(De izq a der) Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI y presidente interino durante alguno de los rescates; Belén Gualda, actual presidenta de la SEPI; Vicente Fernández, miembro del grupo 'Hirurok' y expresidente del holding. Europa Press
España La Sepi, vista por su plantilla: así se convirtió en un "nido de víboras" con 27 imputados en su órbita, tres de ellos presidentesVicente Fernández, miembro de Hirurok; su sustituto como interino, el vicepresidente Bartolomé Lora, y la hoy presidenta, Belén Gualda, salpicados.
Más información: Conchita, la veterana "mano derecha de Vicente Fernández" en la Sepi que 'ayudó' a la 'trama Leire' a embolsarse 575.800 €.
David G. Maciejewski Publicada 4 julio 2026 03:07h Las clavesLas claves Generado con IA
El cruce de intereses privados, alta política y fondos públicos ha encontrado su escenario más sombrío en los pasillos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la Sepi.
La plantilla del holding público, dependiente del Ministerio de Hacienda, contempla con estupor cómo las decisiones que comprometían decenas de millones de euros de los contribuyentes dejaban de responder a criterios técnicos para dirimirse en reservados de restaurantes y chats encriptados.
La actualidad más reciente de la entidad está marcada por una marea de imputaciones que dibuja un auténtico "nido de víboras", en palabras de trabajadores que ostentaron altos cargos de responsabilidad en la Sepi, que se ha ido "perpetuando a lo largo de los años".
La presidenta de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, en febrero de 2025. Jesús Hellín / Europa Press
El juez Santiago Pedraz incluyó esta misma semana a 25 nuevos imputados en el marco del caso Leire por su relación con la órbita de la Sepi.
Entre ellos se encuentra el expresidente de ENUSA José Vicente Berlanga, el directivo de Acciona Francisco Javier López Buciega, el expresidente de Mercasa José Ramón Sampere, el directivo del Grupo Forestalia Fernando Samper Rivas y Francisco Irazusta, ex CEO de Tubos Reunidos.
Y, aún más grave, la actual presidenta de la Sepi, Belén Gualda, y varios miembros y exmiembros de su cúpula directiva, entre ellos Julián Mateos Aparicio, Miguel Ángel Figueroa, Concepción Ordiz, Rosario Martín y Fernando Albert.
La imputación de Gualda se suma a la del expresidente de la entidad, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, detenido en diciembre de 2025 por su participación en el grupo criminal Hirurok (el grupo de mensajería en el que estaban Leire Díez y Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar).
Las empresas controladas por la Sepi acumulan pérdidas de 1.600 millones de euros desde que Belén Gualda es presidentaTambién a la citación como investigado del vicepresidente de la Sepi, Bartolomé Lora Toro, quien ejerció como presidente en funciones durante algunos rescates comprometidos, como los de Plus Ultra, Duro Felguera, Ávoris y Air Europa.
Esta acumulación de altos cargos investigados en ejercicio o con vinculación reciente a la Sepi ha sumido a la plantilla en estado de shock, y confirma la sospecha de que los controles independientes del organismo no funcionaron.
La secuencia que mejor resume esta deriva ocurrió a finales de noviembre de 2024, en la fase de seguimiento del rescate a Tubos Reunidos, el escándalo más reciente.
La metalúrgica vasca había vendido unos activos en Sestao por más de 15 millones de euros. Dinero que, según las cláusulas del rescate, debía destinarse a amortizar la deuda que tenía la empresa con el erario público.
Belén Gualda, jefa del 'holding' de Sánchez, imputada por favorecer a la trama criminal que amañaba rescates en la SepiSin embargo, la dirección de Tubos Reunidos deseaba retener 10 millones de euros para su caja, por lo que recurrieron a la red de conseguidores de Leire y Vicente Fernández.
Para camuflar la petición financiera, Leire revisó el borrador oficial de la solicitud y ordenó incluir de forma preferente datos de fomento del empleo femenino en la planta de Amurrio, sabiendo que un barniz de género haría más sencillo que la presidencia de la Sepi no rechazara el expediente.
