La trama del PSOE montada por su secretario de Organización, Santos Cerdán, arrastra en la Audiencia Nacional a la cúpula del sector público empresarial del Estado. De las 25 personas imputadas este lunes por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz hay una decena de empleados públicos y, de ellos, cinco altos cargos en activo. Todos ellos presentan, según la Fiscalía Anticorrupción, indicios de delito de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, información privilegiada y organización criminal. La imputación pone en entredicho que haya una gestión limpia en el gran grupo público del Estado, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y otras instituciones como Isdefe e incluso el tribunal de Hacienda que dirime impugnaciones de empresas públicas. Entre los arrastrados por la trama popularizada por Leire Díez figuran miembros de la élite del aparato económico del Estado.
LA PRESIDENTA DE LA SEPI
La responsable del brazo industrial del Estado con participaciones en empresas del Ibex, como Telefónica o Indra, o incluso europeas, como Airbus, se encuentra investigada por posibles delitos en el rescate estatal a Tubos Reunidos por 112,8 millones de euros. Se le atribuye un papel clave en esta operación, por la que la trama cobró mordidas del grupo vasco. Bajo su mandato pudo decidirse el rescate con «presión política» y revelación de información reservada en favor de la trama. Gualda, promovida para presidir la Sepi por la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lleva en el cargo desde 2021 y maneja activos por valor de 20.000 millones. Fuentes gubernamentales salieron en su defensa y descartan su cese: «En las diligencias no aparece ningún elemento que comprometa a la presidenta de Sepi, Belén Gualda. Por lo tanto, mantenemos toda la confianza en ella y en el gran trabajo que está desempeñando al frente de una empresa pública que ha logrado salvar miles de empleos». Según el informe de la UCO, Gualda se comprometió con el también investigado, entonces presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, a aprobar el rescate pese a las reticencias iniciales del Ministerio de Economía y de la actual vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen.
LA PRESIDENTA DEL TACRC
La responsable de asegurar que haya juego limpio en las contrataciones públicas se encuentra también ya imputada. Se trata de la actual presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), Conchita Ordiz. Este organismo se encarga de dirimir conflictos y resolver recursos interpuestos por empresas contra decisiones de las administraciones públicas, pero según la Fiscalía, su titular puede haber cometido delitos ayudando a la trama. «Conchita ha cumplido», señaló el cabecilla de la trama y ex presidente de la Sepi, Vicente Fernández, en uno de los mensajes en que se felicitaba de haber influido en la Administración en favor de uno de sus clientes. Ordiz estaba considerada en la Sepi como protegida de Fernández, que la promovió durante una época al puesto de secretaria general de Hispasat. Es actualmente también representante por España en la red europea de tribunales de impugnaciones.
EL DIRECTOR DEL FASEE
El responsable del llamado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee), Julián Mateos Aparicio, se encuentra también investigado. Es el encargado de conseguir que Plus Ultra, Tubos Reunidos, Duro Felguera y otras terminen devolviendo el dinero. La Fiscalía Anticorrupción da relevancia a su colaboración con la trama y fue él quien firmó aliviar en 10 millones la deuda de Tubos Reunidos con el Fasee. Ese alivio fue apalabrado previamente por directivos de Tubos Reunidos y el propio Santos Cerdán, según apunta la UCO en su informe. «El 28 de marzo de 2025 la solicitud de Tubos Reunidos fue autorizada mediante resolución firmada por Julián Mateos-Aparicio, por delegación de la presidenta Belén Gualda González. Por estas actuaciones, Tubos Reunidos acordó el abono a Vicente Fernández de 40.000 euros (IVA no incluido)», se asegura en el auto de Pedraz.
DIRECTIVA DE ENUSA
La actual directora corporativa de Enusa, Rosario Arévalo, ha entrado también en la lista de la Fiscalía Anticorrupción por sus contactos y colaboración con Vicente Fernández para un negocio que perseguía la trama en una operación empresarial en Melilla.
DIRECTIVA DE ISDEFE
La actual directora de Desarrollo Corporativo y Estrategia de Isdefe, Mayte Castillo, se encuentra imputada también por su etapa anterior en Mercasa facilitando información interna a la trama para una operación inmobiliaria. Isdefe es una empresa pública de consultoría e ingeniería, propiedad del Ministerio de Defensa, clave en el actual fase de aumento del gasto público militar.
Junto a estos altos cargos también sigue en activo como secretaria general de la Fundación Sepi, la imputada Rosario Martínez Manzanedo. Era de confianza de Vicente Fernández cuando era directora de Participadas en la Sepi y llevó al Consejo Gestor que presidía Gualda el rescate de Tubos Reunidos.
El ya dimitido interventor general de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, pasaba información privilegiada a la trama y también colaboraron otros empleados públicos de Sepides.
Dos ex presidentes de empresas públicas, José Vicente Berlanga (Enusa) y José Ramón Sempere (Mercasa) están también en la lista en la que no faltan también directivos en la época de Forestalia, Acciona, entre otras empresas privadas.
En la causa -de la que deriva la investigación sobre las cloacas de Ferraz- se están revisando cinco operaciones de la Sepi en las que habrían intervenido la fontanera, el ex presidente de la Sepi y el empresario Antxon Alonso, amigo de Santos Cerdán. En todas ellas habrían cobrado comisiones por sus gestiones. Trataban los asuntos en un chat llamado Hirurok (nosotros tres, en euskera).
Del análisis de todas las operaciones de la trama se desprende, según las fiscales, «un esquema común» para influir en decisiones de diferentes empresas públicas con el fin de «la obtención de contraprestaciones económicas».