Su defensa sostiene que la UCO la arrestó sin autorización judicial suficiente y reclama invalidar registros, dispositivos incautados y diligencias posteriores
Regala esta noticia Añádenos en Google Leire Diez. (Efe)Melchor Sáiz-Pardo y Javier Arias Lomo
06/07/2026 Actualizado a las 13:26h.Leire Díez quiere acabar con la causa contra las supuestas 'cloacas' de Ferraz. La 'fontanera' ha pedido directamente a Santiago Pedraz que anule todo este ... procedimiento al considerar que su detención el 10 de diciembre de 2025 -y en la que se incautó buena parte del material que fundamenta ahora el caso- fue «completamente desproporcionada, injustificada y no ponderada» en relación con sus derechos fundamentales. La defensa de la exmilitante socialista sostiene que aquella actuación vulneró su derecho a la libertad, recogido en el artículo 17 de la Constitución, y que todo lo derivado de ese arresto debe ser declarado nulo: la incautación de dispositivos, los registros, los volcados de información y las diligencias posteriores apoyadas en ese material.
«No existía el más mínimo indicio de que no comparecería ante la autoridad judicial o se fugaría», sostiene el escrito. La defensa recuerda que Díez tenía domicilio conocido en España, era un personaje público y ni siquiera sabía que estaba siendo investigada o que se iba a dirigir un procedimiento contra ella. El arresto, añade, se produjo de manera sorpresiva, «en plena vía pública al mediodía», sin delito flagrante y cuando la causa de la que se extrajeron los supuestos indicios llevaba abierta un año sin que antes se hubiera considerado necesaria su detención.
El recurso carga también contra la falta de concreción de los hechos atribuidos entonces a Díez. Su defensa afirma que eran «puramente genéricos» y que no se acompañaron de un relato fáctico concreto que permitiera concluir con precisión una intervención delictiva. La detención, según esa tesis, se apoyó solo en su supuesta participación en un grupo que habría tratado de influir en cargos públicos para orientar expedientes de la Administración en beneficio propio o de terceros y percibir comisiones canalizadas a través de Mediaciones Martínez SL.
Ese bloque apunta al núcleo inicial del caso Hirurok: las relaciones entre Vicente Fernández, Antxon Alonso, Leire Díez y otros investigados en torno a expedientes públicos, empresas del ecosistema SEPI y presuntas comisiones. El sumario creció después hacia otra línea: las maniobras atribuidas a la red para desestabilizar procedimientos judiciales y policiales que afectaban al PSOE, al Gobierno y al entorno del presidente.
Díez aparece en esa segunda derivada como una de las piezas centrales de los contactos con investigados, abogados y empresarios para recabar material contra mandos de la UCO, fiscales y otros operadores judiciales. En la causa constan reuniones con Jacobo Teijelo, luego abogado de Santos Cerdán, conversaciones sobre la Fiscalía General del Estado y mensajes vinculados a la estrategia contra la unidad que investigaba Koldo, Hidrocarburos, Begoña Gómez o David Sánchez.
La defensa intenta ahora atacar la causa desde su origen. Si la detención fue nula, sostiene, también lo son las actuaciones posteriores que nacieron de ella. El escrito pide invalidar la incautación del teléfono móvil, archivos, agendas, libretas, ordenadores, documentos y otros efectos intervenidos tanto en poder de Díez y en su vehículo como en los registros practicados en varios domicilios.
El recurso denuncia además que el acceso y volcado de información de los dispositivos electrónicos y físicos se realizó sin autorización judicial suficiente y de forma «masiva e indiscriminada». La defensa sostiene que esa actuación afectó incluso a comunicaciones privadas y familiares y vulneró el secreto de las comunicaciones. La nulidad, a su juicio, debe alcanzar a cualquier diligencia policial o resolución judicial basada en los datos extraídos de esos dispositivos.
La ofensiva procesal de Leire Díez coincide con otros recursos de personas afectadas por incautaciones en la misma causa. Dos trabajadoras del PSOE han recurrido también la decisión de Pedraz de no anular la intervención de sus teléfonos móviles.
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