Hacienda ofrece 21.000 millones extra a las CCAA cediéndoles más IRPF e IVA como pilar maestro de la propuesta de reforma de la financiación autonómica.
Más fondos para todas las comunidades autónomas a costa de una mayor porción de los grandes impuestos. Esta es la fórmula con la que el Gobierno busca resolver el legendario sudoku de la financiación autonómica, doce años después de que caducase el modelo vigente. El hecho de que la propuesta anunciada por Hacienda fuese parcialmente anticipada un día antes por ERC, con quien se pactó (soliviantando desde Junts a PP), complica aún más la posibilidad de llevar a buen puerto un modelo que el Gobierno lanza en la recta final de una legislatura en la que su debilidad parlamentaria le ha impedido sacar adelante un solo Presupuesto.
"La reforma de la financiación autonómica es uno de los retos más complejos a que se enfrenta cualquier Gobierno", admitió el viernes al presentar el modelo la propia vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que lo trasladará formalmente a las regiones en un Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo miércoles. La piedra angular del proyecto es la inyección a las regiones de 21.000 millones de euros adicionales a los del modelo vigente, destinados a reducir de 1.500 a 477 euros la diferencia de financiación por habitante ajustado entre el territorio mejor atendido, Cantabria, y el peor, Murcia. De esta forma, los recursos para los territorios pasarían de los 152.484 millones de euros del ejercicio 2023, el último completamente liquidado, a 224.507 millones en 2027, cuando se aspira a tener el nuevo sistema en marcha. "Para esto sirve el récord de recaudación", reivindicó Montero, detallando que el plan supone ceder a las autonomías el 70% de los 30.000 millones de ingresos tributarios extra logrados en 2025.
Así, detalló, insuflar esta sobreinyección de fondos a las regiones pasaría por elevar la recaudación cedida a los territorios desde el 50% actual de IRPF al 55% y por aumentar la del IVA del 50% al 56,5%, manteniendo al 58% la entrega de los Impuestos Especiales. El Gobierno central renunciaría por esta vía a 16.000 millones que Montero admitió obligará a los Ministerios a contener sus incrementos de gasto.
Además, se incorporarían a la cesta de financiación ingresos con los que ya cuentan los territorios: el 100% de los impuestos de Sucesiones y Donaciones; Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; el Especial sobre Medios de Transporte; los tributos sobre el juego y tasas o el Impuesto sobre la Electricidad. También se incorporan a la ecuación el Impuesto de Patrimonio, el que grava los Depósitos Bancarios, el de Actividades del Juego y el de depósitos de residuos en vertederos, incineración y coincineración.
Hacienda propone además a quien lo desee pasar del sistema de entrega a cuenta, que se liquida a dos años vista, a la entrega inmediata de los fondos según se recauden.
Con estos fondos aspira Montero a lograr la cuadratura del círculo, esto es, a contentar tanto a las autonomías más extensas como a las de pequeño tamaño; a los territorios densamente poblados y a los de gran dispersión de vecinos; a las regiones envejecidas y a las que tienen abundante población en edad escolar; a las áreas expuestas a riesgos climáticos, a las que no; a las de gran dinamismo económico y a líderes en paro, enumeró.
El punto de partida es el cálculo de la población de cada región ajustada bajo determinados criterios para que sea comparable, teniendo en cuenta los sobrecostes que puedan afrontar. La ecuación propuesta por Hacienda parte del padrón vecinal (30% de la ponderación); prosigue atendiendo a la población protegida (38% del peso relativo), que determina el gasto sanitario necesario en función de los tramos de edad; tiene en cuenta los alumnos de educación primaria y secundaria (20,5% en total); y los servicios sociales para mayores de 65 años y parados sin prestación (8,5%). Finalmente, el modelo da un peso del 1,6% a la superficie de la región, del 0,5% a la dispersión de la población; un 0,5% a la insularidad y un 0,4% a los costes fijos. Montero aseguró que el sistema beneficia especialmente a las regiones que sufren despoblación, a las que no se restarán fondos aunque sigan perdiendo vecinos.
