El presidente de Mercadona, Juan Roig. EFE
Editorial EL RUGIDO DE EL ESPAÑOL La recaudación récord da margen al Gobierno para bajar impuestos sobre la energía y la alimentación Publicada 11 marzo 2026 02:40hEspaña vuelve a afrontar un shock de precios por una guerra lejana, esta vez en Irán, y otra vez la pregunta es quién paga la factura: si los hogares y las empresas, o un Estado que ve cómo su recaudación aumenta gracias a la inflación.
En este contexto, no basta con pedir resiliencia. La respuesta responsable es usar ese margen fiscal para aliviar la carga sobre la energía y la alimentación.
Los datos son elocuentes. Desde el inicio del conflicto, el petróleo y el gas se han encarecido con fuerza, tensionando de nuevo los precios de la luz y de los carburantes en España.
Funcas estima que, si la guerra se prolonga unos meses, la inflación puede superar el 3% este año y restar dos décimas al crecimiento previsto. Europa Press y otros servicios de estudios recuerdan el precedente de la invasión de Ucrania: un IPC cercano al 10% y un deterioro severo del poder adquisitivo de las familias.
El patrón se repite. Suben combustibles, gas y electricidad. Detrás, los costes de transporte y los fertilizantes. Y, en cascada, el precio de los alimentos.
Hay, además, un efecto fiscal silencioso. La inflación actúa como un impuesto encubierto. Sin tocar tipos, el Estado cobra más IVA y más impuestos especiales porque la base imponible son precios más altos.
El PP calcula que una subida del 30% en la energía puede generar varios miles de millones adicionales de recaudación. No es riqueza nueva, sino un traspaso de recursos desde hogares y empresas hacia la Administración.
Lo razonable, en una economía de mercado que aspira a ser competitiva, es devolver una parte de ese exceso de recaudación a través de una rebaja selectiva de impuestos sobre energía y alimentación.
En ese debate, la voz de empresarios como Juan Roig merece ser escuchada. El presidente de Mercadona admite la necesidad de pagar impuestos y reconoce el papel del Estado, pero subraya que, ante un shock externo de oferta, no tiene sentido cargar el peso sobre el consumo ni sobre quienes crean empleo.
Su propuesta de avanzar hacia un IVA 0% en alimentos básicos y de aliviar la presión fiscal y burocrática sobre el tejido productivo no es un capricho corporativo, sino una forma de repartir de manera más equitativa los costes de una crisis que España no ha provocado.
La oposición ha puesto sobre la mesa un esquema fiscal que va en esa dirección. El plan presentado por Alberto Núñez Feijóo propone deflactar el IRPF hasta un 10% en el primer tramo, un 5% en el segundo y un 3% en el tercero, elevar un 10% el mínimo personal y duplicar los mínimos por descendiente, devolviendo alrededor de 3.200 millones de euros a más de 16 millones de contribuyentes.
Según las cifras de Génova, el 85% del beneficio recaería sobre declarantes con rentas inferiores a 60.000 euros, con un alivio especial para quienes ganan entre 18.000 y 40.000 euros.
Es, en la práctica, una corrección de la llamada “progresividad en frío”: la inflación acumulada, superior al 20%, ha funcionado como una subida encubierta de impuestos.
El segundo pilar de ese plan apunta directamente al coste de la energía. El PP propone bajar al 10% el IVA de combustibles, electricidad y gas para todos los consumidores y suprimir el impuesto a la generación eléctrica, lo que reduciría el recibo final entre un 3% y un 4%.
Son cifras que dan contenido a una intuición compartida por buena parte de la clase media: si los sueldos reales no suben, al menos debería aliviarse la mordida fiscal sobre las nóminas y las facturas básicas.
Mientras tanto, el Gobierno se limita a asegurar que “estudia” la situación y que está “preparado para reaccionar”, sin concretar un calendario ni un paquete definido de medidas.
El contraste con países como Portugal, que ha anunciado rebajas extraordinarias del impuesto a los carburantes para devolver la recaudación adicional del IVA, o con Croacia, que ha fijado precios máximos del combustible, es evidente.
España, con una de las inflaciones acumuladas más altas de la eurozona en los últimos años y con una clase media muy castigada, no puede permitirse otra respuesta tardía.
Hay, por último, una cuestión de equidad intergeneracional y de modelo de país. España invierte apenas el 1% del PIB en políticas de familia e infancia, frente al 1,9% de media en la UE, y la propuesta de duplicar los mínimos por hijo en el IRPF apunta a corregir ese déficit incentivando la natalidad sin renunciar a la neutralidad económica.
En una economía abierta expuesta a shocks recurrentes, la mejor protección para la clase media no es un Estado más pesado, sino un Estado más inteligente: que devuelva lo que recauda de más por la inflación, que alivie la carga sobre la producción y el consumo básicos, y que permita a las empresas invertir y crear empleo.
El Gobierno tiene margen, y ahora también tiene un mapa de ruta fiscal sobre la mesa. Hágase.