Jóvenes, mayores, familias con hijos, inquilinos y propietarios, la escasez y los altos precios de los pisos afectan a toda la sociedad
Regala esta noticia Añádenos en GoogleMálaga
03/10/2026 Actualizado a las 20:55h.El drama de la vivienda se tiende a ver de una manera reduccionista, como un problema que afecta sobre todo a los más jóvenes y ... a los inquilinos que no pueden pagar el alquiler y son desahuciados. Pero las caras de la crisis habitacional que sufre Málaga reflejan que esta afecta a la sociedad en su conjunto, y no distingue de edad, sexo o condición.
Susana ZamoraCristina Bermúdez buscó por toda Málaga. Le daba igual el barrio. Necesitaba una vivienda de al menos dos dormitorios para ella y sus dos hijos, de siete y dos años, pero al problema de los elevados precios se sumaba otro: nadie quería alquilarle por ser una familia vulnerable. La explicación que recibía de las inmobiliarias era que no respondía «al perfil de personas que buscan los propietarios». Y ella volvía siempre a la misma pregunta: «Dios mío, ¿dónde voy a meter a mis hijos?».
Víctima de violencia de género, tiene 28 años y el mayor de los niños presenta, según explica, un 48% de discapacidad por autismo. Su problema con la vivienda comenzó en 2024, cuando terminó el contrato del piso en el que residía en la Carretera de Cádiz. El inmueble iba a ponerse a la venta y tuvo que buscar otro alquiler. Cuando entró en aquella casa en 2020 pagaba 450 euros al mes. Cuatro años después, lo que encontraba rondaba los 900, 1.000 e incluso 1.200 euros.
Su sueldo era entonces de unos 1.400 euros. A ello sumaba una prestación de 450 euros vinculada a la dependencia de su hijo, aunque una parte estaba destinada a sufragar sus terapias. Durante un tiempo buscó una alternativa en Málaga, pero no la encontró. Su hijo pequeño tenía apenas dos meses y decidió marcharse provisionalmente a casa de su madre, en Lucena (Córdoba). Lo que pensaba que sería una solución de un mes se ha prolongado durante casi dos años.
Desde entonces no ha dejado de buscar vivienda. Sus hijos nacieron en Málaga y sostiene que aquí tendría más posibilidades laborales y, sobre todo, más recursos para atender al mayor. En Lucena, explica, los servicios que necesita el niño son «más limitados». También asegura que en Málaga podría encontrar mejor trabajo por su experiencia en supermercados.
Cristina ha intentado acceder también a una vivienda protegida y afirma haber participado en más de cinco sorteos. Ahora ha recibido un correo del Ayuntamiento de Málaga para presentar documentación tras el último sorteo. No quiere hacerse ilusiones: «Hasta que no me vea con mis llaves en las manos, no me lo creeré».
Teresa Tirado Desahuciada a los 71 años
«Cuando me vi en la calle sólo quería morirme»
Juan SotoDe la noche a la mañana, Teresa Tirado, una mujer de 71 años, se vio en la calle, con dos cáncer y durmiendo en cajeros, portales y bancos del parque. «Cuando me vi en la calle sólo quería morirme; le pedía al Cautivo que me llevara con él», confiesa desde la acampada por la vivienda en la plaza de la Constitución.
Teresa vivía de alquiler en la calle Capuchinos. Pagaba alrededor de 400 euros por un pequeño piso, pero el casero decidió subírselo a 1.200. «Le dije que no podía pagar tanto porque yo sólo cobraba 900 y ahí empezaron los problemas», recuerda.
Tras vivir un primer calvario -le cortó el agua y la luz en varias ocasiones-, el pasado 26 de junio fue desahuciada y le sacaron de la que había sido su hogar durante más de una década. «Me sacaron a la fuerza porque estaba drogada (con tranquilizantes) porque sino me hubiera muerto allí», expone.
Tras el lanzamiento, Teresa estuvo prácticamente un mes en una pensión en Los Prados, gracias a la ayuda recibida por Cruz Roja y el apoyo de la plataforma 'Un techo por derecho', de la que se siente tremendamente orgullosa. Ya en agosto, una vez pasado ese periodo inicial, ha dormido en portales, bancos o locales. «Donde sea que me pueda meter y dormir cinco o seis horas».
Por eso, cuando se montó la acampada por la vivienda en la plaza de la Constitución fue la primera en sumarse. «Yo no quiero que me regalen nada; yo quiero pagar mi alquiler, pero a un precio adecuado que pueda pagar». Y eso, lamenta, es lo que no puede hacer en la actualidad.
