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Sr. García .Málaga
Domingo, 11 de enero 2026, 00:20
... arquitectura autonómica española. Es, por el contrario, un punto de inflexión político y moral que reabre un debate que parecía razonablemente cerrado desde la Transición: el principio de solidaridad entre territorios como pilar esencial de la convivencia y la cohesión nacional.España construyó su modelo autonómico sobre una idea clara: la igualdad de derechos de los ciudadanos vivan donde vivan y la solidaridad entre territorios como mecanismo de compensación y equilibrio. No fue un planteamiento ingenuo ni retórico, sino una decisión consciente para evitar fracturas territoriales y desigualdades estructurales. Comunidades como Andalucía o Extremadura han sido, desde entonces, ejemplo de lealtad constitucional y de confianza en ese sistema, incluso cuando partían de situaciones económicas más desfavorables propiciadas y mantenidas durante siglos por el poder político de cada tiempo.
El pacto con ERC introduce una lógica distinta y profundamente peligrosa: la del 'pago político' como moneda de cambio para sostener una mayoría parlamentaria frágil. No es un acuerdo pensado para mejorar el sistema de financiación autonómica en su conjunto, ni para corregir desequilibrios de forma justa y transparente. Es, sencillamente, una cesión más a un socio imprescindible para la supervivencia del Gobierno y de Pedro Sánchez. Y eso lo cambia todo.
Porque cuando la financiación deja de responder a criterios objetivos —población ajustada, necesidades reales, capacidad fiscal o nivel de servicios— y pasa a depender del chantaje parlamentario, el sistema deja de ser justo y se convierte en arbitrario. Y cuando eso ocurre, los territorios que cumplen, que no tensan la cuerda y que no amenazan con romper el marco común son, paradójicamente, los grandes perjudicados.
Andalucía ha alzado la voz, con toda la razón del mundo, ante lo que considera una amenaza directa a la igualdad entre españoles. No se trata de un discurso victimista ni de una reivindicación oportunista, sino de una advertencia fundada: cualquier privilegio concedido al margen del sistema común debilita al conjunto y erosiona la confianza entre comunidades. Lo mismo cabe decir de otras regiones que observan con inquietud cómo el tablero se inclina siempre hacia el mismo lado.
El Gobierno insiste en que no hay ruptura de la solidaridad, que el acuerdo es compatible con el modelo vigente y que no perjudica a nadie. Pero esa explicación resulta difícil de sostener cuando los recursos son finitos y cuando cada euro que se asigna de manera excepcional a una comunidad deja de estar disponible para el resto. La política, como la economía, también se rige por sumas que rara vez son infinitas.
Más allá del debate financiero, hay una cuestión de fondo que preocupa aún más: el precedente. Si Cataluña obtiene un trato singular por su peso político, ¿qué impide que otras comunidades intenten recorrer el mismo camino? ¿Qué incentivos quedan para la cooperación leal si el mensaje implícito es que la confrontación da mejores resultados que la responsabilidad institucional?
España no puede permitirse una deriva en la que la cohesión territorial se negocie a plazos y al ritmo de las investiduras. La solidaridad no es un concepto retórico ni una concesión graciosa del Estado, sino un principio constitucional que ha permitido décadas de estabilidad, progreso y convergencia. Romper ese consenso, aunque sea de forma gradual y silenciosa, es un error de enorme calado.
El acuerdo con ERC puede garantizar unos meses más de estabilidad parlamentaria al Gobierno de Pedro Sánchez. Pero lo hace a costa de debilitar uno de los pilares sobre los que se ha construido el Estado autonómico. Y cuando se sacrifica el interés general para sostener una mayoría coyuntural, el precio que se paga suele ser mucho más alto que el beneficio inmediato.
Porque la solidaridad, cuando se quiebra, no siempre se rompe de golpe. A veces se erosiona poco a poco, acuerdo a acuerdo, hasta que un día descubrimos que ya no queda nada que la sostenga.
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