- ANDRÉS STUMPF. Bruselas
Los líderes de la Unión Europea fijan un calendario para aprobar las regulaciones más ambiciosas que deben reformar la economía europea para mejorar su competitividad.
Las barreras internas en la Unión Europea suponen un lastre para la economía comunitaria que supera con creces el de los aranceles externos, como los impuestos desde el pasado año por Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que equivalen a tasas de un 44% en bienes y del 110% en servicios, una brecha que hace que la región se haya quedado retrasada frente a potencias como Estados Unidos o China.
Los Estados miembro de la Unión Europea son plenamente conscientes desde hace tiempo este diagnóstico, pero las medidas para ponerle remedio no acaban de llegar. Por ese motivo, en la cumbre del Consejo Europeo que citó el jueves a los presidentes de los países del bloque, los líderes acordaron establecer un calendario para intentar llegar a acuerdos para sacar adelante las reformas y la nueva legislación a lo largo de este año.
Al mismo tiempo, se fija el final de 2027 como la fecha tope en la que lograr una verdadera consolidación del mercado único.
La nueva hoja de ruta, a la que la Comisión Europea dará forma oficial el próximo mes en Chipre, es el siguiente paso en materia de competitividad europea después de que en la pasada cita informal celebrada en Alden Biesen se adoptara el compromiso político de convertir en urgencia estas reformas.
"2026 es el año de la competitividad europea. En la actual situación geopolítica, una Europa fuerte es más importante que nunca", dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, al término de la cumbre europea que debía centrarse casi por completo en la competitividad, pero que tuvo que dedicar una buena parte del tiempo de los debates entre los líderes a abordar la situación de urgencia que se vive en Oriente Próximo y que ya impacta el bolsillo de los ciudadanos europeos.
Las medidas no son desconocidas para el público general. En la mayoría de los casos, se trata de expedientes para los que ya existe un texto legal propuesto por la Comisión Europea. Es la rúbrica por parte del Consejo de la UE (Estados miembros) y el Parlamento Europeo, junto a las potenciales enmiendas, lo que falta para que las reformas vean la luz y es precisamente ahí donde las cuestiones más valientes quedan atascadas durante años.
Así queda el calendario
Los Veintisiete piden que se concluya en junio la negociación para un sistema de declaración digital voluntario unificado para servicios transfronterizos y desplazamientos de trabajadores, y que en julio la Comisión presente una revisión del sistema de comercio de emisiones (ETS) que reduzca la volatilidad del precio de carbono, además de un informe de la Comisión Europea sobre la competitividad del sector bancario. Para otoño de 2026, los líderes piden que el Ejecutivo comunitario presente una propuesta para el reconocimiento mutuo de cualificaciones que permita "reforzar la libertad de movimiento de trabajadores".
Hacia finales de año, los Veintisiete señalan que la Unión Europea debería haber completado la negociación del llamado "régimen 28" de derecho societario, la reciente propuesta 'EU Inc.' presentada por la Comisión Europea para simplificar la creación de compañías. Además, también proponen que se haya adoptado por parte de todos los colegisladores europeos la Cartera Europea de Negocios y la adopción del principio "Once-Only", acordado en 2020, para el intercambio de información entre administraciones públicas. También a finales de año, los veintisiete señalan que esperan una propuesta de la Comisión Europea para evitar la fragmentación dentro del mercado interior en lo que se refiere al etiquetado, embalaje y restricciones territoriales de suministro, además de un refuerzo de la vigilancia de productos de países terceros que no cumplan con los estándares europeos.
Los líderes de los Estados miembros también establecen a finales de este año la fecha límite para que los colegisladores lleguen a un acuerdo sobre todos los paquetes de simplificación regulatoria que se han presentado hasta ahora. Por otro lado, también a finales de 2026, el Consejo Europeo exige un acuerdo entre colegisladores sobre el paquete de redes eléctricas, centrado en infraestructuras, las interconexiones, agilización de permisos, además de encargar a Bruselas elaborar, en colaboración con las capitales, un "mapeo de dependencias en sectores estratégicos" también para finales de 2026.
Además, la necesidad de sacar adelante la Ley de Aceleración Industrial con una preferencia europea para sectores estratégicos, y la conclusión de las negociaciones sobre titulización e integración y supervisión de mercados de capitales antes de finales de año.
El Consejo Europeo también ha asumido el compromiso político de no esperar para ciertas reformas clave a los países que no estén preparados para afrontarlas. Los líderes de la UE se han hartado de la parálisis del bloque y avanzarán con el formato de cooperación reforzada en aquellos expedientes en los que no se consiga un apoyo unánime o mayoría cualificada para sacarlos adelante.
Bajo este formato, que crearía de facto una Europa de dos velocidades, solo se necesitarían nueve votos a favor para iniciar el proceso excluyendo a los que no quieran participar. Esta fórmula se pretende estrenar con el paquete de regulación de infraestructura y supervisión de los mercados financieros, que plantea, entre otras cosas, otorgar más poderes a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) para convertirla en un megasupervisor.
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