La maniobra se acordó en un almuerzo de la trama con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en un restaurante del madrileño barrio de Hortaleza. Cerdán, de hecho, ya se había reunido en noviembre de 2024 con la trama y los representantes de Tubos Reunidos en la calle Ferraz, según apareció en una agenda manuscrita incautada por la UCO.
Pocos meses después, el 28 de marzo de 2025, la Sepi autorizó una dispensa excepcional a la empresa y Tubos Reunidos acordó pagar a Vicente Fernández, en compensación, una comisión extraordinaria de 40.000 euros.
Vicente Fernández ofrecía a sus clientes negocios con la Sepi: del estiércol de los caballos del hipódromo a las placas solares en los tejados de CorreosSin embargo, la primera fase de esta relación ilícita se había iniciado años atrás, en los momentos más dramáticos de la parálisis económica por la pandemia.
El 7 de enero de 2021, la siderúrgica registró formalmente ante la Sepi su solicitud de apoyo público temporal por un importe de 115 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), un mecanismo creado específicamente para rescatar a empresas afectadas durante la Covid-19.
El expediente de Tubos Reunidos inició un recorrido burocrático que, según el reglamento del FASEE, requería el análisis riguroso de elegibilidad por parte de la Dirección de Participadas de la Sepi, la intervención de asesores externos independientes y el visado de la asesoría jurídica.
Estos controles debían garantizar que la inyección de capital público se realizaba sobre una compañía con perspectivas reales de viabilidad y libre de deudas.
El Gobierno tapó la trama de corrupción de la Sepi purgando a altos cargos que favorecían a clientes de Vicente FernándezAnte el riesgo de que la ayuda no saliera adelante, la red Hirurok activó todos sus resortes de tráfico de influencias. Valiéndose de los contactos técnicos que Fernández tenía en la Sepi, el grupo consiguió extraer borradores e informes de viabilidad de carácter "CONFIDENCIAL" para mandárselos por la aplicación encriptada Threema.
Al conocer por estas filtraciones que la Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ponía reparos al rescate, la trama ordenó presionar políticamente a la cúpula del PNV en su sede de Sabin Etxea para que exigiera la aprobación inmediata de la ayuda al Gobierno central.
La estrategia de coacción dio sus frutos: el 13 de julio de 2021, el Consejo Gestor del FASEE aprobó formalmente la concesión del crédito participativo por un importe de 112,8 millones de euros, siendo autorizado por el Consejo de Ministros el 20 de julio de 2021.
Dos semanas después de la inyección pública, la red exigió su recompensa.
El entonces presidente de la siderúrgica, Francisco Irazusta, firmó un contrato ficticio de asesoría a razón de 5.000 euros mensuales encubiertos como supuestos "trabajos de prospección de mercados". Por esta vía, la red llegó a facturar un total de 127.050 euros.
Gualda: la presidenta en el foco
Cuando el rescate de Tubos Reunidos entró en su fase decisiva, la presidenta de la Sepi ya era Belén Gualda González. Había sido nombrada oficialmente el 30 de marzo de 2021, apenas unos meses antes de que el Consejo Gestor del FASEE aprobara la operación que acabaría inyectando 112,8 millones de euros a la compañía.
Gualda, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada, llegó a la Sepi después de una etapa muy breve al frente de Navantia, la constructora naval pública. Apenas cinco meses.
Su trayectoria previa se había desarrollado de forma casi íntegra en el sector público andaluz, bajo gobiernos socialistas, con distintos cargos de responsabilidad en la Junta de Andalucía. "Es una chica del PSOE", sostienen las fuentes consultadas.
Entre 2008 y 2019 fue directora general de Transportes y de Infraestructuras y Explotación del Agua en la Junta de Andalucía y Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático de dicha consejería y directora gerente de la Agencia de Obra Pública de Fomento y Vivienda.
Belén Gualda, presidenta de la SEPI, junto a Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y María Jesús Montero en plena pandemia. Raúl Lomba / Europa Press
Por tanto, las fuentes consultadas interpretan el ascenso de Gualda (designada presidenta de la Sepi por Consejo de Ministros a propuesta de María Jesús Montero) como una decisión de carácter político.
