Sucedió una tarde de finales de 2019. La trabajadora social Ivana Napoli, empleada del Ayuntamiento de Carloforte, en Cerdeña, acompañaba a los hijos de Juana Rivas y Francesco Arcuri con su madre.
La trabajadora social llevaba unos meses visitando el hogar de Arcuri dos veces por semana para cumplir la orden del tribunal civil que le había otorgado la custodia de los menores al padre, y que no sólo había declarado a la madre perniciosa para sus hijos por no saber distinguir su interés propio del de ellos, sino que la había obligado a tratarse, en España, por este motivo.
La función de Napoli era simple: asegurarse de que la convivencia de los menores con el padre era la mejor posible. La sentencia civil de 2018, durísima con la madre, también había detectado dificultades del padre para ejercer como tal en ocasiones, por la interferencia en su relación con sus hijos del conflicto entre los padres. Así, Napoli había comenzado en 2019 a cumplir ese mandato, visitando cada semana en dos ocasiones, habitualmente por espacio de dos horas, la casa de Arcuri, Daniel (cinco años en ese momento) y Gabriel (12 años).
La anécdota que Napoli ha relatado ahora a otro juez, esta vez penal, la semana pasada, tuvo lugar una tarde de ese mismo año, cuando llevaba apenas unos meses visitando a padre e hijos.
Un año antes, el diario español ABC había publicado tres "cartas" en que Gabriel Arcuri denunciaba incontables vejaciones por parte del padre sobre los dos menores. La Fiscalía italiana ya entonces archivaba todas las denuncias de la madre contra el padre por presuntas agresiones a los niños. El motivo: o llegaban sin parte de lesiones, o el parte no denotaba la presunta lesión, o apenas las acompañaban fotos que no mostraban ningún maltrato.
Rivas había sido ya condenada por secuestrar a sus hijos en España y todos entendían en Cerdeña que buscaba recuperarlos por la vía de denuncias instrumentales. Además, el tribunal civil italiano había determinado que Gabriel, quien más había sufrido la sustracción de 2017 (cuando tenía 11 años), había 'comprado' a la madre su papel de víctima ante Arcuri, y que simplemente estaba diciéndole a Rivas lo que quería oír para mantener el vínculo.
Pero aquellas "cartas" eran, no obstante alarmantes, así que Napoli aprovechó una ocasión que tuvo a solas con el chico, al llevarle en coche al encuentro de su madre, para preguntarle si su padre le había maltratado alguna vez. Si lo que Gabriel había escrito, y ABC publicado, era cierto.
"Me dijo que no, que nunca le había pegado", relató Napoli el jueves pasado ante el juez penal que, al fin, después de que un fiscal jefe tomara la causa, juzga ahora a Arcuri por cuatro presuntas agresiones a sus hijos en esos años, 2019 y 2020.
Napoli -que a continuación habló al menor sobre la importancia de "decir siempre la verdad"- lo contó el jueves pasado ante el tribunal, como ejemplo de lo que siempre percibió alrededor de los menores: un padre con mejor o peor carácter, pero centrado en cuidarles, y una madre que presionaba para que los menores acusaran al otro progenitor de hechos que no habían sucedido.
Napoli, que aún hoy, siete años después, sigue visitando a Daniel en casa de Francesco Arcuri, y que declaró también al juez que el niño está "feliz" y no quiere volver con su madre, contó otra situación esta vez con el hijo pequeño de la pareja, que tiene hoy 12 años.
Daniel, en otro momento de esos años, le dijo un día a la trabajadora social, sin Arcuri presente: "Tengo que decirte un secreto". Napoli se acercó. Y el niño le contó, tal y como ella declaró la semana pasada ante el juez, que su madre le decía que si quería salvar a mamá "tenía que decir que papá le pegaba" a él. Y que no sólo se lo decía ella, sino también otras personas a su alrededor, e incluso "abogados".
Napoli ha declarado ahora también al juez que nunca, visitando el hogar familiar dos veces por semana durante años -ahora va una vez por semana-, había visto "marcas" en el cuerpo de los niños, por lo que jamás entendió la necesidad de protegerlos del padre.
En cambio, explicó, sí había tenido que pedir en muchas ocasiones visitas protegidas para la madre, en orden a que Rivas viera a los niños en puntos de encuentro familiar, supervisados por psicólogos o trabajadores sociales, para proteger a los menores de las situaciones que la propia Napoli advertía entre su madre y ellos.
