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El informe revela cómo la aerolínea utilizó una doble vía de presión política en España y Venezuela, valiéndose de un entramado societario que desvió fondos hacia el entorno del expresidente.
El informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, sostiene que la compañía aérea Plus Ultra estructuró presuntamente una red de presiones políticas y compensaciones económicas para lograr su rescate de 53 millones de euros.
Según los investigadores policiales, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero habría asumido un papel de intermediación ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez, unas gestiones que habrían sido remuneradas por la empresa a través de un complejo entramado societario.
El informe de la UDEF señala que los responsables de Plus Ultra -Julio Martínez Sola, Rodolfo Reyes y Roberto Roselli- diseñaron desde la primavera de 2020 una estrategia de aproximación política. Para ello, abrieron dos líneas de influencia claramente diferenciadas. La primera vía apuntaba al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, buscando la mediación directa de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La segunda vía se centró en la figura de Zapatero. En los mensajes telefónicos incautados, los directivos se referían al expresidente español como alguien "pro Sánchez" y "pro Maduro", estimando que el fin justificaba los medios para salvar la compañía.
La actividad de este grupo de presión habría comenzado inmediatamente. Al día siguiente de aprobarse el Fondo de Apoyo para el rescate de empresas, los directivos de la aerolínea ya comentaban por chat que la red liderada por Zapatero estaba trabajando. En las conversaciones figuran expresiones de los empresarios instando a "meterle chola al Zapa" con el fin de agilizar los trámites ante la precaria situación de la aerolínea. El informe policial documenta gestiones concretas en las que habría participado el exlíder socialista, como una reunión celebrada el 7 de septiembre de 2020 con el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dirigida aparentemente a resolver deudas de la aerolínea con las cotizaciones de la Seguridad Social.
Para canalizar los fondos derivados de estas gestiones de intermediación, la trama recurrió a lo que los propios implicados denominaban como una "boutique" financiera, también bautizada internamente como el "Grupo Zapatero". Esta estructura tenía como figura central al empresario Julio Martínez Martínez, calificado por la UDEF como colaborador de confianza del expresidente. Los investigadores policiales identificaron una sociedad presidida y representada por Martínez Martínez radicada en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio catalogado como paraíso fiscal, que habría servido para articular los movimientos financieros y los contratos de asesoría que daban cobertura legal a los pagos realizados por la aerolínea tras el cobro de la subvención estatal.
En este circuito, la UDEF destaca la participación de la empresa What The Fav, propiedad de las hijas de Zapatero. Esta firma fue contratada por Análisis Relevante, sociedad de Julio Martínez Martínez, para realizar trabajos de maquetación de informes. Los investigadores subrayan que estas tareas carecían de "entidad técnica" y que la firma de las hijas de Zapatero distribuía boletines mensuales a clientes cuyas direcciones de correo habían sido facilitadas previamente por el expresidente. La UDEF sugiere que este esquema contractual constituía una "articulación formal de una contraprestación económica" para desviar fondos de manera indirecta hacia el entorno familiar del expresidente.
El informe policial detalla también gestiones de la trama ante la investigación abierta en mayo de 2021 en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid. Los chats revelan que los implicados intentaron desactivar la causa penal mediante supuestos contactos con la fiscal jefe del caso, con la pretensión de realizar un "Kitchen Cabinet". Poco después de esas conversaciones, el Ministerio Público solicitó levantar el bloqueo de la ayuda financiera de la SEPI. De forma paralela, el informe recoge que las gestiones de Julio Martínez Martínez ante Delcy Rodríguez fructificaron en la autorización por parte de la Vicepresidencia de Venezuela de seis vuelos de Plus Ultra sin la necesidad de la preceptiva nota diplomática.
Por su parte, el Gobierno ha manifestado una postura de "prudencia" ante la investigación, a la espera de conocer detalladamente el sumario del caso que podría hacerse público esta semana. Diversas fuentes del Ejecutivo señalaron ayer que, tras analizar el auto judicial en repetidas ocasiones, consideran que las acciones atribuidas al expresidente Zapatero se enmarcan de momento en "actividades de lobby". Desde el Ejecutivo insisten en defender la figura del exmandatario.
Con la mirada puesta en el avance de las pesquisas, desde el Gobierno esperan conocer formalmente las pruebas que sustentan el informe de UDEF y los indicios del auto judicial. Esta información resultará clave de cara al próximo 2 de junio, fecha en la que Zapatero tendrá que comparecer para explicar por qué sus trabajos de consultoría para la empresa Análisis Relevante corresponden a tareas legítimas de lobista y no a un delito de tráfico de influencias, un aspecto que en el seno del Ejecutivo consideran determinante.
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