"El jefe de Gualda es Montero. Punto. Como sabía que Vicente Fernández tenía mucho que ocultar, al llegar a la Sepi comenzó a limpiar y barrió a varias personas de su equipo. Pero siempre obedeció a la ministra".
Ese proceso interno es recordado por parte de la plantilla de carrera de la Sepi como un punto de inflexión.
Según señalan las fuentes, la llegada de Gualda supuso una alteración de los equilibrios técnicos que hasta entonces habían funcionado como contrapeso dentro del holding público.
Belén Gualda, la otra protegida de María Jesús Montero: tras los pasos de Vicente Fernández con 258.785€ de sueldoPor ejemplo, la eliminación de la histórica Dirección de Planificación y Control, cuya función, según la describen, consistía en analizar la situación de las empresas públicas, revisar planes de viabilidad, detectar desviaciones presupuestarias y advertir de potenciales riesgos.
La decisión de sustituir aquella dirección por una Dirección de Estrategia fue leída internamente como algo más que un cambio de organigrama. "Tú no quitas ese control a los pocos meses de tu nombramiento si no quieres hacer algo sucio".
La versión oficial de la Sepi presentó aquella reorganización como una modernización de su estructura. Sin embargo, las fuentes consultadas sostienen que el efecto práctico fue otro: reducir el peso de los controles técnicos tradicionales y concentrar mayor capacidad de decisión en la presidencia y en los equipos alineados con ella.
En ese contexto se tramitó el expediente de Tubos Reunidos. El rescate se convirtió en una de las operaciones más relevantes del FASEE, creado por el Gobierno durante la pandemia para auxiliar a compañías consideradas estratégicas.
Sánchez admite "un solo caso" pero la corrupción carcome las instituciones: 42 imputados, de Sepi o Red.es a la Guardia CivilAhora, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a Belén Gualda como investigada en el caso Leire. La investigación examina si la presidenta de la Sepi tuvo un papel activo en la aprobación del rescate.
Anticorrupción sostiene que vulneró los principios de objetividad e imparcialidad exigibles a su alto cargo al adquirir un "compromiso" con el CEO de la siderúrgica para garantizar la aprobación de dicha inyección económica.
Es más, en junio de 2021, un directivo de la Sepi, Miguel Ángel Figueroa, informó a Fernández de que "BG", iniciales de Belén Gualda, tenía la firme intención de "sacar" y agilizar varias operaciones la semana siguiente. Entre ellas, la solicitud la de Tubos Reunidos.
La implicación de Gualda se extiende también a la fase posterior de seguimiento del crédito.
Quien maneja 30.000 millones de dinero público en empresas cotizadas no puede estar ni un día bajo sospechaEn marzo de 2025, Sepi autorizó a Tubos Reunidos a quedarse con casi 10 millones de euros procedentes de la venta de un inmueble en Sestao, en lugar de destinarlos a amortizar el préstamo público recibido.
Aunque la autorización fue firmada materialmente por el director del FASEE, Julián Mateos-Aparicio, también imputado, la operación se formalizó por delegación de firma de la presidenta de Sepi.
Esta cadena de firmas y favores la sitúa hoy ante la imputación formal. Pese a todo, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene "toda la confianza" en la directiva, ya que en las diligencias "no aparece ningún elemento que comprometa" a Gualda.
Por lo tanto, secundan "el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos".
Las operativas en duda
El juez Pedraz detalla un presunto mapa de corrupción estructurado que colonizó progresivamente los estamentos de toma de decisiones de la Sepiy sus empresas dependientes más allá del caso de Tubos Reunidos.
Los integrantes de 'Hirurok' necesitaban una red estable de cómplices en el sector público y privado para dar ropaje legal a sus amaños, alterando pliegos y forzando licitaciones a cambio de sustanciosas mordidas.
