- BEATRIZ AMIGOT
El mercado inmobiliario español arrastra un desequilibrio estructural entre una demanda sólida y una oferta escasa, que lleva años tensionando los precios y dificultando el acceso a la vivienda.
Las últimas estimaciones del Banco de España cifraban a finales de 2025 el déficit de vivienda en el país en unas 700.000 unidades. En este contexto, las administraciones consideran que se necesita construir más y están tomando medidas para acelerar los procesos de transformación del suelo finalista y poder aumentar la construcción de viviendas con colaboración público-privada.
Así lo han puesto hoy de manifiesto en el Encuentro EXPANSIÓN Sector Inmobiliario que reúne hoy a los principales líderes de esta actividad para debatir sobre los desafíos y las oportunidades de un ámbito clave para la economía y la sociedad española.
En este sentido, María José Piccio Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación en la Comunidad de Madrid, ha puesto en relieve el Plan Vive, una fórmula novedosa desarrollada en la región. "Se han desarrollado viviendas públicas en suelos públicos con colaboración público-privada para que la iniciativa privada se haga cargo del desarrollo de la vivienda y que las exploté durante el tiempo que dura la concesión. En estos momentos, 5.300 viviendas ya se hayan entregado a sus inquilinos".
"Es una buena fórmula para movilizar suelos y para dar vivienda a un gran número de madrileños", ha defendido Piccio.
Además, la directora general de Vivienda y Rehabilitación en la Comunidad de Madrid ha destacado también "la modificación de la Ley del Suelo 2022 que realizó la región para que se pudieran destinar a vivienda asequible suelos con otros fines, sobre todo aquellas parcelas que estaban destinadas a ser centro cultural o sala de exposiciones, por ejemplo".
Por su parte, José Francisco Reynés, director general de Vivienda y Arquitectura en Gobierno de las Islas Baleares, ha explicado que en su comunidad "se están cediendo de suelos públicos al Ibavi [El Instituto Balear de la Vivienda] para la gestión de vivienda pública. En los próximos tres años va a acometer 1.200 viviendas nuevas, que suponen un incremento del 50% sobre el parque existente".
"En segundo lugar, otro frente es todo aquello que se refiere a las convocatorias de cesiones de derecho superficial, el equivalente lo que hace el Plan Vive Madrid. En Baleares, está la planificación de más de 2.000 viviendas en lo que es la cesión de suelos de derecho de superficie. Y en este caso, pues tanto desde los hay diferentes ayuntamientos, Palma, Santa Eulalia, Calvià, también desde el Govern se van a hacer convocatorias en ese sentido y, por tanto, un segundo frente importante para que la iniciativa privada pueda desarrollar vivienda protegida en esos suelos públicos", ha apuntado Reynés.
"Además, otro aspecto relevante es la figura que hemos desarrollado, a partir de la ley 4.25, en los proyectos residenciales estratégicos. Esta figura opera en los ámbitos de suelo urbanizable y suelo urbano no transformados, es decir, cuando todavía no tenemos el suelo finalista (que es lo que necesitamos). En un sólo trámite unifica los procedimientos de plan de ordenación (proyecto de urbanización y de compensación) y las tramitaciones que actualmente duran 10-15 años lo hemos reducido a dos (porque también opera el silencio positivo), lo que nos interesa es obtener cuanto antes suelo finalista", ha subrayado Reynés.
"Y esto ya la está dando sus frutos. En Palma ya hay siete ámbitos en los que ya se están tramitando cerca de 7.000 viviendas, 3.600 de las cuales son viviendas con algún grado de protección. Creo que es una figura muy innovadora y que nos puede dar buenos resultados de cara tanto a la obtención de suelo público, porque el 15% del aprovechamiento de todos estos suelos se va a suelo público destinado a exclusivamente a vivienda protegida, y también al desarrollo del incremento de oferta. Por tanto, es más vivienda en menos tiempo", ha aseverado Reynés.
En el caso de Cataluña, "se está realizando una planificación a largo plazo, con el plan territorial sectorial de vivienda, que nos permite identificar las zonas de la comunidad que van a tener una mayor necesidad de vivienda y que ya la están teniendo. Esto nos sitúa en la necesidad a 20 años vista de generar 300.000 viviendas destinadas a lo que llamamos políticas sociales en sentido amplio, es decir, no solo emergencias, sino también emancipación juvenil de estudiantes, de puestos de trabajo que necesiten una vivienda ajustada a su nivel de ingresos, etcétera", ha asegurado Jordi Mas, director general de Vivienda de la Generalitat de Catalunya.
"Esta proyección nos permite después desarrollar toda una serie de instrumentos. El primero que hemos puesto en marcha es el Plan 50.000 y hace referencia a los objetivos de los primeros cinco años. La idea es generar 50.000 viviendas asequibles, no sólo de nueva construcción, y lo que hemos diseñado es el mecanismo que hemos llamado la reserva de solares, que es una convocatoria que hacemos anualmente para que los propietarios públicos y privados puedan poner sus suelos en esa reserva y al poner suelo a disposición tienen derecho a una serie de ayudas, ayudas financieras a través del Instituto Catalán de Finanzas, financiación a 30 años con un tipo de interés bonificado y después unas ayudas a la explotación en función de los precios de mercado que tenemos en el conjunto de Cataluña", ha explicado Mas.
"Lo que hacemos es subvencionar la explotación para que el inquilino pague un precio que esté por debajo del precio de mercado, pero el explotador reciba, digamos un ingreso suficiente para equilibrar las cuentas a medio plazo. Todos estos suelos son de diversa procedencia, tenemos suelos municipales, básicamente, pero también suelos privados o de la propia administración de la Generalitat. Ya hemos cerrado el plazo para las primeras 2.000 viviendas y tenemos ocho adjudicatarios potenciales, que han pedido poder desarrollar estas viviendas y estamos muy satisfechos", ha expuesto el director general de Vivienda de la Generalitat de Catalunya.
"Hemos abierto una segunda convocatoria este año para que entren nuevos suelos y no sólo contemplamos la obra nueva, sino también la gran rehabilitación o incluso la rehabilitación con diversos gradientes de ayuda y de apoyo. Este es un poco el esquema de cooperación público-privada, que hemos podido poner en marcha en estos meses que llevamos en el Gobierno y estamos realmente satisfechos con su funcionamiento", ha destacado Mas.
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