Teresa ya está jubilada, pero a lo largo de su vida no ha parado de trabajar: fue secretaria en la Asociación de la Prensa de Málaga, trabajó como enfermera en residencias y en ayuda a domicilio. Por eso insiste en que su situación puede pasarle a cualquiera. «Hoy estoy yo aquí, pero mañana te puede pasar a ti o a cualquiera».
Francisco Javier Rodríguez Se ha tenido que marchar de Málaga
«Fue duro verme en la calle, ahora vivo en Algeciras»
José Antonio SauFrancisco Javier Rodríguez Barranco, de 65 años, es muy conocido en el ámbito cultural malagueño. Reconocido escritor con varios premios en su haber y dueño del pequeño pero prestigioso sello editorial Azimut, hace casi dos años debió dejar Málaga porque la propiedad del piso que había alquilado en pleno Centro decidió poner fin a su relación contractual. Tuvo cuatro meses para hallar una alternativa habitacional, pero tras buscar por la capital y los pueblos de su cinturón metropolitano, acabó en Algeciras.
Piloto del Ejército del Aire, llegó hasta comandante. Es, además, doctor en Filología Hispánico y fue profesor honorario de la Universidad de Málaga, además de editor.
«No me renovaron el contrato de alquiler en 2025. Yo vivía encima de un negocio, cerró y lo cogió otro. Me hicieron la vida imposible, puse varias denuncias por ruido a altas horas de la noche y, en alguna ocasión, incluso el Ayuntamiento cerró el local hostelero. Me echaron», asegura.
«Me pilló un momento económicamente débil y me tuve que ir de Málaga porque no encontré nada aquí. Por un zulo en calle Álamos llegaron a pedirme 900 euros», precisa. Lo avisaron cuatro meses antes del fin del contrato. «Estuve mirando en los pueblos, en Archidona, Antequera y Villanueva del Trabuco: ahí sí encontré cosas de mi poder adquisitivo, aunque estaban muy lejos de Málaga y peor comunicados que Algeciras. Pregunté por Cártama y Álora, pero me dijeron que por debajo de 800 euros no encontraría nada en la zona», recalca.
Él busca larga temporada y tiene una pensión de jubilado, parte de la cual emplea en su editorial Azimut. En Algeciras lleva año y medio pagando 525 euros y ahora ha encontrado un piso en la zona de playa por 600. «Verse en la calle fue duro, llevo media vida viviendo en Málaga. Es injusto», concluye.
José Antonio Pinto Víctima de inquiokupas
«No me pagan el aquiler de mi piso desde hace tres años y medio»
José Carlos GarcíaUn alquiler a un precio asequible, tres años y medio de impagos y unas hijas que no pueden emanciparse. El caso de José Antonio Pinto, de Torremolinos, refleja una realidad: la mitad de las casas alquiladas en la provincia son de pequeños propietarios; y dos problemas del mercado inmobiliario: la inquiokupación y la lentitud de la justicia.
Pinto se convirtió en arrendador por necesidad. En 2017, él y sus dos hermanos alquilaron la vivienda de su madre, de 95 metros cuadrados, con cuatro habitaciones y a unos cientos de metros del Ayuntamiento, por 600 euros para costear los más de 2.000 euros mensuales de su residencia. En marzo de 2021, tras la marcha de la primera inquilina, volvieron a arrendarla por 650 euros a una pareja que superó el filtro de solvencia de la inmobiliaria. «El precio estaba ya por debajo del mercado, pero no queríamos especular», apunta.
Sin embargo, a los dos años la pareja se separó y lleva ya tres años y medio sin pagar ni un euro. El primer año lo cubrió el seguro de impago, pero desde entonces todo son gastos, incluidos el recibo de la luz, que ha llegado a ser de más de 200 euros, y hasta reparaciones, que han realizado para evitar denuncias. «Al final, eres tú el que tiene miedo de los inquilinos», asegura.
El juzgado ha iniciado ya dos procesos de lanzamiento, pero ambos se paralizaron por errores en la citación. Durante esta espera, la madre ha fallecido y las dos hijas de José Antonio, de 33 y 28 años, continúan viviendo en su casa pese a tener trabajo. «Con sus sueldos y los precios actuales les resulta imposible emanciparse, a pesar de que ambas tienen pareja y también trabajan». La paradoja es absoluta: una casa alquilada a un precio asequible que no perciben, mientras el precio de la vivienda impide a sus hijas independizarse. Cuando termine de una vez este «calvario», la casa no volverá al mercado del alquiler: sus hijas la necesitan.
