Juanfran Pérez Llorca exhibe la información de EL ESPAÑOL en Les Corts Valencianes. José Cuéllar / Corts
Comunitat Llorca lleva a Fiscalía 13 M€ en adjudicaciones de Ximo Puig en pandemia: "Se contrataron porque Zapatero dio la orden""Todos los expedientes se van a trasladar a la Fiscalía y a la causa que se investiga en Madrid para que nos digan si hay trama valenciana o no la hay"
Más información: La empresa a la que Ximo Puig adjudicó 13 M€ en pandemia se asoció justo después con la del chavista que pagaba a Zapatero
Leer en CastellanoDani Valero Valencia Publicada 17 junio 2026 13:36hEl presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, anunció este miércoles que llevará a la Fiscalía cuatro adjudicaciones por 13 millones de euros que el Ejecutivo de Ximo Puig realizó en pandemia a la empresa IDAT. "Se contrataron porque Zapatero dio la orden", aseveró
"Ha salido hoy en los medios de comunicación. La empresa a la que Ximo Puig adjudicó los 13 millones de euros en pandemia se asoció con la del chavista que pagaba a Zapatero. Además, hemos sabido por los medios que el dueño de las carpas sanitarias de Ximo Puig vació la empresa tras el pelotazo de la Covid-19".
En estos términos se pronunció el presidente autonómico sobre la información revelada por EL ESPAÑOL en una respuesta al portavoz socialista, José Muñoz, durante la sesión de control de Les Corts Valencianes.
Zapatero se niega a hablar sobre las joyas y admite que cobró 500.000 euros por informes con contratos verbales"Lo que queda evidente, señor Muñoz, es que los hospitales de campaña, que no servían para nada, se contrataron porque Zapatero dio la orden. Por lo tanto, yo les quiero anunciar, con mucha seriedad y con mucho rigor, que todos los expedientes se van a trasladar a la Fiscalía", dijo.
Añadió al respecto que "se van a trasladar a la causa que se investiga en Madrid, para que nos digan si hay trama valenciana o si no hay trama valenciana también con el tema de los hospitales".
"Señorías, ahora ya entiendo por qué a Zapatero solo le defienden tres personas: su abogado, el señor José Muñoz, y Diana Morant. Ahora ya lo entiendo", zanjó Pérez Llorca.
Como informó este miércoles este periódico, IDAT, la empresa a la que Ximo Puig adjudicó 13 millones de euros en pandemia mediante cuatro contratos de la Generalitat Valenciana, entre ellos, los de los tres hospitales de campaña levantados en pandemia, se asoció pocos meses después con la mercantil del empresario chavista Domingo Amaro, señalado ahora por supuestos pagos a Zapatero.
La conexión societaria aparece reflejada en el Registro Mercantil. La empresa que logró cuatro contratos de emergencia del Ejecutivo autonómico de PSOE y Compromís se convirtió, tras recibir las millonarias adjudicaciones, en administradora de una filial de Inteligencia Prospectiva SL, controlada por el empresario venezolano.
La cronología de los hechos es la siguiente. El 23 de marzo de 2020, cuando estalló la pandemia en España, la Generalitat Valenciana que presidía entonces Puig adjudicó el contrato para la creación de tres hospitales de campaña en Valencia, Alicante y Castellón al grupo Hispano Vema, especializado en este tipo de infraestructuras para emergencias.
En concreto, la adjudicación fue a la sociedad Ingeniería y Desarrollo de Alta Tecnología (IDAT), propiedad de Hispano Vema y constituida unos pocos meses antes, a finales de 2019, según consta en el Registro Mercantil.
La firma logró el contrato inicial para levantar los hospitales por 4,8 millones (IVA incluido) mediante un expediente de tramitación de emergencia. Es decir, sin seguir los habituales procesos de concurrencia competitiva. Esto fue justificado por la Generalitat por la emergencia sanitaria del momento. La Generalitat logró así 1.100 camas extra para la autonomía, aunque después no las usó por diferentes razones.
Tan solo tres días antes, el 20 de marzo de 2020, la misma compañía había recibido un encargo previo de la Generalitat para suministrarle mascarillas y gel hidroalcohólico por 430.000 euros. Estos dos primeros contratos fueron realizados por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) y rubricados por la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo.