A partir de ahí, el sistema introduce un primer mecanismo de solidaridad interterritorial que introduce una nivelación horizontal al 75% de la distancia de la financiación por habitante ajustado respecto a la media. Así, las regiones "por debajo de la media reciben recursos y las que están por encima aportan". Posteriormente, se aplica una nivelación vertical en la que el Estado aporta 19.000 millones para limar en dos tercios la diferencia restante.
Estos elementos conforman el 98% del nuevo modelo. A partir de ahí, el Gobierno ha diseñado varios fondos. En primer lugar, las regiones podrán solicitar voluntariamente recibir parte de la recaudación del IVA generada por las pymes en su territorio, bien como transferencias directa o asumiendo el riesgo y liquidando el 5% por su cuenta. Se aportan aquí 2.100 millones.
En segundo lugar se crea un fondo para atender los efectos del cambio climático, dotado de 1.000 millones de los que dos tercios irán al arco mediterráneo. En tercer término, para que ninguna región reciba menos recursos que con el modelo actual, se crea un mecanismo de cierre que beneficiará a Cantabria y Extremadura con 400 millones. Además, se atenderá a los territorios que tienen transferidas competencias específicas con un pago adicional de IVA. Finalmente, ya fuera del sistema, se reforma el Fondo de Compensación Interterritorial (3.300 millones) para potenciar el dinamismo económico de las regiones peor paradas y se prevé el "desarrollo en red" de la Agencia Tributaria, para dar encaje a la financiación singular de Cataluña.
"No es verdad que lo que gana un territorio lo pierda otro", repuso Montero, asegurando que no hay "agravio territorial" alguno.
Inspectores, CCAA, barones y oposición critican el modelo
El modelo de financiación autonómica presentado ayer por Hacienda para los próximos cinco años tiene pocos visos de llegar a ponerse en marcha. El plan, que el Gobierno aspira a llevar al Parlamento antes de verano, despertó críticas tanto de los propios inspectores de Hacienda como de la oposición política, el grueso de comunidades autónonas, incluyendo a los barones socialistas, o hasta parte del secesionismo catalán.
Entre las primeras voces que surgieron en contra de la propuesta gubernamental destacó la de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que manifestó su "desacuerdo" con un modelo que "al margen del debate estrictamente financiero", que deja en manos de las regiones, "introduce de forma preocupante la cesión de competencias gestoras de la Agencia Tributaria a aquellas comunidades con mayor vocación de autogobierno". "Esta cesión supondría, en la práctica, un fraccionamiento de la Administración Tributaria estatal" que conllevaría más gasto público, ineficiencia en la gestión tributaria y debilitamiento de la lucha contra el fraude fiscal, denuncian los inspectores de Hacienda.
Las regiones del PP, con Madrid a la cabeza, comenzaron a amenazar, por su parte, con acudir a los tribunales si el modelo se llega a aplicar. "El nuevo sistema pactado con los independentistas está perjudicando a los madrileños, porque con los impuestos de los madrileños se va a tener que aportar más recursos para financiar toda esta fiesta independentista", denunció la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert. "Nosotros ya les decimos que desde la Comunidad de Madrid no vamos a permitir de ninguna manera -y vamos a utilizar todos los recursos legales- que a los madrileños se les dé menos recursos para los servicios públicos que a cualquier otro español", advirtió. Otras regiones gobernadas por el PP, como Aragón o Castilla y León también manifestaron su intención de acudir al Tribunal Constitucional para paralizar la reforma.
Las críticas llegaron incluso desde las propias filas socialistas, dond el el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, volvió a erigirse como gran crítico interno del Gobierno de Pedro Sánchez. "Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de esa España que ellos quieren romper, prefiero que hablen los españoles, y que lo hagan muy claro", dijo, apostando por un adelanto electoral.
Paradójicamente, el modelo tampoco contentó a parte del independentismo catalán. "O tienes un régimen común o un modelo singular. Singular y común no es compatible", declaró el vicepresidente de Junts y diputado en el Parlament catalán, Toni Castellà. "Lo que planteamos es una enmienda a la totalidad constructiva en que el texto alternativo sea transitar hacia el modelo de concierto económico", detalló.
El líder de ERC, Oriol Junqueras, que pactó el modelo con Sánchez, replicó que no aceptarlo dejaría en manos de Hacienda 4.700 millones que podrían ir a parar a Cataluña.
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