El Gobierno efectuará el próximo mes el primer desembolso del Plan de Vivienda hasta 2030, con el foco puesto en la construcción de vivienda pública, la rehabilitación y las ayudas. Las comunidades deberán abonar un mínimo de 2.800 millones en cinco años, el 40% del total
El Plan Estatal de Vivienda aprobado por el Gobierno a mediados de abril echará a andar el próximo mes, mediante un desembolso inicial de 800 millones de euros para las comunidades autónomas, el 19% de los 4.200 millones que recibirán del Estado hasta 2030 para poner en marcha medidas relacionadas con la construcción de vivienda pública protegida; la rehabilitación del parque residencial existente; y ayudas directas para facilitar el acceso al techo a determinados colectivos, como el de los jóvenes.
Las comunidades autónomas ratificaron ayer su visto bueno a la financiación del Plan en una nueva Conferencia Sectorial de Vivienda. Ello, a pesar de las reticencias mostradas por algunas administraciones regionales -sobre todo, las gobernadas por el PP-, algunas de las cuales no descartan recurrir ante el Tribunal Supremo el modelo planteado por el Gobierno pese a su sí inicial, que les exige aportar 2.800 millones de euros, el 40% de los 7.000 millones presupuestados en el próximo lustro.
El texto aprobado por el Consejo de Ministros a mediados de abril y aceptado por la Conferencia Sectorial de Vivienda a finales de mayo recoge la puesta en marcha de diferentes medidas para hacer frente a la crisis de vivienda hasta 2030 alrededor de tres ejes. En primer lugar, el 40% de los fondos proyectados se dedicarían a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), las cuales, además, contarían con una "cláusula antifraude" para tratar de mejorar la transparencia en la adjudicación de las obras.
En paralelo, el 30% de la aportación conjunta entre el Estado y las comunidades autónomas, 2.100 millones de euros, irán destinados a otorgar ayudas a la rehabilitación del parque actual en materias como la accesibilidad o la eficiencia energética. Según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que lidera Isabel Rodríguez, estas subvenciones permitirán reducir un 30% el consumo en hasta 260.000 viviendas.
Por último, el 30% restante servirá para incrementar las ayudas directas para la compra o el alquiler de vivienda de determinados colectivos, como los jóvenes, los hogares vulnerables o las mujeres víctimas de violencia de género.
Por territorios, Andalucía, la Comunidad de Madrid y Cataluña serán las regiones que más invertirán en los próximos cinco años, con un total de 1.197 millones; 1.113 millones; y 1.015 millones, respectivamente. En el lado opuesto, La Rioja (119 millones); Baleares (168 millones); y Extremadura (210 millones) serán las que menos fondos destinarán al Plan Estatal.
Los 800 millones que el Gobierno transferirá a las CCAA en julio se repartirán en la misma proporción, con partidas que van desde los 136,8 millones para Andalucía hasta los 13,6 millones que recibirá La Rioja.
Fuentes oficiales confirman que, a partir de aquí, serán las propias comunidades las que tendrán que ir poniendo en marcha sus propias iniciativas -bajo las directrices del Plan Estatal de Vivienda-, aportando un mínimo del 40% del total presupuestado, que podría ser incluso mayor si así se decide motu proprio.
Críticas al Plan de Vivienda
La estrategia planteada por el Gobierno para aliviar la crisis de vivienda ha nacido rodeado del escepticismo de los agentes implicados y de los especialistas del sector inmobiliario.
Ayer mismo, el Consejo de la Juventud de España y sus respectivos órganos autonómicos pidieron a las comunidades que actúen ante la crisis habitacional. "Sin coordinación autonómica, el Plan de Vivienda será insuficiente", afirmaron en un comunicado conjunto, reclamando participar en el desarrollo, seguimiento y evaluación de las medidas que pongan en marcha las administraciones autonómicas tras la recepción del primer pago. Según consideran, la falta de coordinación entre las CCAA podría comprometer la eficacia del Plan.
En paralelo, numerosas voces consideran que los fondos presupuestados son insuficientes para solucionar el déficit de viviendas, que podría alcanzar el millón de unidades este mismo año. Por ello, desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) reclaman la necesidad de poner en marcha otras medidas, como "habilitar suelo para la construcción" ante el gran desequilibrio existente en la oferta.
En la misma línea, la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) valora que el impacto del Plan "será limitado" si no se refuerza aún más el presupuesto; una tesis que comparten desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, tachando de "ridículo" el presupuesto planteado.
Para poner solución a esta cuestión, la entidad que agrupa a los ayuntamientos, cabildos y consejos insulares de todo el país, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), lleva tiempo reclamando al Gobierno el desbloqueo de 23.000 millones de euros procedentes de su propio remanente de tesorería acumulado en los últimos años para poner en marcha iniciativas enfocadas en el aumento de la oferta de vivienda.
La cifra planteada más que triplicaría los fondos proyectados en el Plan de Vivienda, y es más de siete veces superior a la partida que el Ejecutivo autorizó a reinvertir a los entes locales con superávit en Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), de 3.168 millones de euros.
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