La exdirectora de la AEAT, este lunes en el Senado. EP
Editorial EL RUGIDO DEL LEÓN Las dos caras de Hacienda: implacable con el ciudadano, laxa con el poder Publicada 14 julio 2026 01:49hEl reconocimiento por parte de la exdirectora de la Agencia Tributaria de que fallaron los controles en el caso deJulito Martínez ha acabado de desnudar la politización del organismo y la fractura que existe en su seno.
Soledad Fernández, en sintonía con la versión oficial del Gobierno, ha insistido en negar este lunes ante la comisión de investigación del Senado que su salida de la AEAT se deba a "ninguna crisis".
Pero resulta imposible desvincular su renuncia de la guerra interna que arrastra el ente público. Uno de cuyos frentes radica, precisamente, en las protestas de los funcionarios ante la inacción de la Agencia en las investigaciones judiciales por casos de corrupción política.
En concreto, los trabajadores de la AEAT no han ocultado su malestar a propósito de la falta de proactividad del organismo en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero.
La AEAT tardó casi tres semanas en personarse en el procedimiento desde que el juez Calama abrió la pieza separada por las joyas del expresidente. Y sólo lo hizo tras el ofrecimiento formal del propio juez instructor de actuar como "potencial perjudicada".
De hecho, hubo que esperar a que se conociera que Fernández abandonaba la AEAT para que Hacienda se decidiera a presentarse en la investigación a Zapatero por presunto delito fiscal y de contrabando, tras hallarse en su despacho unas joyas de origen desconocido y con una situación tributaria sin justificar.
La directora saliente de la Agencia se ha escudado en que se actuó "conforme a los plazos" convenientes a la hora de ordenar una inspección fiscal al expresidente, aunque Hacienda empezó a investigar las rentas de Zapatero y su familia un mes después del registro en su despacho.
Llama la atención que la Agencia tuviera que esperar a la intervención judicial para poner en marcha las pesquisas, cuando hace meses que se vienen conociendo informaciones sobre las posibles irregularidades fiscales cometidas por Zapatero.
Y aún más sorprendente es la tardanza en la apertura de la investigación a Julio Julito Martínez, a la vista de que el socio de Zapatero no presentó la declaración de la renta entre 2020 y 2023.
La exdirectora de la AEAT ha reconocido que, estando en posesión de esos datos, la infracción "debería haber saltado en nuestros mecanismos", admitiendo que no haber iniciado una investigación "ha sido un error que lamento profundamente".
Fuentes de la AEAT han confesado a EL ESPAÑOL su estupor ante ese fallo.
Habida cuenta de que el plan de inspección se realiza anualmente, si la defraudación de los más de 50.000 de remuneración que percibía Martínez como consultor no hizo saltar las alertas de la Agencia Tributaria durante cuatro años, sólo cabe deducir, en efecto, que alguien "lo ha tachado de la lista".
Salta a la vista el doble rasero de Hacienda cuando se compara esta laxitud en la supervisión con el implacable escrutinio del que es objeto hasta el último céntimo del ciudadano medio.
Si el español de a pie comete un mínimo error en su declaración, el sistema emite un requerimiento automático e inmediato. Pero la Agencia Tributaria arrastró los pies en la investigación de las anomalías en los ingresos de Zapatero y Martínez.
Hacienda se muestra de todo menos comprensiva con el contribuyente común, que soporta un esfuerzo fiscal desaforado. Si detecta un incremento patrimonial no justificado, es considerado culpable de fraude de forma indiciaria hasta que demuestre el origen lícito de ese dinero.
En cambio, Hacienda ha reclamado la subsanación de las irregularidades patrimoniales de los dos protagonistas del caso Plus Ultra a remolque de las investigaciones judiciales y policiales.
El contraste entre el celo implacable de la Agencia Tributaria con el contribuyente ordinario y la dilación y la pasividad mostrada ante casos como el de Zapatero, o el del hermano de Pedro Sánchez, devuelve la imagen de una Hacienda a dos velocidades.
La cautela ejercitada ante los casos con trascendencia política o que involucran a altos cargos refuerza las sospechas de que un organismo que debería funcionar de forma independiente y neutral se muestra sensible a las presiones del poder.
Y ello hace que resulte difícil apartar una sensación de agravio comparativo que socava la igualdad ante la ley sobre la que descansa la legitimidad del sistema tributario.