea telefónica" a través de espacios digitales como Telegram o Instagram.

Peregrinación a España

En un informe anterior, sólo dos semanas después del anuncio de regularización extraordinaria, la Policía Nacional alertaba de que miles de extranjeros, "en muchos casos con antecedentes penales y policiales", alegaban falsamente haber perdido su pasaporte para conseguir regularizarse en España.

El oficio, del pasado 10 de febrero, fue publicado en exclusiva por EL ESPAÑOL.

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En el arranque del año, los agentes detectaron un aumento del 866% de pakistaníes que aseguraban haber perdido su pasaporte. En el caso de los argelinos, el incremento era del 356%; en marroquíes, del 114%; y en colombianos, del 35%.

Según la información con la que contaban en las unidades de Extranjería, miles de individuos estaban "buscando una manera de acreditar la presencia en territorio español en el periodo comprendido por el proceso de regularización extraordinaria".

La Policía detectó también movimientos migratorios desde otros Estados de la UE hacia España, así como la llegada de miles de personas de los Balcanes y de países como Pakistán o Turquía.

Del mismo modo, extranjeros en situación irregular afincados en países como Francia o Reino Unido, señalan los mandos consultados, han peregrinado a España estos meses para presentar documentación que acredite que vivían aquí cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.

"Desbordados por la realidad"

El proceso de regularización de inmigrantes ha culminado este martes, 30 de junio, con una cifra que supera cualquier previsión pública. Durante meses, el Gobierno se aferró a la estimación oficial de 500.000 potenciales beneficiarios.

Sin embargo, ante la contundencia de los datos reales, el Ejecutivo ha intentado justificar esta semana el desfase asegurando que siempre "barajaron tres escenarios: 500.000, 750.000 o más de 1 millón", y que la cifra menor era sólo una herencia del texto de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

"Se hizo una valoración en base a la ILP y se ha visto desbordada por la realidad", explican fuentes gubernamentales.

La prueba de que el Ministerio obvió u ocultó las sucesivas alertas, como el informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, está en su propia documentación interna.

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El informe oficial del Gobierno, fechado en abril de 2026, proyectó que sólo habría medio millón de beneficiarios. Sí contempló una capacidad máxima para tramitar 752.250 expedientes, pero fue simplemente como un colchón operativo del 150% destinado, textualmente, a "absorber solicitudes duplicadas e incumplimientos de requisitos".

Ahora, ante la contundencia de las cifras reales, el Gobierno recurre a justificaciones para explicar el desfase.

Al tiempo que confiesa haber manejado los tres escenarios y que la realidad "se ha acercado más a la previsión máxima", dice que si no la dieron en su día fue porque "era difícil contabilizar a personas que no tienen los documentos".

Su intención, afirman, "no era engañar ni ocultar datos", e insisten en que la irregularidad, además de ser "un proceso vivo que va mutando", también "es una exclusión administrativa que hace que sea difícil de cuantificar".

Pese a admitir ya que la cifra de migrantes regularizados "es más de un millón", el Gobierno sigue sin oficializar el volumen exacto de peticiones registradas.

El Ejecutivo mantiene el dato en reserva argumentando que el plazo acaba de terminar el 30 de junio y que aún "no es el día para bajar a tratar los datos". No, al menos, hasta que no haya concluido un análisis detallado de los expedientes.

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