Ismael Oliver, abogado de Nervis Villalobos e investigado por el juez Pedraz, recurrió a Leire Díez para forzar una reunión con el hoy gobernador del Banco de España
Regala esta noticia Añádenos en Google Registro de la UCO la semana pasada en Ferraz. (Efe) 04/06/2026 a las 07:16h.La última ofensiva judicial, que llevó a los agentes de la UCO a realizar un requerimiento de información en la sede central del PSOE en ... la calle Ferraz de más de 12 horas, ha revelado que la presunta red que trataba de entorpecer investigaciones judiciales que afectaban al entorno del presidente del Gobierno medió también respecto a la situación del exviceministro venezolano Nervis Villalobos. El sumario del conocido como 'caso Leire' refleja que el abogado Ismael Oliver Romero, imputado en la causa por el juez Pedraz , a través de Leire Díez, habría intentado sortear los canales oficiales para forzar una reunión con el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, a fin de revertir el bloqueo bancario y la «exclusión financiera» de Villalobos.
El sumario detalla además que Oliver habría presionado para desbloquear el expediente de nacionalidad de Villalobos, a quien definían como una persona «muy vulnerable frente a policías y fiscales», con una maniobra que Leire Díez llegó a consultar directamente con el secretario de Organización socialista, Santos Cerdán. Según consta en la causa, el exnúmero 3 del partido admitió en las conversaciones que el verdadero obstáculo para otorgarle la condición de ciudadano español era el procedimiento penal por el 'caso Duro Felguera' -una supuesta trama de cobro de comisiones ilícitas provenientes de la empresa de ingeniería española Duro Felguera- que el exviceministro afronta en la Audiencia Nacional, donde se le piden nueve años de prisión. Según constatan las bases de datos policiales, fruto o no de las influencias ejercidas por la red, Villalobos dispone actualmente de DNI español y logró proceder a la apertura de una nueva cuenta bancaria, aunque en la actualidad dicha cuenta se encuentra cerrada.
La injerencia en el caso contra Villalobos tenía como objetivo la obtención munición para desacreditar a Peinado y al fiscal José Grinda
La implicación de Villalobos y su letrado respondía a una de las estrategias que la red de Leire Díez habría llevado a cabo para desestabilizar los procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. En este contexto, Villalobos le habría entregado a Díez un supuesto «cronograma de irregularidades» sobre el juez Peinado en mayo de 2024. Además, Villalobos fue una pieza clave para localizar y coordinar los encuentros con «la chica de Jaén» (Miriam Serrano), una mujer que mantenía un pleito civil contra el fiscal Grinda. Fue el que habría gestionado que ella viajara a Madrid en octubre de 2024 para reunirse con Leire Díez y con Santos Cerdán en Ferraz .
Según los informes de la UCO, la trama que presuntamente lideraba Santos Cerdán buscaba aprovechar la situación del exviceministro venezolano ante el fiscal adscrito a la Fiscalía Especial Anticorrupción, José Grinda González, encargado de despachar sus causas penales por los casos 'Duro Felguera' y 'Columbus', las cuales están instruidas por el juez Peinado (quien también se encarga de la causa judicial contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez). El plan habría consistido en intentar doblegar a Grinda mediante un ofrecimiento económico de 30.000 euros —según el material hallado por la UCO— y una promesa de empleo futuro. A cambio, el fiscal debía retirar la acusación, archivar los procedimientos contra Villalobos y facilitar información comprometida sobre su superior, el Fiscal Jefe Alejandro Luzón, encargado de representar a la Fiscalía en casos como el que sentó en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama, que actualmente está pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo.
Dentro de esta estrategia, Villalobos —quien llegó a declarar en la comisión parlamentaria de la «Operación Cataluña» acusando a Peinado de vulnerar sus derechos y a Grinda de presionarle para conseguir pruebas sobre la Banca Privada de Andorra— era una pieza clave. En definitiva, la red intentaba, según apunta la Guardia Civil, obtener información y documentos que permitieran desacreditar y apartar de sus cargos tanto al juez Peinado como al fiscal Grinda a cambio de influir en las instituciones del Estado para resolver los problemas administrativos y financieros del exviceministro venezolano en España.
La UCO revela cómo Ismael Oliver habría pasado de defender a Villalobos a integrarse en la red
Ismael Oliver Romero, el abogado en el centro de esta ramificación de la trama, es un conocido letrado cuya vinculación con la trama se inició a raíz de asumir la defensa legal de Villalobos. Al comprobar el bloqueo financiero, recurrió a los contactos políticos de Leire Díez para presionar a la cúpula de Ferraz y buscar un trato de favor institucional. Sin embargo, según los informes de la UCO, dejó de actuar como un mero defensor externo y a finales de 2024 se integró formalmente en la organización investigada como un asesor cualificado en materias jurídicas, operando bajo la dirección directa de Díez. A partir de ese momento, coordinó activamente maniobras de descrédito contra magistrados y fiscales encargados de los casos que afectaban tanto a Villalobos como al entorno del Ejecutivo, unificando, así, los intereses de su cliente con la estrategia de protección del partido.
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