Todos los consejeros de Hacienda de las comunidades en las que gobierna el Partido Popular han remitido una carta al ministro Arcadi España para que aplace a septiembre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles sobre la aprobación del nuevo modelo de financiación. Según la misiva a la que ha tenido acceso EL MUNDO, once consejeros autonómicos y sus homólogos de Ceuta y Melilla exigen postergar el encuentro, "hasta por lo menos el mes de septiembre y, siempre que concurran las condiciones mínimas de información y de plazo, que una decisión de esta trascendencia exige".
Recuerdan que lo que intenta someter a votación el día 29 el ministro de Hacienda "no es, en realidad, sino el fruto de un pacto bilateral con ERC". En su opinión, falta transparencia y "este proceder ha viciado por completo el proceso".
"Un modelo pactado con una sola parte y a espaldas de todas las demás no puede pretender aprobarse ahora de forma apresurada, con un calendario que impide siquiera su examen. Creemos que esta forma de proceder quiebra el derecho a un trato igual, que reconocen la LOFCA y la propia Constitución Española, a todas las CCAA", suscriben. El ministro pretende aprobar el nuevo sistema con el único apoyo de la Generalitat de Cataluña si es necesario en la reunión del día 29.
El Ministerio envió un borrador hace veinte días y organizó una única reunión técnica el pasado día 14, pero es insuficiente, según la carta que firman, entre otros, la consejera de Hacienda de Madrid, Rocío Albert, de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo y de la Comunidad Valenciana, José Antonio Rovira, particularmente afectados por lo incendios, pero también sus homólogos de la Junta de Andalucía, Carolina España, la de Murcia, María Isabel López o de Galicia, Miguel Corgos, entre otros.
"En primer lugar, las Comunidades Autónomas firmantes seguimos sin disponer de la información imprescindible para analizar en profundidad la propuesta. Aunque en los últimos días se nos han remitido un nuevo borrador del Acuerdo, las actas y unos primeros cálculos referidos a cada Comunidad, continúan sin facilitarse las simulaciones completas y homogéneas que permitan verificar el impacto del modelo en el conjunto de las Comunidades Autónomas, así como la memoria de cálculo del reparto", recalcan.
"En segundo lugar, el pasado 14 de julio se reunió el Comité Técnico Permanente de Evaluación y, a resultas de dicha sesión, las Comunidades Autónomas han formulado un elevado número de observaciones. Muchas de forma precipitada la pasada semana ante el anuncio de esta convocatoria. La documentación completa de la reunión no se ha trasladado hasta el 24 de julio, apenas tres días hábiles antes de su celebración. Son observaciones de calado, que afectan a elementos estructurales del modelo —la población ajustada, los criterios de nivelación, los fondos específicos o la gradualidad en su aplicación—, cuyo estudio detallado y ponderado no puede completarse en el plazo disponible", protestan.
Ven también imprescindible que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se pronuncie sobre el encaje en las cuentas públicas de la promesa del Gobierno central de aportar 21.000 millones anuales al sistema para cuadrar el nuevo modelo. La anterior titular de la AIReF, Cristina Herrero, puso en duda que fuera factible ese esfuerzo.
"Las Comunidades Autónomas firmantes no rehúyen la reforma del sistema de financiación; al contrario, la reclaman. Pero una reforma de esta envergadura ha de abordarse con todas las Comunidades, con la información completa y con el tiempo indispensable para su estudio, y no puede resolverse sobre unas premisas y unos plazos que lo impiden", concluyen la misiva al ministro de Hacienda.