La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana llevaba meses acechando a Carlos Mazón, hasta que este martes dio finalmente el paso de pedir su imputación al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por los delitos de homicidio y lesiones imprudentes. El ex presidente de la Generalitat, que dimitió asediado por la presión política y social tras el funeral de Estado por las víctimas de la dana, mantuvo sin embargo su acta de diputado. Su aforamiento es el que le ha permitido hasta ahora permanecer al margen de la instrucción judicial, cuyo foco quiso esquivar cuando reconoció públicamente que llegó tarde a la reunión de la emergencia.
Su nombre, sin embargo, ha sobrevolado toda la instrucción. La decisión de la Audiencia de Valencia de citar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana, con la que comió en el Ventorro, abrió la puerta a la citación como testigos de todo el entorno más próximo al ex presidente. Y a Mazón le atribuye ahora la jueza la responsabilidad de las 230 muertes el 29 de octubre de 2024 por su «grosera negligencia»: «Su permanencia, absolutamente pasiva, durante cerca de cinco horas en el reservado de un restaurante probarían una presunta grosera negligencia con una grave resultado mortal».
Así lo señala Nuria Ruiz Tobarra en la exposición razonada que ha elevado al TSJ. En el escrito, de 109 páginas, la magistrada se refiere a la «responsabilidad penal» y «compartida» entre Mazón y los otros dos investigados en la causa: la ex consejera de Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.
Según la jueza, tres son los motivos que justifican que se investigue al ex presidente, al que culpa de la descoordinación en la gestión de la emergencia y de la lentitud en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque Mazón pasó buena parte de la tarde -en las horas más críticas de la dana- en el Ventorro. Y, a juicio de la jueza, Pradas tenía el mando único de la emergencia, pero Mazón «asumía la dirección de facto».
Así, el primer elemento de negligencia que atribuye al ex presidente es «la minimización pública e ilógica de la gravedad de la emergencia». Y el segundo, «la situación de ajenidad» que le llevó a permanecer en el Ventorro durante horas. «Desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat, de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante», critica la jueza, para quien el Ventorro «no es ni la sede de un despacho oficial ni un lugar de gestión de una emergencia».
En tercer lugar, apunta a la «pasividad» de Mazón, que incluso respondió a Pradas con un «cojonudo» cuando la entonces consejera le informa sobre las medidas que se habían tomado tras la declaración de la alerta en el barranco del Poyo.
Ahora bien, la jueza señala incluso la «eventual participación» de Mazón en el envío del ES-Alert, una cuestión clave sobre la que ha pivotado toda la instrucción y de cuyo retraso se desvinculó el ex presidente. Pero, según la magistrada, no pueden obviarse las «órdenes» que dio su entonces jefe de gabinete a la consejera Pradas.
«Salo, de confinar nada», le escribió a Pradas por WhatsAppJosé Manuel Cuenca minutos antes del ES-Alert. El hoy asesor de Mazón en su oficina de ex presidente negó ser el intermediario del presidente, algo que la jueza no se cree: «La posibilidad de que el president fuera ajeno a las órdenes expresadas por su jefe de gabinete resulta ilógico». «Pero esa hipótesis, absolutamente improbable, nos sitúa igualmente en un escenario de absoluto descontrol», sentencia la jueza.