Napoli también entró a narrar cómo vivió uno de los episodios ahora denunciados: la bofetada que Arcuri le propinó a Gabriel cuando este tenía 16 años, y que el padre jamás ha negado. "Es la única vez que le pegué, pero también es verdad que él me intentó agredir", ha admitido varias veces Arcuri.
Según la denuncia, la agresión de su padre fue tal que el chico quedó con "marcas en la cara" y luego denunció los hechos ante Napoli. Sin embargo la trabajadora social narró los hechos de forma muy distinta.
Cuando ella llegó a casa, explicó al juez la semana pasada, Arcuri le contó su versión de lo sucedido: tras una discusión, el padre había dado un bofetón al hijo -los psicólogos forenses advertían en sus informes de que Arcuri no podía en ocasiones ejercer como progenitor porque Gabriel se amparaba en el conflicto entre sus padres-, y el menor "intentó agredirle", por lo que el padre salió del coche en que ambos estaban.
Tras escuchar la versión de Arcuri, la trabajadora social acudió al hijo a recoger la suya. Y era la misma. Napoli agregó que Gabriel, al contrario de lo que él asegura, no tenía ninguna marca en la cara.
También declaró en la misma sesión, el jueves 12 pasado, la pediatra que trató a los menores durante sus primeros años de vida. La profesional dijo haber visto a los niños, en ese tiempo, entre seis y siete veces al año, dependiendo de las ocasiones. Aseguró que jamás ninguno de ellos le habló de maltrato, y que jamás vio ninguna marca en ninguno de ellos.
Declaró igualmente ante el juez una representante de una asociación contra la violencia de género que solía acompañar a Juana Rivas en sus visitas a Cerdeña cuando viajaba a visitar a sus dos hijos en esa época, llamada Bruna Biondo. Según ella, los menores manifestaban constantemente, cuando estaban con Rivas, miedo por volver con su padre y aseguraban que Arcuri les pegaba.
En realidad, los menores han manifestado eso en muchas ocasiones estando con su madre. La última y más sonada fue la protagonizada por Daniel cuando la Justicia española obligó a Rivas a devolverle al niño el verano pasado, en Granada.
En el primer intento, el 22 de julio, Rivas y su consejera áulica, Francisca Granados, entraron al Punto de Encuentro Familiar en Granada dejando al menor fuera, gritándole a la prensa y a los activistas congregados: "Me va a matar, mi padre me va a matar". Las trabajadoras sociales del propio centro juzgaron su actitud impostada, y la juez obligó a que volviera con su padre, cosa que sucedió tres días después.
Ahora el niño está de nuevo "feliz" con Arcuri, como ha podido constatar los servicios públicos que le monitorizan, y ha vuelto a quejarse en Italia de los intentos de manipulación de su madre y su entorno, comenzando por Rivas e incluyendo a Granados.
En realidad, esas actitudes las han explicado las tres sentencias civiles italianas que hasta ahora le han otorgado siempre la custodia de los niños a Arcuri, incluso aunque Gabriel decidió con 16 años irse a vivir con su madre en Granada, al, entendieron los jueces, preferir su estilo educativo.
Dichas sentencias, apoyadas en testimonios como el de Napoli, siempre han entendido que Rivas anteponía su conflicto con Arcuri y su presunta condición de víctima a su relación con los menores, por lo que en ocasiones estos -en las cartas de Gabriel o con Daniel llorando teatralmente en Granada- han respondido a la demanda de su madre de acusar a su padre.
Tanto Rivas como Gabriel declararon en ese sentido en el juicio a Arcuri por las presuntas cuatro agresiones de entre 2019 y 2020. Acusaciones que, en todo caso, ya fueron descartadas tanto por el tribunal civil, que otorgó de nuevo a custodia de Daniel al padre en febrero pasado, como la Fiscalía de Menores, que un mes antes certificó que el niño, retenido por su madre en España, debía volver a Italia.
Por esa retención, precisamente, hay un procedimiento abierto por sustracción en los juzgados de Granada. Si Rivas fuera condenada de nuevo habría de cumplir además la pena de dos años y medio de la que fue indultada por el Gobierno de Pedro Sánchez, al haber reincidido dentro del periodo de cuatro años desde la primera condena.