Asegura que Cerdán puso al partido al servicio de la red y que dos empleadas de Ferraz gestionaban «transportes, desplazamientos o gastos» de sus integrantes
Regala esta noticia Añádenos en Google Registro de la UCO en Ferraz la pasada semana. (José Ramón Ladra)Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
03/06/2026 Actualizado a las 13:03h.La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la presunta trama de las 'cloacas' de Ferraz no solo habría recibido dinero del ... PSOE, sino que actuó directamente con medios, logística, infraestructuras y cobertura económica del partido. El atestado 93/2026, que remitido al juez Santiago Pedraz tras los registros de la pasada semana , afirma que la actividad investigada se habría desarrollado «bajo el soporte del PSOE» y que esa cobertura se habría articulado «a través de Santos Cerdán».
«Dicha actividad (la de las 'cloacas' se habría desarrollado bajo el soporte del PSOE, mediante la puesta a disposición a través de Santos Cerdán de infraestructuras y soporte económico para sufragar las actuaciones y dar cobertura logística a las acciones de este grupo de personas», apunta la UCO..
El documento policial sitúa esa operativa como una derivada de la investigación abierta tras los registros de diciembre de 2025 en el caso SEPI/Hirurok. Según la UCO, el análisis de las evidencias intervenidas entonces reveló «otra actividad criminal» cuyo inicio se fecha en 2024 y que tenía como objetivo principal proteger intereses afectados por causas judiciales que, «directa o indirectamente», afectaban a miembros del PSOE o del Gobierno. Esa actividad, añade el atestado, se habría desplegado mediante actos de «aparente naturaleza delictiva» dirigidos a «desestabilizar» procedimientos judiciales.
En ese nuevo frente aparecen, según la Guardia Civil, Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano Quintana, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. La UCO añade además que la organización se habría valido de «otros colaboradores», entre ellos Leticia de la Hoz, abogada que ejerció la defensa de Koldo García. Es una relación de nombres que cruza varias causas: el caso Koldo, la trama de la SEPI, el caso Fontanera y las maniobras contra fiscales, guardias civiles y testigos.
La UCO concreta incluso qué personas dentro del aparato socialista habrían intervenido en esa logística. El atestado señala a dos empleadas del partido, Covadonga San Pedro Pascual y Celia Rodríguez Alonso (ya conocida como pagadores de los sobres), como las responsables de gestionar parte de las necesidades de la trama. Ellas serían las «encargadas de gestionar algunas de las necesidades surgidas en cuanto a transportes, desplazamientos o gastos», recoge literalmente el informe policial.
Ese punto es especialmente relevante porque transforma la investigación sobre pagos en una investigación sobre funcionamiento interno. Si las empleadas de Ferraz gestionaban transportes, desplazamientos o gastos, la UCO no busca solo saber quién cobró, sino quién organizó, quién autorizó, quién contabilizó y qué estructura administrativa permitió que esos movimientos se produjeran. La trama, según la tesis policial, habría usado recursos ordinarios del partido para fines que la Audiencia Nacional investiga como presuntamente delictivos.
El atestado introduce después una tercera capa: la cobertura económica no se habría limitado al PSOE como pagador directo. La UCO sostiene que «la cobertura económica iría más allá» y que la organización se habría valido de «terceras personas físicas y jurídicas» para hacer llegar fondos a sus miembros. Esa referencia abre la puerta a varias líneas ya investigadas por Pedraz: pagos mediante consultoras, encargos profesionales, facturas presuntamente falsas, sociedades interpuestas y contratos que habrían servido para justificar trabajos aparentes. En el auto de la causa, el juez ya hablaba de «facturas mendaces» y situaba en el foco a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, por su posible papel en la cobertura documental de esos pagos. El atestado policial refuerza ahora la idea de que el dinero no circulaba de forma simple, sino a través de circuitos que podían ocultar el origen, el destino o el verdadero concepto de los abonos.
El término utilizado por los agentes —«cuantías previstas»— también es significativo. Sugiere que los pagos respondían a tareas asignadas dentro de una estructura organizada, no a compensaciones improvisadas. La UCO habla de fondos entregados «a cambio de las tareas desempeñadas», lo que permite conectar la financiación con acciones concretas: obtención de información sensible, maniobras sobre testigos, intentos de desacreditar a fiscales y mandos de la Guardia Civil, y actuaciones dirigidas a obstaculizar procedimientos judiciales incómodos para el PSOE o el Gobierno.
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