LUIS UTRILLA NAVARRO. PRESIDENTE PROVINCIAL DE CRUZ ROJA
Sábado, 11 de abril 2026, 02:00
... Ucrania, Gaza o Irán, no deja de ser tremendamente obsceno que desde algunos ámbitos académicos se siga discutiendo el porqué y el para qué de la violencia institucional. Pero mucho más vergonzante es escuchar al ejército de seudo pensadores, sociólogos, politólogos y demás lacayos de los poderes públicos, que intentan justificar dicha violencia institucional en aras de una seguridad sobre amenazas inexistentes; de supuestas armas químicas y nucleares de destrucción masiva; o de los miedos al control de los productos energéticos básicos.Porque la violencia institucional no sólo son las atroces consecuencias de las decisiones gubernamentales cuando deciden emprender acciones militares; o las decisiones económicas que estrangulan la economía de las sociedades más débiles llevando la hambruna a ganaderos y agricultores humildes; o las inhumanas acciones de funcionarios de fronteras armados hasta los dientes expulsando con violencia a niños y mujeres indefensos. La violencia institucional es mucho más que eso.
Ningún fin, por mucho que lo arropemos con palabras rimbombantes, justifica la violencia institucional. Pero que nadie vea en estas líneas una crítica al Estado de Derecho, sino una puesta en cuestión de los que utilizan los resortes del Estado para imponer su voluntad política y económica. Fuera del Estado de Derecho no hay organización social posible. El cacareado mercado liberal es mucho más cruel que las normativas estatales de convivencia. Una cuestión especialmente espinosa es cómo gestionar la imposición de la fuerza a quienes rompen la convivencia, siempre y cuando dicha imposición esté amparada por un marco democrático, por una legalidad social y, por supuesto, siempre dentro de los derechos humanos. Ni tan siquiera las terribles tragedias que generan los deplorables actos de terrorismo pueden justificar la tortura, las detenciones extrapoliciales o extrajudiciales.
Pero desgraciadamente la violencia institucional está en el día a día del ejercicio de las responsabilidades públicas en varios aspectos cruciales: las decisiones que se toman y que perjudican a los ciudadanos; las decisiones que no respetan los derechos humanos; o las decisiones que no se toman y que, por omisión, causan daños irreparables en las personas. Una violencia que genera un enorme sufrimiento en los ciudadanos, máxime al provenir de quienes deberían cuidar de su salvaguarda. Una violencia institucional ejercida también por acción o por omisión por los gobiernos de las comunidades autónomas, las diputaciones provinciales, o los ayuntamientos de nuestras ciudades.
Porque el trato con desdén a los pacientes hospitalizados, infantilizándolos o sin respetar su intimidad o autonomía, es violencia institucional sanitaria. Porque cuando las víctimas de delitos son cuestionadas, culpabilizadas o puestas en duda por los funcionarios policiales o judiciales, se está ejerciendo contra ellas violencia institucional judicial. O cuando la demora de la justicia la convierte en estéril.
Porque cuando a los niños o adolescentes se les etiqueta, se les estigmatiza, no se les defiende de la violencia de otros niños, se les niega comprensión y tiempo de apoyo, se está ejerciendo violencia institucional educativa. Porque la falta de respuesta adecuada en modo y tiempo a las peticiones del Ingreso Mínimo Vital es violencia institucional económica. O cuando el acceso a la salud, a la educación o a la justicia gratuitas se demora sine die, ese está ejerciendo violencia institucional social.
Ni que decir tiene que la falta de viviendas sociales de alquiler o venta, olvidada durante años por los gobiernos municipales, regionales y nacional, son un claro caso de violencia institucional habitacional por dejación de su responsabilidad en la puesta en el mercado de las necesarias viviendas sociales. Especialmente sangrante es también la demora en la prestación de las ayudas a la dependencia, cuyas cifras revelan el vergonzoso número de personas que fallecen antes de recibir la ayuda que demandaban, convirtiendo sus últimos años de vida en un infierno doméstico.
Impedir que los ciudadanos se empadronen en lugares que los ayuntamientos no quieren reconocer; impedir que los niños asistan a los colegios más cercanos a sus domicilios o de forma conjunta con sus hermanos, en aplicación de criterios meramente administrativos; impedir y hostigar a las personas sin hogar a abandonar los centros urbanos en aras de la imagen de la ciudad y el interés de algunos comerciantes; cerrar los centros de atención a temporeros o migrantes; dejar de atender los centros de atención a las emergencias sociales, sanitarias, económicas o meteorológicas, y un largo etcétera. Todo ello es violencia institucional contra la que los ciudadanos estamos indefensos.
Una trágica, cruel e inaceptable violencia institucional.
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