Susana Jiménez A la espera de un desahucio con cuatro hijos
«Cuando te sales del sistema establecido, ya no tienes alternativa»
José Rodríguez Cámara«Tenía un buen trabajo y un sueldo digno», relata Susana María Jiménez Castillo. En 2021, tras una separación, decidió buscar otra vivienda junto a sus cuatro hijos, dos de ellos, menores con necesidades especiales. Lo logró, pero impagos de la manutención y problemas de salud y laborales se combinaron para trastocar su economía. Con ahorros y acuerdos con su casero, logro hacer frente al alquiler, a pesar de que sus recursos terminaron por reducirse al Ingreso Mínimo Vital.
Así llegó 2025: «Pensaba que tiraba, pero no y opté por dejar de pagar la casa para poder asumir el resto de gastos». Con la constatación de que era una quimera encontrar otro hogar en el mercado libre, buscó auxilio en organizaciones como Cáritas y en los servicios sociales de su municipio, Alhaurín de la Torre. Ha logrado inscribirse como demandante de una vivienda de protección oficial; pero no sortea su problema principal: no sabe el tiempo que podrá seguir en su actual techo. Su desahucio estaba programado para finales del año pasado.
«El juez preguntó si había una alternativa habitacional pública, pero no la hay. Desde entonces, silencio administrativo, un limbo». «Al solicitar una VPO donde estoy empadronada, no puedo optar a las viviendas públicas de otros sitios, donde me piden un tiempo de residencia mínimo, por lo que estoy obligada a esperar a que construyan más, pero no llegan», describe, para zanjar: «Cuando te sales del sistema establecido para la vivienda no tienes alternativa».
La solución no es otra, a su juicio, que levantar más vivienda pública y que sea alquilada o arrendada con opción a compra y precios asequibles, pero, para ello hay que ponérselo fácil a las constructoras. «¿Por qué para una promoción de VPO no se presentan empresas y para un aparcamiento lo hacen doce? Es que no les salen las cuentas».
María José Martínez Desahuciada tras divorciarse
«Vivo con mi hijo en una habitación de un piso compartido, sin cocina ni lavadora»
Susana ZamoraCuando María José Martínez, 53 años, se divorció hace ocho años, con un hijo que entonces tenía ocho, la vivienda se convirtió en un problema. Sin apoyo familiar para conciliar, dejó de trabajar y, cuando se puso en marcha, comenzó a cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), inicialmente algo más de 500 euros. Madre e hijo continuaron en la casa familiar de Santa Rosalía-Maqueda, pero el inmueble figuraba a nombre de la abuela paterna. Tres años después de la ruptura comenzó el procedimiento para desalojarlos.
El desahucio llegó el pasado 26 de mayo. Para entonces María José cobraba 776 euros de IMV y tenía aprobada una ayuda del Instituto Municipal de la Vivienda: 550 euros para alquileres de hasta 800, que se abonan directamente al propietario y se reducen un 10% cada seis meses. Ni siquiera así encontró casa. Sin contrato laboral, le exigían nóminas de al menos 1.400 euros y tampoco consideraban el IMV un ingreso estable. A eso se sumaba, asegura, ser una familia monoparental vulnerable con un menor.
Una semana antes del lanzamiento encontró una habitación en Campanillas por 600 euros. Servicios Sociales le concedió 2.000 euros, con los que pudo afrontar los tres primeros meses; desde entonces los paga ella. Madre e hijo comparten el dormitorio, pero no tienen ni cocina ni lavadora en la vivienda. El adolescente acaba de empezar Bachillerato y no dispone de espacio propio para estudiar.
Asegura que esta situación pasa también por recuperar su vida laboral. En 2025 realizó, a través de Arrabal-AID y del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo del SAE, tres meses de prácticas en una empresa del PTA. Este año participó también en 'Málaga No Caduca', otra iniciativa de inserción sociolaboral impulsada por la Diputación y ejecutada por Arrabal-AID y Upsocial. Ahora ha conseguido un contrato indefinido como camarera y cobra 1.200 euros. «He movido cielo y tierra para sacar a mi hijo adelante y que no me retiraran la custodia», resume. El objetivo sigue siendo el mismo: encontrar una vivienda para ella y su hijo.
