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Las partidas del Presupuesto se parecen muy poco a las que se aprobaron durante el año 2022.
El relevo en el Ministerio de Hacienda no ha traído de momento un cambio de discurso respecto a la prórroga indefinida de los Presupuestos del año 2023, que ha permitido al Gobierno sostener el artificio de que gestiona los recursos públicos con total normalidad. Ayer mismo, la portavoz y ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, insistió en que el hecho de no haber logrado aprobar unas Cuentas Públicas en los más de dos años de la presente legislatura "no está suponiendo un problema para el Ejecutivo de coalición, y puso la reciente aprobación del llamado "escudo social frente a la guerra", en el que se han comprometido 5.000 millones de euros en rebajas fiscales y ayudas directas a profesionales, como ejemplo de que mantienen un amplio margen de maniobra presupuestario.
Pero lo cierto es que desde principios de 2004, cuando comenzó la primera de las tres prórrogas consecutivas de las últimas Cuentas del Estado validadas por las Cortes, tal como mandata la Constitución, el Ministerio de Hacienda bajo la batuta de María Jesús Montero ha realizado toda una serie de maniobras y ajustes contables para adaptarse a las cambiantes necesidades de las Administraciones. Hasta el punto de que, a día de hoy, las partidas presupuestarias se parecen muy poco a las que fueron avaladas en la pasada legislatura para una situación muy distinta a la actual.
El Gobierno ha tenido que realizar ampliaciones de crédito por valor de 77.000 millones de euros y transferencias entre ministerios por otros 41.000 millones de euros para cumplir con la exigencia de la OTAN de aumentar el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB, cubrir el sobrecoste de las pensiones públicas derivado de la obligación legal de actualizarlas al ritmo de la inflación y el creciente número de jubilados con elevadas cotizaciones, o afrontar el pago de los intereses de la deuda pública, que ha seguido creciendo en volumen hasta superar los 1,7 billones de euros a finales del pasado enero.
Toda una anomalía que ni tiene justificación económica en un momento de recaudación tributaria récord ni sustento jurídico alguno porque el Ejecutivo de PSOE y Sumar no sólo ha incumplido de manera reiterada la obligación constitucional de remitir anualmente al Parlamento un proyecto de Presupuestos del Estado para el siguiente ejercicio. También ha hurtado al Congreso y al Senado su potestad de analizar, debatir y enmendar las Cuentas. El Tribunal Constitucional debe poner fin a este reiterado proceder tramposo.
El Tribunal Constitucional tiene que frenar la anomalía presupuestariaEl populismo no aliviará la factura de la guerraLos cuentos del Gobierno con las Cuentas Comentar ÚLTIMA HORA-
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