La regularización de migrantes del Gobierno se examina hoy ante el Supremo

El alto tribunal celebra la vista, aplazada en su día por necesidades del servicio, para escuchar los recursos de Vox, la Comunidad de Madrid y varias asociaciones que piden la suspensión del proceso

Almudena Santos

El pulso judicial contra la política migratoria del Ejecutivo vive hoy un capítulo decisivo en el Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo celebra ... este viernes la vista de alegaciones para decidir sobre la paralización cautelar de la regularización de migrantes del Gobierno. Sobre la mesa del tribunal se acumulan los recursos de la Comunidad de Madrid, Vox y colectivos como Hazte Oír, en una jornada de alegaciones que abre un periodo de deliberación del que dependerá el futuro inmediato de la medida del Ejecutivo.

Según los últimos datos ofrecidos por la ministra Elma Saiz el pasado miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, ya se han asignado más de 150.000 citas en un proceso que marcha «según lo previsto» y sin el «caos» denunciado por la oposición, a pesar de las largas colas iniciales. Y aunque el Ejecutivo defiende a capa y espada el decreto aprobado por el Consejo de Ministros hace algo más de un mes, algunos de sus socios han lanzados ciertas críticas. Desde EH Bildu, por ejemplo, tildan el despliegue de «gincana administrativa» y desde Más Madrid denuncian que no se haya incluido a los apátridas dentro del proceso de regularización. Además, algunas entidades sociales, como Accem, alertan del «tapón» administrativo inicial, la exclusión de migrantes en el mundo rural por falta de información y el colapso consular de países como Mali, Nicaragua o Cuba para emitir certificados de penales; dificultades que han desatado una fuerte presión para prorrogar el plazo, una opción que, por ahora, el Gobierno descarta.

El frente opositor y las plataformas civiles basarán su estrategia de este viernes en demostrar que el decreto del Ejecutivo provoca un perjuicio «irreparable» para el Estado, el requisito legal indispensable para que el Supremo conceda una suspensión cautelar. En los escritos presentados ante el Supremo, denuncian que la apertura de este proceso genera un «efecto llamada de dimensiones incalculables» que desborda las capacidades de absorción del país. La Comunidad de Madrid lidera la ofensiva institucional alegando una asfixia directa sobre sus competencias y finanzas. Argumentan que el afloramiento masivo de personas sin un plan de financiación estatal asociado termina saturando de forma inmediata los servicios de asistencia social, la sanidad pública y el sistema educativo madrileño, unas infraestructuras que, según el Gobierno regional, ya se encuentran tensionadas.

Más allá de este argumento -el de una «sanidad colapsada por extranjeros»-, los demandantes centran sus recursos en la supuesta ilegalidad de la propia arquitectura jurídica de la medida, tachándola de «fraude de ley» y de «amnistía migratoria encubierta» destinada a saltarse los cauces ordinarios previstos en la ley de extranjería. Vox y Hazte Oír sostienen que el Gobierno ha incurrido en una desviación de poder al regularizar por la vía rápida a miles de personas en situación irregular bajo el pretexto de una urgencia humanitaria que consideran «fabricada». Para los recurrentes, las «largas colas» y el colapso administrativo que el propio Ministerio minimiza en sus declaraciones no son problemas de gestión puntuales, sino la prueba fehaciente de un procedimiento descontrolado que vulnera el principio de seguridad jurídica y las fronteras de la Unión Europea.

En el lado opuesto, la Abogacía del Estado saldrá armada con el aval técnico del Consejo de Estado y con el objetivo de desmontar la existencia de ese supuesto «perjuicio irreparable» que denuncian las otras partes. Los servicios jurídicos del Gobierno sostendrán ante el alto tribunal que suspender el proceso a estas alturas, con más de 150.000 citas ya en marcha y a las puertas del vencimiento del plazo el 30 de junio -casi un mes más-, sí que generaría un verdadero caos administrativo y una vulneración de las expectativas legítimas de miles de personas. Y es que, para el Ejecutivo, la medida no es un «efecto llamada», sino que se trata de un ejercicio de realismo económico y ordenamiento público que saca de la «invisibilidad» laboral a los migrantes que ya residen y trabajan en el país. Con las cartas de ambas partes sobre la mesa, la Sala de lo Contencioso-Administrativo abre a partir de este viernes un periodo de deliberación hasta que den a conocer el auto definitivo que confirmará si uno de los planes estrellas en la política migratoria del Ejecutivo sigue adelante o queda paralizado.

• Más temas
• Vox
• Hazte Oír
• Comunidad de Madrid
• Migrantes