Después, la misma empresa, IDAT, lograría otros dos grandes contratos, en esta ocasión de la Conselleria de Sanidad que entonces dirigía la socialista Ana Barceló. Uno por 3,5 millones el 30 de marzo y otro por 4,2 millones el 30 de abril y para el equipamiento médico de los hospitales de campaña.
El total de los cuatro contratos, todos ellos de emergencia, rondó los 13 millones de euros, unas adjudicaciones controvertidas por las numerosas deficiencias que presentó después el hospital de campaña de Valencia. Tuvo que ser desalojado por el viento y fue encharcado por una tormenta.
Infografía de Hispano Vema del hospital de campaña para Valencia. EE
Hasta aquí la información conocida hasta la fecha, difundida en los portales de contratación de la Generalitat Valenciana. Lo que no trascendió es el vaivén societario que llegaría justo a continuación.
Solo dos meses después de adjudicarse el cuarto contrato, el 29 de junio de 2020, la empresa IDAT se convirtió en administrador de otra compañía, Hispano Alaska SL -de nombre similar Hispano Vema, su propia marca comercial-. Era otra firma de reciente creación, inscrita en enero de 2020.
Es aquí donde ya aparece el empresario venezolano Domingo Arnaldo Amaro Chacón, como representante en esta nueva sociedad del administrador único de la misma: Alaska Ilimitada SL.
Para mayor enredo, se produjo a continuación un cambio en la denominación tanto de Hispano Alaska SL, que pasó a llamarse Grupo de Respuesta y Asistencia en Emergencias Sociales SL, como de Alaska Ilimitada SL, cuyo nombre mutó a Inteligencia Prospectiva SL.
Así fue como IDAT, empresa recién creada por Hispano Vema, se convirtió tras recibir las millonarias adjudicaciones del Gobierno Valenciano en administradora de una firma controlada por Domingo Amaro Chacón, el ahora señalado como presunto comisionista e intermediario que habría beneficiado de forma ilícita a Zapatero.
El auto de Calama
Inteligencia Prospectiva SL es la sociedad que aparece señalada en el auto del juez José Luis Calama, quien investiga al expresidente del Gobierno. El instructor considera que los hermanos Amaro Chacón -Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo- constituyen uno de los principales pulmones financieros venezolanos de la red que habría beneficiado a Zapatero.
Son empresarios que habrían aportado capital ligado a su actividad en el sector petrolero y lo habrían canalizado, presuntamente, hacia sociedades conectadas con el entorno del exlíder socialista.
Hijos del ingeniero Domingo Amaro Rangel, vinculado en los años 80 a proyectos de construcción e ingeniería relacionados con PDVSA, Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón reconvirtieron parte de ese legado en compañías de seguros y gestión de riesgos ligadas a la industria de los hidrocarburos, primero en Venezuela y después en España, donde acabaron acomodándose y obteniendo la nacionalidad.
Desde Madrid controlan Inteligencia Prospectiva SL (IP), una consultora con sede en el Paseo de la Habana que, sobre el papel, se dedica a la asesoría de gestión empresarial; sin embargo, IP presenta ingresos nulos o inferiores a 35.000 euros, mientras que sus gastos son "extraordinariamente elevados".
El auto la describe como una"sociedad carente de actividad real" utilizada para introducir fondos en España simulados como ampliaciones de capital y redistribuirlos hacia sociedades del entramado de Julio Martínez Martínez y del entorno de Zapatero.
"La secuencia de comunicaciones muestra que Domingo Arnaldo Amaro Chacón actúa como intermediario en operaciones internacionales, mientras que Inteligencia Prospectiva se utiliza como canal financiero para efectuar pagos a Análisis Relevante y otras sociedades del entramado", reza el auto.
En este sentido, se han identificado pagos de Inteligencia Prospectiva a Análisis Relevante SL por importe de 368.258,72 euros, así como pagos a Whathefav SL -empresa de las hijas de Zapatero- por 561.440 euros. También a la asociación GATE Center por 266.200 euros. "Todas ellas entidades vinculadas a la red organizada", según el juez.
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