Hay más casos sobre sospecha. Por ejemplo, destaca la investigación en ENUSA,empresa pública del uranio, donde se indaga sobre el amaño del pliego de condiciones para ceder en usufructo a la multinacional Acciona las participaciones públicas en las plantas de residuos de Melilla y Castellón.
O la que se centra en la adjudicación irregular de obras del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) a la constructora Erri Berri.
El PNV mantiene vivo el sueño de controlar la SEPI aprovechando la agonía del Gobierno de SánchezLa cuarta investiga el desvío de 17,32 millones de euros de inversión pública estatal de la filial SEPIDES a favor de la empresa Arapellet, perteneciente al grupo renovable Forestalia. Y la quinta se focaliza en el pelotazo inmobiliario de Mercasa.
Para lavar los fondos de estas actividades ilícitas, la organización instrumentalizó a las sociedades de los conseguidores, principalmente Mediaciones Martínez S.L. y Servinabar 2000 S.L., a través de las cuales se facturaron cientos de miles de euros en recibos de asesoramiento y trabajos de mantenimiento presuntamente falsos.
El resultado del conjunto de las operaciones bajo sospecha arroja un desvío superior a los 132 millones de euros públicos de la órbita de la Sepien beneficio de la red y las constructoras aliadas.
De Conchita a Charo
Entre los nuevos imputados por la Audiencia Nacional se encuentran varios altos cargos de la Sepi y de empresas participadas por ella, como Conchita Ordiz, Miguel Ángel Santiago o Julián Mateos-Aparicio.
Ordiz, actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), fue promocionada a la secretaría general de la Sepi por el PP de la mano de Cristóbal Montoro, se mantuvo tras el relevo gubernamental con Vicente Fernández en la presidencia y, después, se incorporó a Red Eléctrica (REE) de la mano del socialista Jordi Sevilla.
Tras ser fulminada por Teresa Ribera "por intentar sobrecargar los costes regulados del sistema", según señalan a EL ESPAÑOL fuentes de Red Eléctrica, fue reubicada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para presidir el TACRC, el organismo que fiscaliza las licitaciones públicas de España.
Desde esa atalaya, Ordiz presuntamente "cumplió" con Vicente Fernández al desestimar el recurso de la competencia contra el amaño de las obras de Avilés a favor de la constructora Erri Berri. "He quedado con la Presidenta del Tribunal de Contratos para que esté alineada con nosotros cuando se produzca el recurso", escribió Fernández por el grupo de Threema.
María de la Concepción Ordiz, durante una charla. YouTube
El TACRC, efectivamente, desestimó el recurso y consolidó la adjudicación en favor de la UTE integrada por Erri Berri. Un día después, el 22 de enero de 2022, Vicente Fernández remitió al grupo Hirurok un mensaje felicitándolos por lo "conseguido para Erri Berri", exponiendo que "ha sido un año de trabajo, de gestiones con unos y con otros".
Fuentes cercanas a la Sepi definen a Conchita Ordiz como una profesional de "extrema ambición profesional" y "el peor perfil de funcionario que hay: el que trafica con el poder que tiene".
Existe otra figura que también representa la claudicación de la neutralidad: Rosario Martínez Manzanedo, interventora general del Estado y Directora de Participadas de la Sepi.
La investigación revela que su firma técnica acabó validando las propuestas favorables que facilitaron las multimillonarias inyecciones estatales a Tubos Reunidos y Duro Felguera.
El Gobierno rescató a Plus Ultra con informes externos pagados por la propia aerolínea cuya autenticidad nadie verificóLa Fiscalía Anticorrupción la sitúa dentro del grupo de personas del sector público cuya "cooperación necesaria e ilícita" fue indispensable para la trama.
En su condición de Directora de Participadas II de la Sepi, recaía sobre ella la responsabilidad directa de la tramitación del expediente de apoyo financiero público temporal.
Las evidencias recopiladas por la Guardia Civil muestran que, en torno a septiembre de 2020, el entonces Director Corporativo de la Sepi, Miguel Ángel Santiago Mesa, otro de los imputados, recibió de la empresa la documentación del rescate con la expresa "intención de trasladársela a 'Charo'".
