La UCO ha entregado al juez Juan Carlos Peinado un informe sobre la actuación de Begoña Gómez en su Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva (TSC) en la Complutense y su posible instrumentalización para un beneficio personal. La investigación de la Guardia Civil contradice afirmaciones de la esposa del presidente del Gobierno ante el magistrado. Entre ellas, que la empresa que creó con el mismo nombre de la cátedra, Transforma TSC SL, no tuvo actividad comercial, o que la plataforma digital que se desarrolló en el seno de la cátedra no llegó a activarse. Con ambas ideas, Gómez sostenía que nunca tuvo intención de lucrarse con su actividad en la universidad pública y que no cometió el delito de apropiación indebida que se le imputa.
"A pesar del corto periodo de vida de la mercantil, más allá de la intencionalidad o pretensiones perseguidas comercialmente con la fundación de la misma y que, en apariencia, se vieron frustradas de manera temprana, se apunta que esta efectivamente llegó a mantener una actividad comercial", indica la UCO sobre la sociedad, antes de dejar constancia de dos facturas localizadas por algo más de 6.000 euros.
En sus recursos reclamando el archivo del caso, Gómez sostiene que Transforma TSC SL "no tuvo ningún tipo de actividad". Los investigadores indican que sí la tuvo y dan a entender que fue la apertura de la investigación penal en la Plaza 41 de Madrid en abril de 2024 lo que provocó que la sociedad se declarara inactiva.
La unidad especializada de la Guardia Civil también desmiente que el software creado en el seno de la cátedra no llegara a entrar en funcionamiento. En el apartado denominado "Acciones que contravienen las pautas marcadas por la UCM sobre propiedad intelectual", la UCO explica que "el desarrollo de la Plataforma fue dado por finalizado -sujeto a modificaciones derivadas de incidencias detectadas a posteriori" y que "se sometió a un proceso de pruebas funcionales".
"En última instancia, la herramienta fue puesta a disposición de grupos de pymes, mediante talleres promocionales y del público general a través del portal web www.transformatsc.org, según se tenía planificado desde un inicio", indica el informe.
Los investigadores añaden que la actuación de la cátedra impidió que el software recibiera la protección que podía darle la Ley de Propiedad Intelectual y que habría correspondido a la Complutense. No sucedió, porque el departamento competente de la UCM "no habría podido gestionar debidamente los derechos de propiedad de la Plataforma ante la ausencia de la comunicación previa por la unidad responsable del proyecto, en este caso la Cátedra".
Gómez, de hecho, dio pasos en la dirección opuesta. "Por el contrario, desde la Cátedra, como responsables de proyecto, no solo no habría seguido el proceso establecido por la titular de los derechos, la UCM, sino que además se llevaron a cabo acciones de divulgación que habrían afectado a la propiedad intelectual de la Plataforma".
"Dudas razonables"
Otro apartado del informe revisa las "vinculaciones y analogías de la plataforma con el entorno privado-empresarial de Begoña Gómez". Una de las ramas del caso Begoña se ha dirigido a aclarar si tras su actuación en la UCM existía una intención de lucrarse, aprovechando lo que, como la plataforma digital, debía ser propiedad del centro universitario.
La UCO concluye que "de las analogías de denominación, objeto y figura visible [Begoña Gómez] de ambas, unidas a la ausencia de aviso legal en el portal web que identifique plenamente la/s entidades responsables detrás de la Plataforma, pueden derivarse dudas razonables sobre si Transforma TSC SL es una de ellas".
A esa confusión entre lo privado y lo público el informe incorpora otro elemento. Gómez ha alegado que pagó el registro de la marca y el dominio de internet que correspondían a la cátedra con la intención de evitar que terceros ajenos los emplearan. Sin embargo, afrontó ambos casos con fondos privados suyos, no de la cátedra, a diferencia de cómo actuaba con otros gastos igualmente referidos a su trabajo en la UCM.
Por ejemplo, la inscripción de la marca le supuso 206,57 euros, que abonó con cargo a una cuenta "de la que es titular Begoña Gómez, junto con su cónyuge". También asume 118,58 euros por el dominio www.transformatsc.org.
"Pagos que difieren de lo observado con respecto a otros de cuantía similar o mayor, derivados de asuntos diversos relacionados con la Cátedra o la Plataforma y que, al contrario de lo que sucede con los antedichos, son asumidos con fondos de la UCM".
"Adjudicaciones premeditadas"
Respecto al estricto desarrollo tecnológico de ese software, el informe resalta irregularidades en los contratos con cargo a fondos de la Complutense. En particular, los relativos a Deloitte. "De la sucesión de hechos se desprende que las adjudicaciones a Deloitte no solo estaban premeditadas sino que: (i) la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad a la adjudicación del primer contrato; (ii) la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos; (iii) los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos —en su invitación a ofertar y en los pliegos, respectivamente— se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la Cátedra, incluido el precio".
Añade la UCO que de la secuencia de hechos analizada se deduce "que se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte".
Según recuerda el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, estas irregularidades con Deloitte se suman a otras detectadas por la propia UCM en la contratación previa de Making Science, de nuevo en el desarrollo del software. Esta contratación "sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo" al efecto, incumpliendo así la Ley de Contratos del Sector Público, a la que está sometida la Complutense.
Camino del juicio
El juez Peinado imputa a Begoña Gómez los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. El instructor considera que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo a la esposa del presidente del Gobierno y que el juicio debe celebrarse ante un jurado. Que el juicio llegue a celebrarse depende ahora de la respuesta de la Audiencia de Madrid a los recursos de Gómez.
También la Fiscalía solicita el archivo del procedimiento. Por su parte, las acusaciones populares, coordinadas por Hazte Oír, piden para ella 24 años de prisión.