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- El Gobierno de Trump estudia comprar un 10% de Intel
- Economía se lanza a cambiar dos leyes para apuntalar el escudo anti-opas
De Intel a IBM o Lithium Americas, el Gobierno estadounidense se lanza al intervencionismo e incluso se plantea crear un fondo soberano.
La ola global de mayor intervencionismo público en el mundo empresarial tiene como uno de sus principales exponentes al Gobierno estadounidense, que dentro de su política de seguridad nacional y autonomía estratégica se ha lanzado a comprar participaciones en compañías de diversos sectores, desde la tecnología a la industria pesada, la energía o la minería.
Desde enero de 2025, fecha en la que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos por segunda vez, su Administración ha anunciado más de 30 inversiones directas en empresas, por un valor total de 27.600 millones de dólares (unos 25.000 millones de euros), según estima el banco de inversión Jefferies.
Por su importe, destacan las compras de acciones en Intel, Korea Zinc, USA Rare Earths, Lithium Americas, IBM y L3 Harris.
Reparto por sectores
El sector preferido por Trump es el de los semiconductores, al que ha dedicado un 46% de la inversión total. Se trata de una industria que la Casa Blanca considera estratégica por la utilización de sus chips en las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial (IA). Además de Intel, ha tomado participaciones en otras firmas como SandBoxAQ o I-Pulse.
Detrás llega el sector de los minerales críticos, al asumir un 36% del desembolso del Ejecutivo estadounidense en participaciones empresariales. Trump quiere asegurarse el suministro de metales como el litio o wolframio, por su utilización en baterías eléctricas, material de defensa y equipos electrónicos. Eso explica la entrada en compañías como USA Rare Earths, Lithium Americas, Korea Zinc o Atlantic Alumina.
Un 8% de la inversión va al ámbito de la computación cuántica, un 6% a la energía y un 4% a grupos de Defensa.
Aunque hay voces en Washington que reclaman la constitución de un fondo soberano para canalizar las operaciones, al menos las vinculadas al desarrollo de la IA, de momento no hay un único hólding (al estilo de la Sepi española), sino que las compras están repartidas entre diferentes ministerios y sociedades públicas.
Muchas de las transacciones han sido lideradas por el departamento de comercio que lidera Howard Lutnick -un exbanquero de negocios de Cantor Fitgzerald-, al realizar más de 20 de las adquisiciones estatales.
Como marco legal para esa ola de inversión, Comercio utiliza la Ley Chips de 2022, aprobada por Joe Biden cuando era presidente de Estados Unidos, y que permite al Gobierno subvencionar determinados proyectos. De hecho, algunas de las adquisiciones corresponden a canjes de deuda o garantías públicas que habían sido concedidas a las empresas por acciones en esas mismas sociedades.
Los departamentos de Energía, Defensa, Economía y la corporación de financiación al desarrollo internacional son los protagonistas del resto de adquisiciones.
En el caso del Tesoro estadounidense (Economía), su única intervención le otorgó en 2025 una acción de oro para vetar decisiones estratégicas en la compañía siderúrgica US Steel, como condición para aprobar la compra por su rival nipón Nippon Steel.
Tradicionalmente, Estados Unidos había sido un faro de la liberalización y las privatizaciones. Su principal arma de intervención era el comité de inversiones extranjeras (Cfius), que puede vetar compras de empresas por países considerados hostiles.
Pero la disputa con China por la hegemonía económica global ya llevó a Washington a un mayor intervencionismo en el primer mandato de Trump (2017-2020), sobre todo con la política arancelaria. Biden siguió con esa línea, acentuada además por el Covid y la guerra de Ucrania, aunque se limitó principalmente al uso de subsidios y garantías a sectores como las renovables y la tecnología.
La novedad en este segundo mandato de Trump es que se ha optado por una intervención más directa con la citada compra de participaciones. El Ejecutivo entiende que, ante la pelea con China y otros países por garantizar los suministros clave, es necesario tener voz y voto en las decisiones de las compañías consideradas clave.
Fondo soberano
En febrero de 2025, la Casa Blanca firmó una orden en la que pide a los departamentos de Comercio y al Tesoro que estudien la creación de un fondo soberano para "promover la sostenibilidad fiscal, reducir la carga de impuestos en las familias americanas y las pequeñas empresas, garantizar la seguridad económica y promover el liderazgo económico y estratégico de Estados Unidos a nivel internacional".
Aunque el proyecto está por definir, los analistas de Jefferies esperan que esta estrategia de intervención se "institucionalice en EEUU, apoyada por los dos partidos".
La doble intervención española
El Gobierno español no se ha quedado atrás en la carrera intervencionista desatada especialmente a partir de la pandemia del Covid en 2020 y luego por la invasión rusa de Ucrania de 2022. El Ejecutivo de Pedro Sánchez actúa en dos frentes.
Por un lado, existe un nuevo mecanismo de control de las inversiones extranjeras en sectores estratégicos, que le ha permitido vetar la opa de la empresa húngara Magyar Vagon sobre Talgo y la compra del 29,9% de Prisa por Vivendi; así como poner condiciones a la opa de IFM sobre Naturgy o a la entrada de STC en Telefónica. Ahora mismo, el Gobierno prepara un proyecto de Ley para endurecer todavía más ese blindaje, denominado como escudo anti-opas, que afecta incluso a inversores de estados miembros de la UE.
Por otro lado, el Ejecutivo no duda en realizar inversiones directas en empresas para influir como accionista significativo. Así lo hizo en Telefónica, al tomar un 10% del capital para hacer frente a STC. También ha entrado en el accionariado de Talgo y ha elevado su presencia en el grupo Indra.
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