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El Parlamento y el Consejo de la UE elevan en un 33% el techo que limitaba por tamaño cuántas empresas podrían adscribirse a la nueva etiqueta respecto al texto inicial.
La Unión Europea ha dado su bendición a la creación de una nueva categoría corporativa: la empresa de mediana capitalización (SMCs, por sus siglas en inglés). Este tipo de compañía se caracteriza por estar a medio camino entre las pymes y las grandes empresas y, bajo la nueva denominación formal, podrá beneficiarse de una carga burocrática menor, lo que a su vez le permitirá reducir sus costes administrativos.
Así lo han acordado el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que ayer finalizaron los trílogos de negociación sobre esta medida planteada por la Comisión Europea hace un año. La creación de la nueva categoría empresarial de mediana capitalización será oficial en cuanto los dos organismos lo ratifiquen y aparezca en el Diario Oficial de la Unión Europea.
La nueva categoría permite a las empresas que cumplan los requisitos estipulados beneficiarse de una reducción considerable de los requerimientos burocráticos que se les exigen a las empresas en cuanto pasan de los 250 trabajadores y pierden la consideración de pymes. Con ello, podrán seguir siendo pymes en una parte relevante de las consideraciones administrativas, pero seguir elevando su tamaño.
La Unión Europea entiende que el salto de una pyme a una compañía de tamaño grande es demasiado brusco y ha dado luz verde a la creación de esta categoría intermedia para suavizarlo.
"El objetivo es evitar situaciones límite en las que las obligaciones de una empresa aumenten drásticamente cuando supera el umbral de las pymes, y apoyar a las empresas en su expansión", indican desde el Parlamento Europeo, al tiempo que recalcan que la medida incentivará que las compañías comunitarias crezcan sin miedo a que la inversión en un equipo de cumplimiento normativo se coma los beneficios de haber ganado escala.
Bruselas había detectado que muchas empresas optaban voluntariamente por mantenerse pequeñas para poder seguir beneficiándose de las ventajas administrativas de las que gozan las pymes. Esta situación deriva en una mayor atomización del tejido empresarial europeo y una pérdida de competitividad internacional.
"Estamos mostrando flexibilidad hacia las empresas que han crecido considerablemente, pero que deberían seguir creciendo y crear las soluciones del futuro aquí en Europa", indicaba Morten Bødskov, ministro de Industria, Comercio y Asuntos Financieros de Dinamarca, que era el país que ostentaba la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en el momento en el que se inició el debate legislativo sobre esta medida.
Espectro más amplio
El fin de los famosos trílogos de legislación europea sobre la creación de la categoría de empresas de mediana capitalización no ha supuesto únicamente dar luz verde a su entrada en vigor, sino reforzar la propuesta. Las instituciones europeas han redoblado la apuesta por la simplificación realizada por la Comisión Europea el año pasado elevando en un 33% el techo de todos los baremos que una empresa no puede superar si quiere ser considerada una compañía de mediana capitalización respecto al texto inicial.
De esta manera, podrán adscribirse a las ventajas de las empresas de mediana capitalización todas aquellas compañías que tengan menos de 1.000 profesionales en plantilla y cumplan una de las dos condiciones siguientes: o bien generen menos de 200 millones de euros de facturación anual o cuenten con menos de 172 millones de euros en activos totales.
La propuesta inicial de la Comisión Europea barajaba fijar el máximo en 750 empleados, limitar la facturación anual a un tope de 150 millones de euros de facturación y no superar los 129 millones de euros en activos. Además, a diferencia de lo que ocurre en el texto definitivo, en el momento en el que se incumplía uno de los tres criterios, se pasaba automáticamente a estar sometido a las cargas burocráticas de las grandes empresas.
Los parámetros ampliados permitirán beneficiarse hasta a 43.000 empresas europeas de la rebaja de las exigencias regulatorias. Si se hubieran mantenido los límites propuestos por la Comisión Europea, esa cifra habría descendido hasta el entorno de las 38.000 compañías, según explican a EXPANSIÓN fuentes comunitarias.
La Comisión Europea, eso sí, tendrá que realizar un análisis cada cinco años sobre los límites impuestos a esta categoría y la carga administrativa que soportan. El objetivo es poder irlo ajustando al alza o a la baja según se considere conveniente.
Ventajas
Los efectos más visibles en lo que respecta a la reducción de la carga administrativa se refieren a la posibilidad que tendrán las nuevas empresas de mediana capitalización de acogerse a exenciones ampliadas en materia de protección de datos, reduciendo las obligaciones de mantenimiento de registros cuando el tratamiento no suponga un alto riesgo para los derechos de los interesados. También se verán favorecidas por una reducción de las cargas de reporte de información previstas en el Reglamento de Baterías, así como por requisitos de registro más simples en la normativa sobre gases.
Además, podrán beneficiarse de procedimientos simplificados y apoyo específico en investigaciones antidumping y antisubvenciones, facilitando su defensa frente a prácticas comerciales desleales. La ampliación de estas ventajas se extiende igualmente a ámbitos como los mercados, pues se les facilita el acceso gracias a requisitos de información simplificados en el marco del Reglamento sobre Folletos.
La creación de la nueva categoría es una de las medidas estrella de un paquete de propuestas europeas dirigido a ahorrar a las compañías unos 400 millones de euros anuales en costes administrativos. Algunos elementos del llamado Ómnibus IV están todavía en fase de negociación entre las diferentes instituciones comunitarias.
El trato como pymes a las nuevas empresas no se extiende a la financiación
Las nuevas empresas de mediana capitalización serán equivalentes a pymes tras los últimos ajustes realizados por la Unión Europea, pero solo en lo que se refiere a las exigencias burocráticas y administrativas.
Fuentes comunitarias especifican que la nueva categoría de empresas no tendrá acceso a los programas de financiación especial ni a las ayudas de Estado o dinero público a los que sí pueden acceder las pequeñas empresas europeas. El objetivo de esta distinción es evitar que corporaciones más grandes se queden con una parte relevante del trozo del pastel de financiación al que tienen acceso las empresas de menor tamaño, muchas de ellas incipientes y con menos alternativas para obtener recursos.
"Mientras que la rebaja de las exigencias burocráticas no debería perjudicar a nadie dentro de la UE, lo cierto es que dar a estas empresas acceso a las partidas dedicadas a las pymes reduciría los fondos disponibles", indican estas mismas fuentes, que aseguran que la Comisión Europea llegó a debatir esta posibilidad antes de terminar por descartarla. El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea también se posicionaron en el mismo sentido aliviando así una de las grandes preocupaciones de las patronales de las empresas pequeñas.
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