Lucía Bueno Se emancipó pero no podía pagar el alquiler
«Sentí vergüenza al tener que volver a casa de mis padres»
Susana ZamoraVolver a la habitación de casa de sus padres después de cuatro años viviendo fuera fue para Lucía Bueno (Málaga, 1998) mucho más que una mudanza. Tenía trabajo, formación (Graduada en un doble grado bilingüe en Economía y Administración de Empresas por la UMA) y llevaba tiempo emancipada, pero no oculta que sintió «vergüenza» y que tuvo la sensación de estar dando «un paso atrás». Con un sueldo de 1.300 euros mensuales, estaba segura que mantenerse de alquiler en Málaga junto a su amiga Laura Forés (Málaga, 1998) era posible. Sin embargo, ahorrar para construir un futuro fue prácticamente imposible.
Las dos pagaban 900 euros al mes por un piso en Puerto de la Torre, más suministros y otros gastos. Y solo entrar ya había exigido un importante esfuerzo: tuvieron que desembolsar 3.600 euros de golpe entre dos meses de fianza (1.800); el mes en curso (900), y otros 900 de honorarios de inmobiliaria. Cuando el contrato terminó, en agosto de 2025, las cuentas pesaron más que el deseo de seguir independizadas y ambas se vieron obligadas a regresar a casa de sus padres.
A sus 27 años, Lucía volvió a Torre de Benagalbón. Allí permaneció con su familia medio año, reduciendo gastos y ahorrando para volver a salir de nido. Entretanto cambiaron sus circunstancias. Esta vez, a mejor. Tras superar el periodo de prueba en Unicaja y convertirse en empleada, pudo acceder a condiciones más favorables para solicitar una hipoteca. Su relación de pareja también se había consolidado y decidieron buscar casa juntos.
Con los ahorros de ambos y la ayuda de sus familias compraron una vivienda en Añoreta. Ahora pagan unos 950 euros mensuales de hipoteca entre los dos. «Con los precios que hay ahora en Málaga nos sale más barato que un alquiler». Por su parte, su amiga Laura (es graduada en Química y trabaja como técnica de laboratorio) también ha conseguido volver a independizarse y prueba otra vez como inquilina. Después de 10 meses ahorrando en casa de sus padres, se le cruzó una «oportunidad»: «No podía dejarla escapar tal y como está el mercado». Paga 300 euros al mes por una habitación en un piso compartido con otras dos personas en Teatinos. «Prefería pagar un alquiler en Málaga antes que comprar en la provincia. No es propiedad ni vivo sola, pero al menos estoy cerca del trabajo y tengo un buen casero», resume conforme.
Elena Rivero Separada y con una hija con discapacidad
«Si no encuentro nada, tendré que volver con mis padres»
Julio J. PortabalesElena Rivero lleva desde mayo buscando una vivienda de alquiler en Cártama sin conseguir cerrar ninguna operación. Su situación arranca mucho antes. Se separó hace casi quince años y, al quedarse con la custodia de sus hijos, permaneció en la vivienda familiar. Según relata, durante años asumió parte de una hipoteca que terminó acumulando problemas de pago hasta que el inmueble salió a subasta y fue adquirido por un fondo de inversión.
Desde que supo que tendría que abandonar la casa comenzó una búsqueda que se ha convertido en una carrera contrarreloj. Vive en una pedanía de Cártama y busca principalmente en Estación de Cártama y Cártama pueblo. Málaga capital, reconoce, ni siquiera entra ya en sus posibilidades. «Me la tengo que quitar de la cabeza porque es imposible, pero Cártama está casi igual».
Necesita una vivienda de dos dormitorios y asegura encontrarse alquileres de entre 800 y 1.000 euros mensuales. Desde mayo ha visitado «diez o doce pisos», pero ninguno ha acabado siendo suyo. Entre su nómina y la de uno de sus hijos dispondrían de unos 2.000 euros al mes, aunque afirma que no logran superar los seguros de impago que exigen algunas inmobiliarias.
La distancia limita todavía más sus opciones. Su trabajo está en Málaga y su hija, que tiene discapacidad, acude también a un centro de día en la capital, por lo que mudarse a municipios más alejados complicaría su rutina diaria.
Elena daba por hecho que tendría que marcharse de su casa. Lo que no esperaba era encontrarse tantas barreras para alquilar otra. «Pensaba que iba a ser mucho más fácil», reconoce. Y el tiempo apremia: «Si no encuentro nada, tendré que volver con mis padres», explica. La otra posibilidad sería recurrir a su pareja. «Con mi hija no me puedo quedar en la calle».
comentarios Reportar un error