La trama liderada por Santos Cerdán y Leire Díez se detuvo especialmente en la Guardia Civil. Según el magistrado Santiago Pedraz, las cloacas del PSOE quisieron controlar todos los estamentos del Cuerpo para frenar cualquier investigación que amenazara al entorno de Pedro Sánchez y para conseguirlo movilizaron al escalón más alto del Instituto Armado, contaron con un colaborador dentro de él e incluso amedrentaron a los agentes que dirigían las pesquisas. El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, -máximo mando uniformado del Instituto Armado y hombre de confianza del ministro Fernando Grande-Marlaska- presionó en plena investigación del caso que afecta al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez -Castejón. En este momento, la Audiencia pacense le juzga por la plaza pública que, presuntamente, consiguió a dedo en Badajoz.
Llamas se personó a dependencias de la unidad para reunirse con un mando al que le exigió que se pusieran "de perfil" en las investigaciones que tuvieran una "afectación política". La actitud del DAO mantiene tensionada a la UCO desde hace más de un año por sus «constantes intromisiones» en la unidad para conocer el avance o el estado de las pesquisas que afectan al núcleo de Pedro Sánchez o del partido. Llamas «se excede de sus funciones» para informarse de detalles que están bajo secreto judicial y ahora el magistrado Pedraz lo recoge en el sumario del conocido como 'caso de la fontanera'. Fue nombrado por Grande-Marlaska en diciembre de 2023 como número dos de facto del Instituto Armado tras la directora general. Como ella, acumula fricciones con la cúpula de la Guardia Civil.
Según el sumario, el DAO indicó en las instalaciones de la UCO que aquellos procedimientos policiales que tuvieran "afectación política" no se fuese proactivo. Es más, les indicó "que nos pusiéramos de perfil". Y que, en todo caso, fuesen los jueces "quienes tomase la iniciativa". No es el único punto que detalla este mando de la UCO. Según el sumario el 12 de julio de 2024 se celebró una reunión entre altos responsables de la Guardia Civil para abordar la investigación relacionada con el hermano del presidente del Gobierno. El encuentro tuvo lugar después de que la UCO solicitara acceso a varios correos electrónicos dentro de la causa que instruía un juzgado de Badajoz.
Durante esa reunión, el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, manifestó su preocupación por la actuación de los investigadores. Según el testimonio recogido en el sumario, calificó una de las solicitudes de la UCO como "totalmente prospectiva y malintencionada" y aseguró que la credibilidad tanto de la unidad como de la propia Guardia Civil estaba "por los suelos". En esta causa está imputado el guardia civil Juan Sánchez Yepes a quien se le atribuyen delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado. «Los investigados habrían llevado a cabo también actuaciones dirigidas, indiciariamente, a inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO en los distintos procedimientos judiciales de los más variados modos», apunta el juez de la Audiencia Nacional.
Mercedes González, directora general del Instituto Armado, también aparece en la causa. El magistrado la aproxima a las cloacas del PSOE y considera que investigó a agentes estimulada por los miembros de la organización delictiva que, entre otros, campos intentó enraizarse en la Guardia Civil. La intención habría sido la de amedrentarlos y despertar desconfianza hacia ellos. Se trata de una pieza secreta del denominado como caso Leire, en alusión a Leire Díez, la fontanera de Ferraz.·
Al ex director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, se le señala por haber reprochado al jefe de la UCO y al jefe de Policía Judicial su investigación sobre el hermano del presidente del Gobierno. Calificó el oficio de la UCO como "totalmente prospectivo y malintencionado" y ordenó que se elaborara un informe en el que se concluyera que "no había nada".·
Otro agente, en este caso, el capitán Juan Vicente Bonilla sufrió, según atestiguan las pesquisas, una campaña de desinformación que buscaba atacar su profesionalidad y honorabilidad. Al igual que el coronel Manuel Sánchez Corbí, mando recurrente en las conversaciones de la organización, que buscaba confirmar si seguía teniendo control sobre las investigaciones para intentar desestabilizarlo.
Rafael Yuste, el jefe de la UCO, aparece mencionado como objetivo de la purga y presionado a través de las informaciones reservadas y la solicitud de organigramas nominativos.
El sumario también incorpora al teniente coronel Basilio Sánchez, acusado por la organización de destruir pruebas en ordenadores de la Audiencia Nacional y de fabricar pruebas falsas. En el mismo segmento sitúa al teniente general Arturo Espejo, vinculado por Leire Díez a la supuesta contratación irregular de sistemas de escuchas telefónicas manipulables.
Finalmente, los informes mencionan que la organización pretendía extender estas acusaciones de "corrupción y puterío" a otros oficiales de la UCO, como el coronel Ismael Abad o el comandante Redondo, con el fin de forzar un cambio de defensa en los investigados y controlar las estrategias judiciales.