Carlos Mazón, en su escaño de Les Corts la semana pasada. José Cuéllar / Corts
Valencia Las asociaciones de víctimas de la dana piden al TSJ valenciano que impute a Mazón por la omisión en su deberUna de las entidades que ejerce acusación solicita al tribunal que no le aplique el aforamiento al expresidente de la Generalitat.
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Rosana Crespo Valencia Publicada 9 marzo 2026 13:00hDos asociaciones de víctimas de la dana personadas en la causa -la de Damnificados Horta Sud y la de Víctimas Dana 29 d'octubre- han pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que admita la exposición razonada de la jueza e impute a Carlos Mazón.
La segunda lo solicita de manera subsidiaria, pues lo que pide en primer lugar es que el tribunal no le aplique el aforamiento y declare su incompetencia. Con ello pasaría a ser investigado por el juzgado de Instrucción.
Ambas asociaciones, en cualquier caso, ven suficientes indicios de responsabilidad penal en el expresidente de la Generalitat. Así, apuntan a su omisión de los deberes como líder del Ejecutivo autonómico.
Un mando de la UME afirma que la CHJ no vio preocupante el caudal del Poyo a las 17:00: él dijo a las 19:00 que desbordóDamnificados Horta Sud indica en su escrito de alegaciones que la imputación de Mazón es el "cauce idóneo y necesario para determinar si una "actuación diligente" por su parte, "asegurando una correcta y temprana activación de todos los niveles del plan de emergencias, una coordinación efectiva de los recursos y una alerta clara y contundente a la población hubiera podido salvar vidas y reducir el alcance de la catástrofe".
"No se trata de exigir lo imposible, sino de investigar si se hizo todo lo razonablemente exigible a quien, por su cargo, tenía el deber y los medios para hacerlo", apunta.
La asociación argumenta que "no se imputa al presidente de la Generalitat una responsabilidad objetiva por el cargo, sino
una omisión de sus deberes de supervisión y dirección superior ante una catástrofe anunciada".
Su condición, comentan, le sitúa "en la cúspide de la estructura de protección de los ciudadanos de la Comunitat
Valenciana, ostentando una posición de garante que no se agota con la mera delegación de funciones en sus consellers".
"Gestión diligente"
"Su deber primordial, especialmente ante una catástrofe de la magnitud anunciada, era el de supervisar y asegurar el correcto y eficaz funcionamiento de todo el sistema de protección civil", señalan.
En opinión de la asociación, "una omisión de la diligencia más elemental exigible a quien ostenta la máxima responsabilidad, con conocimiento del grave riesgo, puede alcanzar el umbral de la imprudencia penalmente relevante".
"La omisión de una gestión diligente y coordinada desde la Presidencia de la Generalitat habría incrementado de forma jurídicamente desaprobada el riesgo para la vida y la integridad de las personas, riesgo que finalmente se concretó en el resultado lesivo", prosigue.
Así, concluye que, si bien la causa natural de la tragedia fue un fenómeno meteorológico extremo, el resultado final, incluyendo fallecimientos y lesiones graves, "podría haberse mitigado de haberse adoptado medidas preventivas y reactivas con la diligencia exigible".
La finalidad del sistema de protección civil, añade, "no es evitar los fenómenos naturales, sino minimizar sus consecuencias devastadoras sobre la población".
"Nefasta y negligente gestión"
Por su parte, la Asociación de Víctimas Dana 29 d'Octubre se muestra conforme a todos los razonamientos de la jueza en su exposición razonada y critica en su escrito de alegaciones la figura del aforamiento.
"Es incompatible con nuestros principios constitucionales a la igualdad procesal, a la tutela judicial efectiva, al derecho al juez natural predeterminado por la ley y al derecho a la doble instancia, entre otros", afirma.
En el escrito de alegaciones, hace hincapié en que aún están "lejos de acabar la fase de instrucción" y que faltan por llegar diligencias clave, como la de la recuperación de los mensajes del que fuera jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca.
Además, consideran que los hechos presuntamente delictivos los cometió el expresidente de la Generalitat en ese cargo y no como diputado.
Por este motivo, sostienen que la inaplicación del aforamiento es la opción "más ajustada a derecho" con la que se satisfaría "los estándares de justicia a los que aspiran las víctimas de la dana".
La asociación apunta a que la causa "ha determinado un nexo causal entre la abrumadora pasividad, la omisión típica, de Carlos Mazón con el resultado de muerte de 230 personas", entre ellas sus 15 representados.
"Murieron por la nefasta y negligente gestión de una emergencia climática. Por una abrumadora y total dejación de las funciones del presidente de la Generalitat en la coordinación y toma de decisión de medidas para proteger a la población", asegura.
"Tan sencillo como que Mazón hubiese estado en el lugar que le correspondía, en el momento que le correspondía y gestionando lo que le correspondía para proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos", añade.
Para esta asociación, "es palmario el nexo causal entre el resultado mortal y lesivo con la falta de medidas y avisos de protección civil por parte del Gobierno de la Comunidad Valenciana a través de los cargos con funciones para ello: el President de la Generalitat, la consellera de Emergencias y el secretario autonómico de Emergencias".
"Resulta inequívoco afirmar que en la figura del expresidente de la Generalitat concurrió la posición de garante siendo el máximo responsable de la estructura jerárquica autonómica responsable de la protección civil", argumenta.
A lo que agrega que "su conducta de pasividad, ajenidad, abandono, inacción y total omisión de sus funciones de dirección y coordinación del Consell, incurren sin ningún género de dudas en una grosera negligencia con resultado mortal y lesivo".