El expresidente del holding Vicente Fernández contactó directamente con Santiago Mesa y con Rosario Martínez "con el fin de recabar y contrastar información sobre el estado de la tramitación", lo que evidencia un acceso privilegiado de la trama a expedientes confidenciales.
La 'trama Leire' gestionó una reunión de Tubos Reunidos con Ortuzar cuando presidía el PNV para evitar un pago a la SEPIEl indicio más relevante para la Fiscalía es la redacción material de la "antepropuesta de resolución" favorable al rescate formulada por la propia Martín Manzanedo.
Este documento confidencial, que contaba con el visto bueno del vicepresidente Bartolomé Lora y la aprobación de la presidenta Belén Gualda, contemplaba la "estimación de la solicitud de apoyo financiero público temporal presentada por Tubos Reunidos".
El archivo PDF fue extraído de forma ilícita por el directivo Miguel Ángel Figueroa Teva (imputado) y enviado a Vicente Fernández por Threema el 14 de junio de 2021, permitiendo a la trama conocer los detalles de la resolución antes de que fuera presentada formalmente.
Finalmente, la propuesta de resolución favorable que la presidenta de la Sepi elevó formalmente al Consejo Gestor del FASEE el 13 de julio de 2021 para autorizar los 112,8 millones "había sido formulada por Rosario Martínez Manzanedo".
La SEPI afronta con riesgos el final del polémico fondo de rescate EE
La figura de otro de los imputados, Julián Mateos-Aparicio Prieto, es la clave técnica que demuestra que la actividad delictiva dentro de la Sepi no se limitó a los meses de la pandemia, sino que se prolongó, presuntamente, durante la fase de control del dinero público.
Mateos-Aparicio ocupaba el cargo de Director de FASEE y Seguimiento, un puesto técnico de alta responsabilidad cuya misión teórica era vigilar que las empresas que habían recibido ayudas estatales cumplieran con sus planes de viabilidad y devolvieran los préstamos.
Él era un estrecho colaborador de la etapa en que Vicente Fernández presidía oficialmente el holding público, manteniendo con él una relación de absoluta confianza. Tras su cese como presidente, Fernández utilizó esta relación para puentear los canales oficiales de la Sepi y actuar como intermediario confidencial.
De hecho, su firma aparece estampada en la resolución del 28 de marzo de 2025 que eximió a Tubos Reunidos de su obligación legal de amortizar de forma anticipada 10 millones de euros obtenidos por la venta de sus instalaciones de Sestao, alegando que firmaba por "delegación de Belén Gualda González", dando apariencia de legalidad a un expediente que la fiscalía considera que fue corregido en los restaurantes de Hortaleza por la mediadora Leire Díez.
Bartolomé: el hijo del montorismo
Bartolomé Lora Toro, conocido internamente como el auténtico "zar de los rescates", se encuentra en el centro de las investigaciones judiciales dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid.
El magistrado José María Escribano lo citó a declarar como investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con la concesión de un auxilio financiero de 475 millones de euros a la aerolínea Air Europa.
La imputación judicial, impulsada por querellas del Partido Popular y Vox, pone bajo sospecha la gestión de un directivo de quien la propia plantilla de la Sepi asegura que "lo controlaba todo". Prácticamente todas las decisiones estratégicas de los primeros meses del fondo de rescate pandémico (FASEE) pasaban obligatoriamente por sus manos.
La posición de máximo poder de Lora se consolidó durante un periodo de interinidad de 18 meses que transcurrió entre octubre de 2019 y marzo de 2021, tras la abrupta dimisión del anterior presidente, Vicente Fernández.
El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora (c), a su llegada a los juzgados de Plaza Castilla, a 3 de julio de 2026, en Madrid Eduardo Parra / Europa Press
Durante esta fase crítica de la crisis sanitaria, Lora asumió la dirección ejecutiva en funciones y gestionó personalmente tanto el lanzamiento del FASEE como la articulación administrativa de los rescates que posteriormente se concedieron.
