La Universidad pública vasca deberá presentar antes de las 10.00 horas del próximo lunes argumentos jurídicos documentados con los que aclarar por qué 79 alumnos de colegios concertados de Vizcaya fueron penalizados con un cero y otros treinta con notas bajísimas que pueden abortar la formación universitaria a la que aspiraban. Un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Bilbao considera fundamentadas las más de medio centenar de demandas de alumnos en las que reclaman que se suspenda con urgencia las calificaciones de euskera de las notas de ingreso porque a partir del 1 de julio se inician las matriculaciones de la gran mayoría de las universidades españolas.
La polémica de la oleada de ceros en el examen de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el tribunal 11 de Vizcaya ha saltado al ámbito judicial. El escándalo mayúsculo denunciado por decenas de jóvenes, familiares y profesores con una concentración ante la Universidad pública vasca se dirime ante la Justicia después de que medio centenar de alumnos reclamara la suspensión «cautelarísima» de estos suspensos al advertir de que se garantizó el anonimato de estudiantes y centros en la PAU vasca.
El argumento jurídico utilizado por el despacho de abogados bilbaíno Picaza Asesoría se fundamente en considerar «nulas» las primeras calificaciones -la mayoría ceros- con los que un evaluador penalizó a casi un centenar de alumnos de una decena de colegios concertados de orientación religiosa que han realizado sus estudios en castellano. Alumnos, familiares, docentes y responsables de los colegios afectados consideran que uno de los dos correctores del tribunal 11 les penalizó con la oleada de suspensos. Aunque la Universidad pública vasca ha ocultado estos resultados, los colegios religiosos afectados han cotejado que los alumnos con apellidos entre la A y la I evaluados por uno de los dos correctores obtuvieron unos resultados equivalentes a sus notas en euskera de los dos años de Bachillerato. Sin embargo, aquellos cuyos primeros apellidos se encuentran entre la I y la Z fueron penalizados con una oleada de ceros y de notas bajísimas que provocó movilizaciones y la exigencia de explicaciones a la Universidad dirigida por el rector Joxerramon Bengoetxea.
Según datos aportados por la consejera de Educación Begoña Pedrosa, 168 alumnos en 41 tribunales recibieron un cero en el examen de euskera en la PAU. 80 de esos ceros se pusieron en el tribunal 11 y 79 de ellos fueron del corrector sobre el que caen las sospechas de haber actuado arbitrariamente.
Las demandas ante los tribunales que pueden provocar la eliminación de las notas de euskera se basan en la vulneración de la garantía del anonimato de alumnos y de centros que formalmente se establece en la nueva selectividad. «Nos quieren echar a los que somos de Bilbao y no tenemos el C1 de euskera», advirtió a EL MUNDO Iñigo Ibeas, uno de los afectados por un cero que dio el paso de liderar las protestas públicas de decenas de compañeros penalizados por el examen de euskera. Protestas que obligaron a la consejera de Educación Begoña Pedrosa a exigir una reunión con el rector de la EHU Joxerramon Bengoetxea para aclarar por qué habían sido penalizados con una oleada de ceros el casi centenar de alumnos afectados. Bengoetxea se ha limitado hasta ahora a poner en valor el proceso de revisión que, en el caso del tribunal 11, modificó 65 ceros iniciales por notas inferiores al 2 de tal manera que al realizarse la media aritmética las notas en euskera para decenas de alumnos siguen siendo un lastre para su nota de ingreso en los grados universitarios.
Las demandas que la Justicia vasca valora hasta el punto de reclamar explicaciones a la Universidad consideran «nulas» tanto las primeras calificaciones como las revisiones. Al cerrarse con ellas la vía administrativa y ante la cercanía del proceso de matriculación, el letrado Iñaki Picaza que representa a los afectados reclamó la suspensión de las notas de euskera y que se facilite el cálculo de la nota de ingreso sin esta penalización.
«Entendemos la preocupación y la frustración del alumnado; ¿cómo no lo vamos a hacer?», reconoció ayer la consejera de Educación Begoña Pedrosa en el Parlamento Vasco. La consejera nacionalista confirmó ante una iniciativa parlamentaria de Amaia Martínez (Vox) que pretende reformar la PAU para garantizar el anonimato de centros y alumnos con la utilización de grandes espacios como los que se utilizan ahora para las ofertas de empleo público. «La PAU ha sido el primer paso para la diáspora vasca», denunció Martínez que denunció la «explosión de ceros» como otro paso para acabar con la educación en castellano en Euskadi.