La Guardia Civil, que zanja que la asesora de Moncloa acabó «integrada» en la cátedra, destaca no obstante que esa docencia se creó conforme a la norma
Regala esta noticia Añádenos en Google Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, en el Senado. (EP)Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín
25/05/2026 Actualizado a las 10:28h.Una de cal y una de arena. La Guardia Civil no ve enriquecimiento ilícito en la actuación de Begoña Gómez ni ilegalidades en la creación ... de su polémica cátedra de la Complutense en plena pandemia. Pero los funcionarios, en el que probablemente sea el último atestado que envían al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, sí que certifican multitud de irregularidades en esa cátedra en la búsqueda por parte de la esposa de Pedro Sánchez de un «posible beneficio personal», en este caso en su carrera profesional y académica.
Este vastísimo informe de 317 páginas y al que ha tenido acceso este periódico incluye no obstante dos puntos favorables para la imputada a la que el juez Juan Carlos Peinado aspira a sentar en un banquillo ante un jurado. El primero es que aunque los agentes sostienen que usó la cátedra para su beneficio, éste fue profesional y no económico. Y es que -relata el informe- los productos bancarios vinculados a Begoña Gómez entre el 1 de diciembre de 2019 y el 18 de noviembre de 2024 «concuerdan con el desarrollo de las actividades profesionales». O sea, no hay dinero sin respaldo documental en sus cuentas.
La UCO denuncia que Gómez hizo contrataciones en la Complutense «sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto»
El segundo es que la UCO -que no ha encontrado tampoco nada de interés en los 197 correos electrónicos de la cuenta de la esposa de Pedro Sánchez en Presidencia- dice que no ve irregularidad alguna en los cauces de creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) en otoño de 2020, después de que Gómez hiciera llamar a Moncloa al rector de la Complutense, Joaquín Goyache.
Al margen de estos dos hechos, el informe introduce muchos matices desfavorables para los intereses de la mujer del presidente, sobre todo por saltarse supuestamente normas en la contratación o el presunto uso de la asesora para llevar el día a día de la cátedra. El bloque más duro del atestado afecta a la contratación de los servicios necesarios para desarrollar la herramienta. La UCO recuerda que la Complutense, por su condición de Administración pública, debía someter esos contratos a la Ley de Contratos del Sector Público. Y señala dos adjudicaciones especialmente sensibles: la de Making Science, encargada del 'back end' de la plataforma, y la de Deloitte, que prestó servicios de asesoramiento y apoyo a la oficina del proyecto.
En el caso de Making Science, la Guardia Civil afirma que su contratación se llevó a cabo «sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto», pese a que por su importe —20.000 euros sin IVA— debía haberse seguido ese procedimiento. La universidad terminó autorizando el pago porque el servicio ya estaba prestado y para evitar un «enriquecimiento injusto» de la institución.
Pero la acusación más comprometida se concentra en Deloitte. Según la UCO, los dos expedientes tramitados —un contrato menor y un posterior procedimiento abierto simplificado— «se habrían elaborado como un mero marco administrativo conformado a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad a la contratación de estos servicios». La Guardia Civil sostiene que esa contratación «se habría llevado a cabo nuevamente al margen del procedimiento establecido en la normativa».
El informe va más allá y afirma que las adjudicaciones a Deloitte «no solo estaban premeditadas», sino que la consultora «ya había iniciado sus funciones con anterioridad a la adjudicación del primer contrato». También sostiene que la prestación real de los servicios «no guardó relación con los plazos formales de ejecución» y que los requisitos exigidos «se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la Cátedra, incluido el precio».
La Guardia Civil zanja que Gómez solicitó ofertas de manera ficticia para «simular» una concurrencia que no existía en realidad
La frase más sensible del informe aparece al analizar la concurrencia de otros licitadores. La UCO concluye que «se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte». Ese es el núcleo de la acusación policial: no solo una contratación irregular, sino una tramitación formal que, según los agentes, habría servido para cubrir una decisión ya adoptada.
Otra línea de carga contra Gómez afecta al posible aprovechamiento privado de la plataforma. La Guardia Civil subraya que Transforma TSC fue creada «en nombre de la UCM», que tuvo un coste directo para la universidad de 108.765,79 euros y que, además, recibió trabajos de colaboradores valorados entre 225.000 y 253.000 euros. La herramienta -y eso también lo reconoce la UCO- llegó a ponerse a disposición de pymes «mediante talleres promocionales» y del público general a través del dominio transformatsc.org. El punto más delicado es la conexión con Transforma TSC SL, la sociedad privada constituida por Gómez en noviembre de 2023, cuando el desarrollo de la plataforma universitaria se encontraba ya «en su fase final». La UCO recalca que la mercantil estaba administrada por la esposa del presidente, «figura referente públicamente de la Plataforma», y que «destaca la analogía de su denominación y objetivo con los de la Plataforma», sin que se hayan identificado «acuerdos formalizados con la UCM».
El informe incorpora además otro elemento sensible: el papel de Cristina Álvarez, asesora adscrita al Gabinete de la Presidencia del Gobierno y encargada de asistir a Begoña Gómez. La UCO la considera, «independientemente de la ausencia de una relación formal con la Universidad», como «integrada en el equipo de trabajo de la Cátedra». Los agentes describen sus funciones como tareas de «gestión y auxilio» a la dirección y señalan que en el anexo del informe se identifican comunicaciones de las que se desprende una «gestión activa» en ese ámbito.
La Guardia Civil sitúa a Álvarez en comunicaciones sobre el avance de la herramienta, pruebas funcionales y cuestiones administrativas relacionadas con el proyecto. Ese papel es especialmente relevante porque conecta la actividad de la cátedra con una empleada pública de Presidencia, uno de los elementos que las acusaciones han utilizado para sostener la posible malversación.
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