Bajo su mandato temporal se tramitaron y autorizaron las ayudas más polémicas del holding, incluyendo las de Air Europa (noviembre de 2020), Duro Felguera y Plus Ultra (marzo de 2021), que sumaron un total de 1.105 millones de euros públicos de los que Lora fue el principal gestor técnico y político.
Incluso tras el nombramiento de Belén Gualda en la primavera de 2021, fuentes aseguran que Lora continuó pilotando de facto las operaciones más sensibles del organismo.
Los tribunales indagan si Lora propuso y tramitó la millonaria inyección a la familia Hidalgo a sabiendas de que se vulneraban los requisitos legales del fondo.
Bartolomé Lora: el zar de los rescates de la SEPI que controla la sociedad pública desde 2017Entre los indicios técnicos bajo investigación destaca que el grupo Globalia, propietario de la aerolínea, mantenía a cierre de 2019 una deuda tributaria de 5,8 millones de euros, lo que incumplía la prohibición de recibir fondos públicos si se tenían deudas pendientes con Hacienda.
El sumario recoge también que Lora mantuvo encuentros con los técnicos de Globalia en junio y julio de 2020, antes de la apertura oficial del expediente en agosto, y que actuó como el presunto interlocutor de confianza del exministro José Luis Ábalos para acelerar los trámites de urgencia
Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del caso Mascarillas revelan que la figura de Lora Toro era el canal operativo utilizado por el exministro Ábalos y su asesor Koldo García para acelerar los trámites del rescate a petición de Javier Hidalgo.
La UCO ha acreditado que Hidalgo llamó de manera directa a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para presionar desde Moncloa ante las dificultades del expediente.
La imputación de Bartolomé Lora y la citación a De la Rocha ponen el foco del rescate de Air Europa sobre Sánchez y BegoñaLa carrera de Bartolomé Lora destaca por su asombrosa capacidad camaleónica para sobrevivir y prosperar bajo gobiernos de muy distinto signo político a lo largo de sus 36 años de trayectoria continuada en la Sepi.
Tras un breve paso por el sector privado como analista financiero en Bankinter y responsable de Tesorería en Ferrovial, Lora ingresó en 1990 en el antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) bajo el Gobierno de Felipe González.
Fue ascendido a subdirector de Defensa por el Ejecutivo del PP de José María Aznar, asumió la dirección de Participadas, se mantuvo en el área de defensa con Mariano Rajoy y fue nombrado vicepresidente de la Sepi en 2017.
"Es hijo del montorismo. Todos sus grandes ascensos los hizo a la sombra del PP", asegura una fuente que trabajó mano a mano con él. "Es un tipo del Opus Dei con una vinculación con el Ejército, concretamente con la Armada gracias a su esposa, cartagenera de familia militar. Un tipo al que le puedes decir cualquier burrada y no se va a inmutar. Un cínico, vaya".
El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora Toro (i), acompañado de la senadora Ana María Beltrán (d), comparece ante la Comisión de Investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a 15 de abril de 2026. A. Pérez Meca / Europa Press
Ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, Lora conservó la vicepresidencia de la Sepi con tres presidentes distintos y acumuló sillones de consejero en filiales críticas como Navantia, Alestis, ITP, Tragsa y Enagás.
Pese a su adaptabilidad, fuentes directivas con un profundo conocimiento de la Sepi insisten en que Lora era un peón inamovible de la estructura del exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, quien blindó su posición dentro de la casa.
La radiografía judicial de la Sepi ofrece una estadística verdaderamente demoledora para la reputación del holding estatal: prácticamente todos los presidentes que han tomado las riendas de la entidad en la última década han acabado desfilando ante los tribunales en calidad de investigados o imputados por presuntos delitos de corrupción.
De hecho, antes Gualda, Lora y Fernández, también tuvo el cargo de presidenta de la Sepi Pilar Platero, imputada en el marco del caso Montoro.
