Las víctimas del grave accidente ferroviario en el municipio cordobés de Adamuz, en el que murieron 46 personas y más de un centenar resultaron heridas, se han dirigido a Europa para reclamar una "intervención urgente" en la red ferroviaria española ante la pasividad del Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, para resolver las graves deficiencias descubiertas en el transporte por tren tras el siniestro.
En un escrito difundido este martes, la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento en Adamuz ha informado de la denuncia administrativa que acaba de interponer ante la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) sobre el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba). El siniestro se produjo cuando un Iryo procedente de Málaga descarrilló y arrolló a un tren Alvia de Renfe que iba en sentido contrario: de Madrid a Huelva. Las primeras investigaciones apuntan a un fallo en la soldadura de la vía.
El escrito elevado a Europa advierte de que el sistema ferroviario español acumula "más de cien roturas de vía al año" e incluye, además, los informes de la Policía Judicial y de Criminalística de la Guardia Civil que acreditan cómo el carril siniestrado presentaba una "rotura franca desde bastantes horas antes del impacto".
La asociación de las víctimas de Adamuz, representada por Antonio Benítez Ostos, socio y director de Administrativando Abogados, se suma con este escrito a los requerimientos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en los que denuncia "una deficiencia estructural" en el sistema actual que "no alerta en tiempo real de la rotura de una vía".
En su escrito ante la Agencia Ferroviaria de la UE, las víctimas de Adamuz se hacen eco también de los avisos del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF), que ya alertó sobre la "inestabilidad" en la rodadura, con "oscilaciones anómalas en los trenes a velocidades cercanas a los 280 kilómetros por hora"; la presencia de "baches, deformaciones geométricas y desgaste ondulatorio en los rieles" y el "sobrepeso" en las vías, con "degradación acelerada de la red por la entrada de operadores de bajo coste con ejes más pesados".
"Desde que se produjo el accidente, esta parte no tiene constancia de que ADIF, la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria (AESF) ni tampoco el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible hayan llevado a cabo ningún tipo de medida urgente y efectiva, más allá de rebajar temporalmente la velocidad, tendente a paliar las anteriores anomalías y deficiencias", advierte en su escrito la asociación de víctimas de Adamuz, que considera que la red ferroviaria actual sufre "deficiencias que comprometen los estándares mínimos de seguridad operativa".
Meses atrás, esta asociación ya elevó escritos ante ADIF, la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria y al ministro Óscar Puente en los que solicitaban formalmente que se decretara de "manera inmediata" la interrupción temporal del tráfico ferroviario en España "hasta que se emita la certificación técnica pertinente que garantice la plena seguridad y fiabilidad del sistema, debiéndose adoptar la totalidad de actuaciones necesarias".
Sin embargo, "y pese al tiempo transcurrido desde el requerimiento del 7 de julio", la asociación no ha recibido respuesta alguna de estos tres organismos, por lo que pide a la agencia europea que intervenga y "audite" la gestión que están llevando a cabo las autoridades españolas para "garantizar la seguridad del sistema ferroviario español y, con ello, garantizar que sea un medio de transporte completamente fiable que evite cualquier otro siniestro".
El abogado Benítez Ostos, portavoz jurídico de la asociación, ha expresado su "absoluta preocupación" ante el hecho de que, en poco más de una década, España haya sufrido "los dos peores accidentes ferroviarios de la democracia" (Angrois en 2013 y Adamuz en 2026), que evidencia, presuntamente, que las medidas actuales son del "todo insuficientes" para garantizar la seguridad de los pasajeros.