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La UDEF denuncia que la SEPI da información "incompleta": carpetas vacías, 'mails' omitidos, archivos corruptos

La UDEF denuncia que la SEPI da información "incompleta": carpetas vacías, 'mails' omitidos, archivos corruptos
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Pese a dos requerimientos judiciales, faltan correos electrónicos entre los funcionarios que tramitaron el rescate de Plus Ultra y los responsables de la aerolínea, documentos que "existen o han existido", dicen los agentes. Más información: Zapatero y sus hijas han ganado más de 4M en 5 años entre la 'trama de Julito', las consultorías y conferencias

Agentes de la Policía guardan material incautado durante el registro el pasado 19 de mayo en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. EFE

Tribunales EL EXPRESIDENTE ZAPATERO, INVESTIGADO La UDEF denuncia que la SEPI da información "incompleta": carpetas vacías, 'mails' omitidos, archivos corruptos

Pese a dos requerimientos judiciales, faltan correos electrónicos entre los funcionarios que tramitaron el rescate de Plus Ultra y los responsables de la aerolínea, documentos que "existen o han existido", dicen los agentes.

Más información: Zapatero y sus hijas han ganado más de 4M en 5 años entre la 'trama de Julito', las consultorías y conferencias

Publicada 25 mayo 2026 02:21h Las claves

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La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha dado cuenta al juez José Luis Calama de que, pese a los dos requerimientos recibidos, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no ha facilitado la información completa sobre el expediente relativo al rescate de Plus Ultra.

Esa documentación es importante para la investigación, centrada en una presunta red de tráfico de influencias liderada por el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que habría facilitado la concesión a Plus Ultra de préstamos por importe de 53 millones de euros públicos.

El dinero procedía del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, que elevaba las propuestas de rescate al Gobierno de Pedro Sánchez.

La denuncia de la UDEF figura al comienzo de su informe del pasado 22 de abril, que ha sido determinante para que Calama diera la condición de investigado al expresidente Zapatero y autorizara a los agentes a registrar su oficina el pasado martes.

Tras analizar la información aportada por la SEPI en contestación al primer requerimiento judicial, los agentes constataron que "está incompleta".

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Algunas carpetas "se encuentran vacías de contenido y no tienen documentación". Destacan las que debían contener información relativa a las comisiones de seguimiento del rescate.

Otros archivos "no pueden ser abiertos", principalmente los referidos a la subsanación de errores en los documentos facilitados por la aerolínea a la SEPI.

En relación con las comunicaciones, los correos electrónicos incorporados al expediente "se limitan a intercambios entre el FASEE y la compañía aérea, tanto de entrada como de salida, relativos únicamente al año 2025".

No están, por tanto, los 'mails' que los encargados del expediente de Plus Ultra en la SEPI y los responsables de la aerolínea se intercambiaron desde la fecha en que solicitó la ayuda con fondos públicos (1 de septiembre de 2020) hasta su concesión en marzo de 2021.

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Los agentes aseguran que estos últimos correos "existen o han existido" porque consta en el procedimiento que desde la SEPI se solicitó a Plus Ultra documentación para la subsanación de los errores de la solicitud del rescate.

Para la UDEF, es "patente" que tuvo lugar un flujo de comunicación entre los directivos de Plus Ultra y al menos José Ángel Partearroyo, un directivo técnico de la SEPI, en la fase de concesión de la ayuda pública, "no habiendo sido dichas comunicaciones incorporadas al expediente, salvo alguna excepción en formato PDF".

"TODA" la información

Por ejemplo, figura en el expediente la respuesta dada por Plus Ultra el 22 de diciembre de 2020 a una petición de subsanación de errores, pero no la propia petición.

Dadas las omisiones, el pasado febrero la UDEF pidió a la juez Esperanza Collazos —a cargo de las diligencias en aquel momento— que enviara a la SEPI un segundo requerimiento. La instructora reclamó a la sociedad estatal "TODA LA INFORMACIÓN", en mayúsculas en el oficio judicial, relacionada con la ayuda pública otorgada a Plus Ultra.

En su respuesta, la SEPI aseguró que la información aportada "equivalía a la presentada originalmente" y que ahora añadía solo “la información adicional referida al seguimiento de la financiación efectuado desde 18 de diciembre de 2025 a la fecha actual”.

Sin embargo, cuando la UDEF comparó el contenido de la respuesta al primer requerimiento con la contestación al segundo observó que "difieren más allá de lo indicado por la SEPI".

El número de archivos y carpetas aportados tras el nuevo requerimiento "es notablemente inferior al de la respuesta al requerimiento original, desconociéndose los motivos", dice el informe.

Los agentes comprobaron que algunas carpetas seguían vacías y que otros archivos continuaban sin poder ser abiertos (denominados archivos corruptos).

Y también que había documentos referenciados en el expediente que, sin embargo, no estaban entre los aportados.

Por ejemplo, en la carpeta dedicada a la documentación que Plus Ultra entregó a Deloitte para la elaboración de su informe legal, no se encuentran documentos a los que la consultora sí se refiere "y que deberían figurar entre los incluidos en el expediente, entre otros", dice la UDEF.

Certificado de la TGSS

Tampoco se halla entre la documentación que la SEPI remitió al Juzgado un certificado de 24 de febrero de 2021 enviado a Deloitte por Plus Ultra según el cual esta compañía se encontraba al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, lo cual era un requisito para la concesión de la ayuda.

Ese certificado es coincidente con otros dos —ambos de la misma fecha, 20 de agosto de 2020, pero emitidos por funcionarios distintos de la Tesorería General de la Seguridad Social— que Plus Ultra adjuntó a la petición del rescate.

Sin embargo, la TGSS ha informado a la UDEF que, a fecha de 20 de agosto de 2020, la aerolínea sí mantenía una deuda pendiente con la Seguridad Social, en contradicción con los certificados aportados a la SEPI y a Deloitte por la compañía.

En la documentación aportada por la SEPI tampoco aparece el contrato de arrendamiento de una aeronave suscrito en noviembre de 2019 con Modus Securitisation ni las actas de la SEPI del periodo de concesión de la ayuda relativas a los días 9 y 23 de febrero de 2021.

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