Tellado, tras la imputación de la presidenta de la SEPI: "Hoy es el día en que el PSOE tiene tantos imputados como diputados"Su sucesor, Vicente Fernández, presidente entre 2018 y 2019, se vio forzado a dimitir tras verse imputado en la causa que investigaba presuntas irregularidades en la mina de Aznalcóllar, una causa de la que fue absuelto en 2025.
Por ello, la plantilla técnica de la Sepi contempla hoy con desolación el páramo reputacional en el que ha quedado sumida su institución. El holding estatal que debía funcionar como el motor del tejido empresarial del país ha acabado transmutado en un socio bajo sospecha del que todas las grandes empresas, incluidas las del Ibex 35, intentan huir.
"Un sistema corrupto y prostituido"
Según estas fuentes, las operaciones más delicadas del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas fueron precisamente las primeras, las aprobadas bajo el mando provisional de Bartolomé Lora tras la salida de Vicente Fernández.
"Si coges las operaciones más controvertidas del FASEE, son las primeras. Las aprobadas por Bartolomé", sostienen. A su juicio, Lora era una figura del monterismo, afín al PP, perfectamente conocido tanto en la casa como en el PSOE: un alto cargo técnico, superviviente a distintos gobiernos, que quedó al frente de la maquinaria en el momento exacto.
La explicación interna de por qué la Sepi pudo convertirse en un organismo tóxico apunta a una arquitectura administrativa diseñada para diluir responsabilidades.
La Sepi, recuerdan estas fuentes, funciona con una presidencia nombrada por el Consejo de Ministros y con un Consejo de Administración designado por Hacienda. No existe una relación jerárquica simple entre ambos órganos, sino una estructura en paralelo.
El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández Guerrero, durante una comparecencia en la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 22 de julio de 2025. Carlos Luján / Europa Press
"Lo llenamos todo de funcionarios y establecemos procedimientos muy complejos donde nadie toma ninguna decisión". Las operaciones ordinarias pasan por el Comité de Dirección; si exceden determinados límites, se elevan al Consejo de la Sepi; y si superan umbrales superiores, acaban en el Consejo de Ministros. "Al final todo se queda en informes que nadie se lee y nadie quiere ver que en el centro del salón hay un elefante verde".
La creación del FASEE añadió una segunda capa de complejidad. El Gobierno adscribió a la Sepi un fondo de 10.000 millones de euros, pero dejó fuera de su gestión directa al Consejo ordinario del holding y creó un nuevo Consejo Gestor específico para el fondo.
"Es decir, mantenemos a la Sepi su estructura, su presidente, su secretario general, todo vinculado a las funciones extraordinarias del fondo; y luego creamos un consejo nuevo", explican las fuentes.
En la práctica, la organización de la Sepi se reproducía dentro del FASEE, con sus mismos altos cargos técnicos, pero bajo un órgano alternativo. "No tiene sentido. Crean el FASEE, lo vinculan a la SEPI por Real Decreto y montan otro consejo paralelo al original".
La responsable de los rescates de la Sepi pedía junto a Vicente Fernández un 2% de comisión por facilitar créditos públicos.La consecuencia, según esta interpretación, fue una cadena de aprobaciones sucesivas en la que la responsabilidad política y técnica quedaba repartida hasta desaparecer. La Sepi elaboraba los informes, tramitaba los expedientes y justificaba la concesión de las ayudas; el Consejo Gestor elevaba la propuesta; y el Consejo de Ministros acababa autorizando operaciones incluidas en órdenes del día con centenares de asuntos.
"¿Quién aprueba? Aprobar, aprobar, aprobar... nadie", resume la fuente. Cuando Planificación y Control ponía reparos, la solución es reducir el peso de ese control técnico o directamente eliminarlo. "La trampa es que al final nadie toma la decisión. Bartolomé tampoco la toma. El Consejo de Ministros tampoco. Es la paradoja del asesinato de Julio César. Le dieron 40 puñaladas. Ninguna per sé era mortal, pero entre todas lo mataron. Ese es el truco".
Y concluye: "El sistema de la Sepi está corrupto y prostituido porque aquí todo el mundo mira para otro lado".