- EXPANSIÓN
- Opinión. Vivienda: el ciudadano de a pie también necesita seguridad jurídica
- Opinión. Cómo afrontar el problema de la vivienda
- Análisis. La herencia envenenada de Sánchez en la vivienda
Pedro Sánchez justificó ayer la maniobra jurídica de volver a aprobar en el Consejo de Ministros los decretos para intervenir más la vivienda, que fueron tumbados por la mayoría del Congreso de los Diputados, con ligeras modificaciones para luego ratificarlos en la diputación permanente de la Cámara Baja en que, a su juicio, el Parlamento “dio la espalda a la ciudadanía” en sus demandas para la vivienda.
Una proclama muy inquietante en un gobernante democrático, al poner en cuestión desde la sede del poder ejecutivo la legitimidad de las votaciones de los parlamentarios elegidos en las urnas por los españoles e intentar erigirse como único intérprete válido de la voluntad popular.
Tampoco es admisible la justificación de que sea urgente actuar sobre el mercado inmobiliario antes de las elecciones anticipadas del próximo 29 de noviembre cuando su Gobierno ha impulsado, según detalló el presidente, 78 iniciativas relacionadas con la vivienda en los últimos ocho años.
Más parece un descarado intento de utilizar como arma electoral el comprensible malestar de una parte de la población con las crecientes dificultades para conseguir una vivienda.
Proclamó también Sánchez desde la Moncloa que es “imperioso intervenir un mercado que no funciona”, pero eso es lo que ha venido haciendo su ejecutivo desde 2018 y el resultado ha sido devastador: la oferta en alquiler ha caído un 61% y su coste se ha disparado de media un 40%.
No hay razones para pensar que agravar la regulación intervencionista de la vivienda surtirá efectos distintos porque, como reconoció él mismo, la raíz de la crisis es la falta de oferta disponible.
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