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Ilustración José IbarrolaJosé María Vera
Director ejecutivo de Unicef España
Miércoles, 15 de abril 2026, 00:30
... situación irregular, algo que, más allá de términos y conceptos, tiene un impacto negativo en su día a día y en su vida cotidiana: separaciones familiares por razones meramente administrativas, problemas para encontrar un empleo formal, barreras para conseguir vivienda o dificultades para acceder al sistema de salud. Miedo a ser detectados y expulsados del país.Es por ello que la regularización extraordinaria de personas migrantes es una cuestión de derechos, puesto que contribuirá a promover la integración social de muchas personas vulnerables y a prevenir su marginación social. En el caso de la infancia, responde también a una demanda del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que viene recomendando desde hace tiempo que los países faciliten vías para la regularización de migrantes, en situación irregular, que residan con sus hijos e hijas.
Esta medida podría beneficiar y contribuir a la protección de cerca de 200.000 niños y niñas, según las últimas estimaciones disponibles. Pero tras cada cifra hay una historia y una familia que, en muchos casos, llevan años viviendo, trabajando o estudiando en España. La falta de documentos de residencia lleva únicamente a una situación injusta y de vulnerabilidad que, en última instancia, repercute en una falta de integración en la sociedad a la que están contribuyendo con su trabajo.
Comparto un caso extremo y que me coge muy cerca. Conocí en Melilla a S. y M., gemelas que ahora tienen quince años, y a sus padres. Aunque nacieron en Melilla y vivieron siempre en esta ciudad, nunca se les permitió regularizar su situación. De hecho, no estuvieron escolarizadas en el sistema educativo español, sino en una escuela informal sostenida por Marruecos, hasta hace apenas cuatro años. No encontraron otra vía para moverse a la Península que solicitar asilo, que les fue denegado. Hoy viven en un pueblo de Valencia, en situación de extrema precariedad, al límite del abandono escolar, con todas las dificultades para encontrar vivienda, el salario miserable de la madre y sin apenas protección social. Su regularización, además de ser de estricta justicia, más en este caso, les permitirá un mayor acceso a vivienda, trabajo y derechos sociales.
Es difícil imaginar lo que supone vivir con una espada de Damocles sobre la cabeza, con una sensación continua de riesgo, incertidumbre e inseguridad. No poder salir del círculo de la precariedad laboral. Tener difícil acceder a una vivienda digna y terminar viviendo hacinado o en malas condiciones. Vivir con miedo a ser detectado o expulsado del país. En los últimos tiempos, también, estar sometido a una creciente criminalización y estigmatización, con un aumento de los discursos y mensajes xenófobos. Que todas estas preocupaciones lleguen a afectar a la salud mental.
Desde que se anunció esta regularización extraordinaria, la séptima en nuestro país, los partidos políticos y los medios han abordado el tema desde la perspectiva jurídica, legal, de seguridad o económica. Pero ¿quién habla de derechos humanos? ¿Y de derechos de infancia? Más allá de debates políticos, la medida permitirá sacar de las sombras a cientos de miles de personas cuya situación de irregularidad administrativa les hace invisibles.
Para los niños y niñas, supondrá un acceso efectivo al sistema sanitario, una menor dificultad para continuar su educación, una mayor protección social, y una mayor estabilidad familiar y personal. Supondrá una infancia más justa, con un mayor cumplimiento de sus derechos, más oportunidades y una mayor igualdad de condiciones respecto al resto de niños que viven en España.
La RAE define 'regularizar' como 'legalizar, adecuar a derecho una situación de hecho o irregular'. Y eso es, ni más ni menos, lo que se conseguirá con esta medida: oficializar y normalizar la situación de cientos de miles de personas migrantes que, como usted y como yo, se levantan cada mañana para ir a su lugar de trabajo. Con la diferencia de que no hay documento que lo atestigüe, por lo que sus derechos se ven comprometidos debido a esa irregularidad administrativa.
Regularizar a la población migrante que vive y trabaja en España, y que dejen de sentir que viven en una continua cuerda floja, es indispensable. Beneficiará a la economía y las finanzas públicas, pero por encima de todo es, sencillamente, una cuestión de dignidad, justicia y derechos. Especialmente para la infancia que reside en nuestro país.
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