La actuación de Juan Carlos I el 23 de febrero de 1981 le confirió un prestigio que duró décadas, pero que a finales de ese año no era evidente. Algunos de los documentos desclasificados ayer analizan la realidad que vivían los militares que le apoyaron frente al golpe, con un resultado preocupante. Un "informe de situación" del Ministerio del Interior fechado en noviembre de 1981 describe la "grave" situación de los miembros de las Fuerzas Armadas que tenían su destino en la Policía Nacional: "El renacimiento del clima que motivó el 23-F es evidente. La situación profesional de los que ese día mantuvieron una posición leal al Rey, a la Constitución y al ordenamiento legal y democrático empieza a ser insostenible".
Se resalta el acoso de la prensa ultra contra ellos y "el vacío" que sufrían a diario no solo en el trabajo, sino en actividades sociales". En ocasiones, recibían directamente "reproches" por su comportamiento en el golpe. Todo ello, advierte el informe, "puede conducir a una desmoralización de este personal que se siente acosado y con complejo de culpabilidad por haber actuado en los días 23- y 24-F con absoluta lealtad al Rey".
Se ha desclasificado también un informe de la Secretaría Técnica de Interior, preocupada por la percepción de la prensa internacional. Uno de los artículos revisados por el ministerio resalta que al hijo del condenado por el 23-F Milans de Bosch se le había condenado "a un sólo mes de arresto por haber tratado al Rey de 'cerdo inútil'". Y que en los cuarteles "se repartieron de nuevo octavillas clandestinas opuestas al Rey Juan Carlos". La conclusión del diario bruselense De Standaard era que "crecen proporcionalmente las posibilidades de una segunda versión, mejorada, de los acontecimientos de febrero".
Existe un segundo informe sobre "Índices de subversión en las Fuerzas Armadas", elaborado en diciembre de 1981, pasados 10 meses del golpe. Considera que "la figura del Rey sufre un deterioro personal y profesional", sufriendo mensajes que buscan desacreditarlo y ridiculizarlo. Como ejemplo cita la aparición de pintadas en las paredes con lemas como el Rey a declarar.
"Imprescindible"
El informe considera que todo ello es consecuencia de que a Don Juan Carlos le ha correspondido ejercer tras el golpe "una posición de liderazgo en las Fuerzas Armadas que en realidad debería asumir un grupo de 'jefes de prestigio'", ahorrándole al monarca ese desgaste. "Es imprescindible", indica, evitar que el Rey asuma "el control permanente del Ejército, elevando su liderazgo".
Otros papeles desclasificados procedentes de la Dirección General de la Policía ratifican ese "elevado malestar de las Fuerzas Armadas". El 12 de marzo un informe recogía cómo el partido de ultraderecha Fuerza Nueva encabezado por Blas Piñar daba por hecho el "divorcio del Rey con el Ejército".
Tras el golpe, el Cuerpo Superior de la Policía empezó a investigar en la extrema derecha y el entorno de los militares golpistas. A punto de cumplirse un mes del 23-F, advertía de que "altas instancias castrenses" promovían "una campaña de ayuda económica para los familiares" de los detenidos por el golpe. Una semana más tarde, bloqueaba la cuenta a la que llegaba el dinero.
En el bloque de "otra documentación del Ministerio del Interior" consta como desclasificada una nota sin firma y ni fecha identificada como "Campaña contra S. M. El Rey con relación al 23-F". Da cuenta de los argumentos con los que los abogados defensores de los encausados en el golpe y miembros de "grupos políticos y círculos simpatizantes con la causa" quieren implicar a Juan Carlos I. El objetivo doble: "disminuir" la responsabilidad penal de los procesados y "disponer de un argumento contra la Corona que haga posible un intento similar en el futuro".
Se adjuntan a esa Nota de Interior varios panfletos que exponen argumentos a favor de la implicación del jefe del Estado, algunos de los cuales, se reconoce, "tuvieron algún éxito en los sectores de la derecha radical". La más extravagante de las versiones de la ultraderecha aseguraba que el Rey llamó a Adolfo Suárez a su despacho en enero o febrero de 1981 y que, con la excusa de ir al baño, lo dejó "oportunamente" solo con varios capitanes generales, que le conminaron a dimitir. El presidente del Gobierno respondió que solo el pueblo le obligaría a ello y entonces "el Teniente General Merry Gordon (Sevilla) saca una pistola, la pone encima de la mesa y dice: 'Ésta es una razón'". El relato concluye así: "Aparece su Majestad sonriente, entra en la conversación como si nada hubiera ocurrido, ofreciendo tras esto al Sr. Suárez su dimisión".