La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este miércoles a la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz, de Madrid, para recabar documentación requerida en el marco de la investigación en torno a la considerada fontanera del PSOE, Leire Díez.
Según informan fuentes de la investigación a EL MUNDO, se trata de requerimientos de información ordenados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco del denominado 'caso Leire' o 'caso Sepi'. En este procedimiento también está imputado el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) Vicente Fernández por el supuesto cobro de comisiones.
Las mismas fuentes precisan que la UCO se ha desplazado hasta el domicilio particular del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien hasta el momento no se encontraba imputado en este procedimiento (sí por el cobro de comisiones ilegales en el marco del caso Koldo).
La Guardia Civil también se está procediendo a obtener documentación en el despacho profesional de Gaspar Zarrías. El histórico dirigente del PSOE andaluz está relacionado con Leire Díaz, a la que contrató cuando se puso en marcha la supuesta operación para desacreditar las investigaciones de la UCO. Zarrías tuvo que declarar como testigo sobre sus vínculos con la fontanera en otra investigación que se sigue en los juzgados de Madrid por esas actividades contra la unidad de la Guardia Civil.
Por otro lado, los agentes también están registrando el domicilio del empresario Javier Pérez Dolset, vinculado a Díez.
En el marco de la causa de la Audiencia Nacional en la que se ha activado la operación, que permanece bajo secreto de sumario, fueron detenidos el pasado mes de diciembre el ex presidente de la Sepi y hombre de confianza de la ex vicepresidenta María Jesús Montero; la fontanera de Ferraz y del socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso.
Díez fue directora de Relaciones Institucionales de Correos, que depende de la Sepi. En este procedimiento, se investigan delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
Dentro del caso Sepi se investigan diversas operaciones bajo sospecha de haber generado comisiones ilegales. La unidad especializada de la Guardia Civil considera que Fernández, Díez y Alonso (socio de Santos Cerdán) se confabularon para amañar media docena de operaciones en las que tenían «intereses comunes». Para ello, crearon un grupo específico de WhatsApp que llamaron Hirurok (que significa en euskera los tres juntos), a través del que intercambiaban la estrategia a seguir y a cuyo contenido ha tenido acceso la UCO.
La más cuantiosa de las operaciones es la que afecta al rescate de Tubos Reunidos con 113 millones de euros. En el último auto de prórroga del secreto, el juez Pedraz explicaba que acababa de recibir un nuevo informe de los agentes que suponía ampliar los hechos que estaban bajo investigación y el número de imputados.